Sociedad

La supresión de un derecho vital: el NO cumplimiento de la cuota alimentaria

Las sumas estipuladas como “cuota alimentaria” constituyen una obligación del/a progenitor/a y un derecho que asiste a las/os menores para cubrir sus necesidades básicas, y el no cumplimiento de la misma es considerada una vulneración de un derecho básico de las/os niñas/os y adolescentes, el primero es el de la alimentación.





"El
incumplimiento de la obligación alimentaria genera un daño moral
objetivo, el menoscabo o lesión que sufre la persona socialmente; y un
daño moral subjetivo, las angustias y aflicciones que produce esta
situación en quien la padece. La reparación del daño moral en estos
supuestos tiene un doble carácter: resarcitorio y a la vez punitorio o
ejemplificador sobre la conciencia social." (Francisco A. M. Ferrer
"Daños resarcibles en el divorcio" Abeledo Perrot en Cap. XIV Otros
daños que pueden dimanar de situaciones conexas p. 97/8)


En Santa
Cruz el primero en romper con este derecho es el gobierno provincial,
quien retiene los valores de estas cuotas a sus empleados, pero no
cumplen en tiempo y forma con el depósito de la misma, siendo estos
alrededor del día 20 de cada mes.


En el día de la fecha asistimos
a entrevistarnos con el Defensor del Menor, quien nos confirma la
irregularidad del gobierno provincial como empleador, el que no solo no
cumple con el pago en tiempo y forma de los haberes de los trabajadores,
sino que profundiza la crisis de las familias, impidiendo el cobro de
las cuotas alimentarias, al retenerlas ilegalmente.


Llama la
atención, que en estos casos de público conocimiento, el mecanismo
judicial lleve a aumentar las dificultades para que se cumpla la ley,
toda vez que en lugar de actuar de oficio, el procedimiento exigido por
fuera de todo sentido común, sea con pasos burocráticos, como lo son la
contratación de abogados, la necesidad de denunciar primero ante la
defensoría del adulto, llevando cada tramite gastos y demoras excesivas
en el camino del cumplimiento de un derecho vital.


Entendemos que
este reclamo tiene que ser de carácter colectivo, lo que nos llevó a
presentar el caso ante el abogado de la ADOSAC, entidad gremial que nos
nuclea como trabajadoras de la educación, para realizar una acción
directa resolviendo la presentación de una denuncia ante la Defensoría
del Menor, medida de emergencia que entendemos sirve de ejemplo para que
el resto de los sectores de trabajadores estatales puedan llevar
adelante, aunando las luchas por el derecho de nuestras/os niñas/os y
adolescentes.


En el día de la fecha asistimos a la negativa por
parte de los diputados oficialistas a tratar en la cámara un proyecto
que hacía mención al incumplimiento por parte del


gobierno provincial del destino de todo tipo de retención a sus agentes, entre ellos a los referidos a las cuotas alimentarias.


Cualesquiera
que sean los problemas económicos que atraviesa el estado provincial,
no pueden los mismos justificar la vulneración de los derechos de
nuestros niños, ni transformar a los menores en variable de ajuste
presupuestaria.



Ada Vivanco – Silvia Dickie - Tribuna Docente

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