Partido Obrero: "No a la licencia de Maldonado, separación inmediata del cargo"

Así lo manifestó el Plenario de Trabajadoras de la agrupación política luego de que se conociera el pedido de licenia del edil con dos denuncias por presunto abuso sexual a menores. Piden que le Concejo Deliberante sesione para separarlo del cargo.
sábado, 27 de junio de 2020 · 17:21

Comunicado del Plenario de Trabajadoras- Partido Obrero: 

Separación Inmediata del Cargo al Presidente del Concejo Deliberante de Rio Gallegos.

Después de que se hiciera pública la denuncia de abuso por parte del concejal Maldonado hacia una menor, el repudio masivo del movimiento de mujeres y de la comunidad en general llevó al intendente Grasso a pedirle al denunciado que “pida Licencia”.

Maldonado, que es un “hombre de Grasso” y del riñón del Poder, ha cumplido con el pedido de sus jefes y ha solicitado Licencia en su cargo.

Desde el Plenario de Trabajadoras-PO denunciamos el intento de “encubrimiento”, y EXIGIMOS que el Concejo Deliberante de Río Gallegos convoque en forma urgente a una Sesión Extraordinaria para trata como único punto del Orden del Día, la separación del concejal Maldonado por los fundamentos que a continuación exponemos:

1) Que el mantenimiento en el cargo de un Concejal con este tipo de denuncias habilita a mantener la impunidad, puesto que por un lado hay una menor denunciando y por el otro un Concejal con poder y apoyo político.

2) Que si la decisión política es poner un freno al Abuso Sexual Infantil y toda forma de violencia hacia la mujer, solo basta tomar los antecedentes de 2019, cuando el Concejo Deliberante de Orán (Salta) a solicitud de la Concejal del Partido Obrero Nely Díaz, separó del cargo al edil Rubén Rodríguez o del Concejal Martínez en Caleta Olivia por similares circunstancias.

3) Que esta decisión es urgente, en tanto la violencia hacia las mujeres y las niña/os se ha acrecentado, siendo testigos la población Argentina de los casos de violación a niñas (Jujuy, Tucumán) que fueron obligadas a parir, no respetándose incluso su derecho a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Que en lo que va del 2020 han asesinado a una mujer por día, hubo 4 violaciones en “manada” a niñas menores de 15 años, y que esto solo representa una parte ínfima. Puesto que el 80% de los casos de Abuso Sexual Infantil ni siquiera se denuncia. Proteger las infancias es tomar la determinación de no permitir la impunidad.

4) Que este Concejo Deliberante se rige también por la Ley 3.062, adherente a la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que vela por sus derechos y contra formas de vulneración y abusos.

5) Que este Concejo Deliberante puede darse por informado y notificado, en las denuncias públicas de la mamá de la menor, y en el propio pedido de Licencia del Concejal por sugerencia del Intendente, que confirman la gravedad del hecho.

6) Por todo esto solicitamos se aplique la legislación vigente a los empleados y funcionarios de la administración pública, iniciándose un SUMARIO ADMINISTRATIVO, y separación preventiva del cargo hasta tanto la justicia resuelva su situación procesal.

7) Al Concejal Maldonado le caben las generales de la Ley como empleado público, cualquier denuncia similar a un docente, municipal o estatal corresponde abrir un Sumario y separarlo preventivamente del cargo hasta que se sustancie el Proceso Judicial. Su condición de funcionario en un cargo de Poder y tratándose de un delito de índole sexual contra un/a menor es un agravante para la sanción que corresponda.

A las víctimas de violencia y abuso sexual, y particularmente a las y los sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil, nosotras les decimos nuevamente: SI LES CREEMOS.

P/D: Esperamos que el intendente Pablo Grasso, haya cumplido con su obligación que le impone la Ley Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, notificando a la Oficina Municipal competente.

El artículo 7° de la Ley Pcial N°3.062, expresa de manera textual al artículo 30 de la Ley Nacional Nº26.061, diciendo: «Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.»