Amenazar con el Código Penal a los docentes, es un acto de intolerancia y despotismo

ADOSAC considera necesario realizar una lectura política de todas y cada una de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno a instancia de la grave y larga crisis que han desatado las autoridades provinciales con este gremio, persiguiendo con la única intención de aleccionar, doblegar y condicionar a los docentes para que vuelvan a las aulas a cualquier costo, sin reclamar por sus derechos, con salarios congelados y sin ninguna posibilidad de abrir una discusión paritaria, que de hecho detestan, porque básicamente, consideran que con los trabajadores no se debe negociar, solo son sujetos de imposición.

En este marco, vemos con gran preocupación la forma en la Gobernadora Alicia Kirchner ordenó a sus funcionarios de Educación, trepar en la escalada del conflicto docente, llevando la crisis al umbral de lo insólito e increíble, toda vez que acuden a la amenaza formal y escrita de encuadrar una acción administrativa inherente a los directivos de las escuelas públicas, como es la elevación de una planilla con las ausencias docentes, en el Art 293 del Código Penal donde se expresa textualmente "Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años el que insertare o hiciere en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar de modo que pueda resultar perjuicio”.

Como gremio, debemos reconocer que en nuestra historia institucional al frente de los derechos del trabajador docente en Santa Cruz, nunca hemos visto un grado de debilidad y prepotencia tan manifiesto, una desesperación tan evidente y una incapacidad tan preocupante de un gobierno, como éste, el cual trata de resolver un conflicto con la amenaza de prisión para los Directores de escuelas sin importar en lo más mínimo establecer un diálogo que brinde soluciones concretas.

Desconocemos y dudamos que haya otro antecedentes similar en el país y por tal motivo, ADOSAC, una vez más, quiere llamar a la reflexión al gobierno y plantearle expresamente que el desequilibrio emocional, en cualquier función ejecutiva, no es buena consejera a la hora de resolver crisis delicadas y prolongadas como ésta o tomar decisiones para encontrar una solución definitiva a los problemas que nos aqueja a toda la comunidad educativa en su conjunto. Porque, le recordamos a la gobernadora, que esto ya no es un problema docente; trasciende a este gremio y es de toda la sociedad santacruceña.

Si para este gobierno no han sido suficientes las mentiras en las que ha incurrido en este año y medio, la retención ilegal de las cuotas sindicales y las cuotas alimentarias, la negativa al diálogo, el retraso indebido de haberes, el pago con topes, los descuentos brutales y arbitrarios, injustos e ilegales, las amenazas, la coacción, difamando, descalificando y ensuciando al maestro para colocarse en el papel de víctima, cuando es el único victimario, está absolutamente claro que el gobierno no tiene ninguna voluntad negociadora y concluimos que en esta instancia y valorando todas las pruebas existentes, el Código Penal tendría más aplicación y vigencia sobre los actos y actores de este gobierno, sin dudas, que en castigar a un docente, amparado constitucionalmente y respaldado por un sindicato que jamás va a permitir que los hagan víctimas de una bajeza como la propuesta en la amenaza escrita recibida por los compañeros directivos de escuelas.