Reunión entre funcionarios nacionales y comunidades originarias por la construcción de las Represas

Fue por una sentencia de 2017 que indica que se violó el Convenio internacional que obliga a consultar previamente a las comunidades originarias ante obras de gran magnitud que podrían afectarlas. Preocupación por el patrimonio arqueológico y cultural que podría desaparecer con las obras.

Se llevó a cabo el martes 27 de febrero en las instalaciones del Concejo Deliberante de Río Gallegos una reunión ordenada por el Juzgado Federal de Río Gallegos, a instancias de un proceso judicial iniciado por la comunidad Lof Fem Mapu de Puerto Santa Cruz, entre autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), EBISA (Ministerio de Energía y Minería de la Nación) y autoridades de las comunidades de pueblos mapuche y tehuelche de la provincia de Santa Cruz, a saber: Comunidad Willimapu (Caleta Olivia), comunidad Newen Mapu (Caleta Olivia), comunidad Millanahuel (Río Turbio), comunidad Lof Fem Mapu (Puerto Santa Cruz), CPI comunidad Limonao (Las Heras), comunidad Kopolque (Las Heras), comunidad Francisco Vera (Las Heras), comunidad Millaqueo (Las Heras), comunidad Kuifike Kimun (Río Gallegos), comunidad Camusu Aike (La Esperanza), grupo Originantes hacia el Sendero Ancestral (Río Gallegos), comunidad Kiñe Rakizuam (Río Gallegos).



La sentencia judicial de octubre de 2017 es a raíz de la violación por parte del estado del convenio 169 de la OIT, Ley n° 24.071, que ordena una consulta previa libre e informada a las comunidades de pueblos originarios antes del inicio de obras de gran magnitud como es la obra de las Mega Represas sobre el río Santa Cruz.



Dicha reunión fue un marco de presentación de las partes donde luego de un intenso debate se decidió la elección de representantes entre las autoridades de las comunidades allí presentes para la conformación de una mesa de diálogo destinada a decidir cómo se llevará a cabo la consulta, ya no previa, que marca el convenio de la OIT.



La dra. Lorenti intervino a pedido de las comunidades presentes haciendo un resumen del estado de la causa y aclaró que “la consulta no se circunscribe sólo a la situación de los restos arqueológicos que serián inundados sino a todo el proyecto integral de las Mega Represas”. También se hizo mención al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional que marca que “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” y en opinión de la letrada, además “la obra no debería estar en marcha ya que, según lo dictaminado por la propia justicia de la nación, dicha acción es ilegal”.



Entre otros puntos que destaca la sentencia se intima al Estado nacional a conformar una mesa de diálogo y a la UTE que construye las represas a informar periodicamente sobre el avance de las obras. 



Existe gran preocupación, sobre todo por el patrimonio arqueológico del lugar y el patrimonio cultural, que podría ser afectado. 



Durante la reunión también estuvieron presentes, en apoyo al reclamo de las comunidades, integrantes del Movimiento Patagonia Libre, del colectivo Río Vida, miembros de la Red Eco socialista y Melina Lorenti abogada patrocinante de la comunidad Lof Fem Mapu.



Fotos: Gentileza de Emmanuel Pereda y Javier Lemos.



(El Diario Nuevo Día) 


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