Legislatura Provincial-UCR

Finalmente se aprobó en la legislatura la ley provincial de Acceso a la información pública

Los diputados de Unión para Vivir Mejor que pelearon por la sanción de la norma, consideraron que es muy importante para transparentar la Provincia y garantizar más derechos a los vecinos.
jueves, 29 de junio de 2017 · 15:27

Luego de varios meses de reclamos públicos y pedidos en la Comisión de Asuntos Constitucionales finalmente la Legislatura Provincial aprobó un proyecto de la Diputada Gabriela Mestelán de Encuentro Ciudadano que establece en Santa Cruz la Ley de Acceso a la Información Pública.

 

El Presidente del Bloque de Unión para Vivir Mejor,  Daniel Gardonio dijo que este es un paso muy grande para Santa Cruz porque se rompe con la tradición de esconder y ocultar las acciones de gobierno y se garantiza a todos los vecinos poder solicitar cualquier información del Gobierno Provincial.

La norma fue votada por unanimidad luego de un intenso trabajo en las comisiones parlamentaria. Cabe destacar que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, también había solicitado que la provincia sancionará una ley para garantizar el acceso a la información pública o adhiriera a la norma nacional que lleva el número 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

 

La Diputada Roxana Reyes, de Unión para Vivir Mejor, remarcó la importancia de esta norma y dijo que el acceso a la información es vital para evitar el secretismo en los actos de gobierno, para generar transparencia y permitir el control por parte de los vecinos sobre las acciones que desarrolla cada área de un gobierno.

Reyes indicó que sin acceso a la información no hay democracia plena y los vecinos no tienen garantizado poder conocer qué hace el gobierno o en qué se gastan los fondos públicos.

"La falta de Acceso a la Información pública permite y fomenta la corrupción, porque le permite al gobierno manejarse sin tener que rendir cuentas, entre las sombras, realizando contrataciones directas en lugar de licitaciones públicas, escondiendo los ingresos de fondos a las arcas del Estado y emitiendo decretos y resoluciones que nadie conoce. Esta nueva norma prevé mecanismos para que todos los vecinos puedan requerir información al Estado, y esté obligado a brindarla, transparentando todo el manejo del Gobierno”, remarcó Reyes.


Por su parte el diputado por municipio de Río Gallegos, Santiago Gómez, celebró "este gran paso que llega para reconocer derechos ya estatuidos pero que necesitan un empujón para ganar la integridad y el respeto que tienen".

"Tengo expectativas de que habrá un cambio en el acceso a la información y eso repercutirá en la sociedad en general, que contará con más herramientas para tomas decisiones", destacó Gómez.

 

El Diputado Alberto Lozano remarcó que esta nueva norma permitirá tener un control sobre los actos de gobierno y evitar los abusos que tanto daño han causado a Santa Cruz.

"La nueva ley garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Lo hace garantizando que cualquier vecino pueda obtener información de los organismos estatales y de entes privados que reciban o se financien con recursos del Estado Provincial”, destacó el Profesor Lozano.

Daniel Gardonio destacó que a partir de la sanción de esta norma el acceso deberá ser un trámite sencillo, gratuito y sin requisitos formales: "Para solicitar información pública deberá ser suficiente presentar una nota por escrito, detallando en forma clara lo que se requiere, y las autoridades provinciales estarán obligadas a brindar toda la información solicitada, previéndose sanciones para los funcionarios que no cumplan y no den respuesta a los vecinos.”

"A partir de ahora los funcionarios responsables de brindar la información que cualquier vecino solicite, que es de naturaleza pública, deben hacerlo con celeridad y asegurando el fácil acceso a la misma”, destacó Reyes.

La norma fija un plazo de 10 días para que se provea la información que en cada caso se solicite y habilita acudir a la justicia ordinaria provincial para obtener la información por vía de la Acción de Amparo, en caso de incumplimiento por parte del Estado.