Confirmaron la inhibición de bienes de Cristóbal López y sus empresas

El Tribunal de Apelaciones ratificó la medida sobre los socios y firmas del Grupo Indalo por evadir $ 800 millones.


Mientras Cristóbal López busca saldar la millonaria deuda que adquirió con la AFIP y que es motivo de investigación, para salir de la "escena mediática”, como repite en su entorno, ayer la Justicia confirmó inhibición general de bienes que alcanza al empresario kirchnerista, a su socio Fabián De Sousa y al resto de las personas jurídicas que componen el Grupo Indalo. Así lo determinó la Sala I del Tribunal de Apelaciones, luego de que la Cámara Federal porteña pasara al fuero Penal Económico la causa en la que se investiga la posible defraudación a la administración por parte de López y De Sousa, por no pagarle a la AFIP $ 8.000 millones que correspondían al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).



Cristóbal López y ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, ambos indagados en la causa por la deuda de los $ 8.000 millones.



La defensa de López, a cargo de Carlos Beraldi -abogado también de Cristina Kirchner-, pidió, sin éxito, que después de ocho meses se levante la inhibición general de bienes dispuesta por el juez Julián Ercolini quien tuvo la causa hasta que en diciembre se declaró incompetente porque se trataba "de un caso de evasión impositiva".



El fallo de los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, sostiene que "ninguno de los recurrentes ha logrado demostrar con éxito que la inhibición general de bienes le genere un perjuicio concreto, directo y actual que merituar a los fines de resolver su conservación o revocatoria".



Pese a los argumentos expuestos por Cristóbal López, entre ellos que "no hay deuda exigible” porque se encuentran sujetos a "un plan de pago”, para la Justicia los mismos no son suficientes y "no alcanzan para turbar la vigencia de la medida cuestionada" que recae sobre los dueños del Grupo Indalo y 48 firmas que son parte del holding, entre ellas Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S, ambas inquilinas de Los Sauces SA -inmobiliaria de la familia Kirchner-. Estas dos sociedades pagan por mes $ 560.000 a la ex Presidenta por el alquiler de un duplex, un piso y siete cocheras en Madero Center.




Sosteniendo que en la investigación la relación entre el patrimonio de las sociedades y el "rédito" del delito denunciado, tienen "un fuerte lazo de vinculación", Ballestero y Bruglia consideraron que no se pone en crisis el funcionamiento de la estructura empresarial, de hecho CPC SA ganó en 2016, un millonario contrato vial que el Gobierno le retiró a Lázaro Báez en Chubut. Los camaristas remarcan que "las maniobras ilícitas denunciadas se habrían canalizado justamente a través de las personas jurídicas alcanzadas por la medida impugnada".



El empresario K y su socio De Sousa son investigados por no haber pagado (durante el gobierno de Cristina Kirchner) a la AFIP $ 8.000 millones correspondientes al ITC. La principal sospecha que recayó sobre los dueños del Grupo Indalo, es que financiaron la expansión de su holding con el dinero que correspondía al ente recaudador.



Al respecto, el Tribunal consideró que las maniobras ilícitas denunciadas "se habrían canalizado justamente a través de las personas jurídicas" alcanzadas por la inhibición de bienes. Y plantearon que dichas sociedades no se ubican en la "periferia de la actividad penal examinada, resultando simples beneficiarias de sus frutos, sino en el "centro mismo del obrar criminal que se investiga".



Así es que se refieren a la "apropiación", por parte de Oil Combustibles SA – de los importes recibidos en concepto del Impuesto sobre los Combustibles por una cifra millonaria.



La causa y la resolución sobre la inhibición general de bienes, volverá a ser apelada por López en caso de quedar firme, que la causa pase al fuero Penal Económico -después que la Cámara convalidó el argumento de Ercolini cuando se declaró incompetente-. Falta la instancia de apelación, y se espera que tanto la fiscalía de Cámara como la AFIP, pidan ante Casación que la causa vuelva al fuero federal, donde el fiscal Gerardo Pollicita iba a avanzar sobre la figura de la "asociación ilícita”, lo que representa una pena mayor.



En el fuero Penal Económico, además, la jueza Verónica Straccia investiga al empresario K y a su socio por la retención indebida de aportes previsionales de empleados de Indalo, por $ 300 millones.



Mientras tanto, el empresario K busca avanzar sobre la venta de Oil Combustibles, la firma investigada. La operación con un trader suizo generaría un ingreso de más de 2.200 millones de pesos, que irían a una cuenta fiscal y se destinarían al pago de la deuda. Además, buscan acceder a una moratoria para terminar de cancelar la deuda. Para esta transacción requerirá de la autorización de la Justicia. (clarin.com)
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