"Malos tiempos corren cuando hay que demostrar lo evidente"

 'Alfonso Azuara, a priori expresó, con toda vehemencia, que soy inocente de los cargos que se me imputan en sede penal', indicó Hugo W. Jara en una nota que remitió a Diario Nuevo Día.   
lunes, 9 de abril de 2018 · 14:10

"Mi condición de inocencia será ratificada en el momento procesal oportuno por las autoridades competentes, momento para el que nos reservamos el derecho de impetrar las correspondientes actuaciones por el delito de "Falsa denuncia". En uno de sus párrafos la nota periodística sostiene que "La evaluación de la psicóloga fue clave. (...)

 Para la analista, la sospecha era clara: la menor sería una víctima de abuso sexual. No había otro sospechoso que Jara mismo.

"La aseveración es FALSA. A fojas 177 del expediente IPP PP-05-00-011160-17, del Partido  de La Matanza, provincia de Buenos Aires, la propia psicóloga de la menor, cuyas generales nos reservamos por respeto, expuso en su declaración testimonial, a preguntas de la defensa, que "no puede determinar un grado de probabilidad de si existió el hecho en cuestión" y agregó además que "no puede especificar una persona en particular" como autora del supuesto hecho, del que ni siquiera puede dar fe de si ocurrió o no, (fojas 177).

Por si no bastara lo anterior, la nota de prensa, omite la declaración testimonial del médico Pedíatra, que ha atendido a la menor desde que nació hasta la actualidad, quien a fojas 230/231 del expediente en cuestión responde que "sí está capacitado para detectar en sus pacientes algún posible caso de abuso sexual", y más adelante expone categóricamente que "no advirtió nada"  que indicara que la menor hubiera sido víctima de este tipo de ataques, y respecto de los posibles síntomas de abuso que no presentaba la menor respondió que "no tenía ninguno, sacando la enuresis, que la tenía desde los 3 años y medio, que es cuando se divorcian los padres, pero después otros síntomas no he visto" (fojas 230/231).

 

En síntesis, la presente es una artimaña  impetrada por la denunciante, conducida falsa e intencionadamente por los carriles de una denuncia penal, con el fin de lograr el o objeto no obtenido y frustrado por propia decisión en instancias previas, mediante sendos convenios e intentos de negociaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas del mes de diciembre de 2016, de manera extorsiva bajo amenaza de denunciarme penalmente, por cuestiones patrimoniales -división de bienes muebles e inmuebles- y no patrimoniales -exigencia de toma obligatoria de licencia y renuncia a mí fuente laboral y profesional de hace más de diecisiete (17) años-,y que llega al H. Senado de la Nación, quien resulta en ese momento utilizado y aprovechado intencionadamente con una mera y apócrifa denuncia formulada no por descuido ante juez incompetente -quien expresamente declaró así su incompetencia territorial-, guiada por fines espurios y ambiciosos de quien detenta actualmente una Jefatura de

Departamento, quedando de esta manera, en los hechos, al frente de la conducción Administrativa y Técnica de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En los anales de nuestro constitucionalismo, encontramos que "Todo hombre puede publicar sus ideas libremente sin censura previa", derecho que se ha mantenido, casi inamovible, hasta el día de la fecha, y que hoy está refrendado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Empero ningún derecho puede comprender la vulneración de otros como el derecho a la honra y a la reputación, que también son bienes jurídicamente tutelados. Así lo ha expresado nuestra Corte Suprema de Justicia, los fallos más paradigmáticos al respecto son los caratulados Ekmedjian vs Sofovich (1992) y Petric vs Páginal12 (1993). En este último fallo la Corte ratificó la condición cle "constitucional y operativo" del referido artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos.