Se agrava el reclamo de ATE Gregores tras orden de desalojo con la fuerza pública

Nuevamente los Gobiernos Provincial y Municipal, a través de la justicia, escogen el camino de la criminalización y represión de la protesta social, siendo correa de transmisión de las políticas de reforzamiento del aparato represivo del Gobierno Nacional , india el PO en un comunicado de prensa.
miércoles, 7 de junio de 2017 · 23:25

"Desde el Partido Obrero hacemos responsables al Intendente Municipal, la Gobernadora Alicia Kirchner y el juez Pío Pala de cualquier acontecimiento de violencia y represión sobre los trabajadores que se manifiestan de forma pacífica en el municipio, tras un reclamo plenamente legítimo", indica un comunicado de esa fuerza política. 

"Tras cumplirse el segundo día del reclamo de ATE Gregores solicitando el reconocimiento sindical al intendente municipal, en inmediaciones del edificio comunal, y sin tener noticia ni respuesta al respecto por parte de la autoridad máxima de la localidad, Juan Benedicto Vázquez, los trabajadores en lucha se anotician a través de personal de la comisaría local, a las 18:30hs aproximadamente, de que había llegado la orden de desalojo firmada por el juez Pío Pala, correspondiente al Juzgado de primera instancia de Pto San Julián, que tiene jurisprudencia en la localidad de Gobernador Gregores".

"Dicha orden de desalojo da un plazo de 5 horas para que los manifestantes se retiren del edificio municipal. Mientras tanto, afiliados de ATE de otras localidades se encuentran viajando a la localidad de Gobernador Gregores para solidarizarse con el reclamo y sostener la lucha".

"Los trabajadores esperan poder permanecer en las afueras del edificio comunal a la espera de una respuesta por parte del Intendente Vázquez, quien se había comprometido en reiteradas ocasiones a dar el reconocimiento pero que solo se ha encargado de manipular la situación en el marco de sus intereses políticos".

"Nuevamente los Gobiernos Provincial y Municipal, a través de la justicia, escogen el camino de la criminalización y represión de la protesta social, siendo correa de transmisión de las políticas de reforzamiento del aparato represivo del Gobierno Nacional con Patricia Bullrich a la cabeza". Indica la nota.