27 jubilaciones inconstitucionales, según el vocal por los activos: el caso del Vicegobernador y probables demandas judiciales

Cristian Sánchez, vocal por los activos de la Caja de Previsión Social (CPS), volvió a cuestionar la aplicación del Decreto 608 y sostuvo que existe un posible direccionamiento político en la utilización de esa herramienta para disponer jubilaciones.

En una entrevista con Radio Nuevo Día, Sánchez explicó que judicializó el decreto desde 2024 porque, según su interpretación, una norma reglamentaria no puede establecer una cesación laboral automática que contradiga lo establecido por la legislación previsional.

El dirigente también contó detalles de la reunión extraordinaria de la CPS en la que se analizaron 27 expedientes jubilatorios, entre ellos los correspondientes a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia. Sánchez y Viviana Carabajal se negaron a evaluar esos expedientes y pidieron que su postura quedara asentada en el acta.

Además, afirmó que el planteo de inconstitucionalidad que presentó contra el Decreto 608 todavía no fue resuelto y que el lunes realizó una nueva presentación ante el Tribunal Superior de Justicia.

Qué cuestiona Cristian Sánchez del Decreto 608

Sánchez explicó que su principal objeción está relacionada con la posibilidad de que el Estado determine el cese de un trabajador una vez que este reúne las condiciones para jubilarse.

Según relató, una persona puede iniciar el trámite jubilatorio y obtener el reconocimiento correspondiente, pero la legislación no establece que deba renunciar obligatoriamente dentro de un plazo determinado. "En ningún lado de la ley dice vos tenés tantos días o tanto tiempo para renunciar."

Para Sánchez, la diferencia central está en que la jubilación, en el procedimiento que él considera normal, implica una decisión voluntaria del trabajador. "Cuando se produce una renuncia es por voluntad propia."

El vocal sostuvo que el Decreto 608 modifica esa lógica porque permite que, una vez notificada la persona y transcurridos determinados plazos, la Caja pueda avanzar con el pase de actividad a pasividad aunque no exista una renuncia voluntaria.

En su explicación, indicó que el mecanismo contempla un plazo de 180 días y luego otro período de 30 días. Según su interpretación, si durante ese proceso no se concreta la renuncia, la Caja queda facultada para disponer el pase al sector pasivo.

Sánchez remarcó que ese es uno de los puntos que llevó a judicializar la norma.

El pedido de inconstitucionalidad que sigue pendiente

El vocal recordó que presentó una acción judicial con el abogado Matías Solano para cuestionar la constitucionalidad del decreto. "Nosotros ahí planteamos la inconstitucionalidad del Decreto 608 contra la ley."

La discusión, según explicó, consiste en determinar si un decreto puede establecer una disposición que contradiga una ley previsional. "Un decreto no podía ir por contra la ley."

Sánchez afirmó que el Tribunal Superior de Justicia no resolvió ese planteo de fondo ni en 2024 ni en 2026.

Lo que ocurrió en la etapa más reciente, de acuerdo con su relato, fue el levantamiento de una medida cautelar que había suspendido provisoriamente los efectos del decreto. "Lo único que hizo el tribunal en el 2026 es levantar la medida de cautelar, pero la medida de fondo no la resolvió."

Por ese motivo, el dirigente considera que todavía está pendiente la definición sobre si el Decreto 608 es constitucional o no.

Nueva presentación ante el Tribunal Superior

Sánchez informó que el lunes realizó una nueva presentación junto con Solanas para pedir una definición relacionada con el planteo que sostiene sobre la aplicación del decreto y la situación de quienes resultan alcanzados. "El problema acá es que la Caja ya aplicó el decreto."

El vocal remarcó que, desde su perspectiva, la aplicación de la norma avanzó mientras todavía no existe una resolución judicial definitiva sobre la cuestión de fondo.

Las 27 jubilaciones que generaron la controversia

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la reunión extraordinaria de la Caja en la que Sánchez aseguró haber encontrado 27 expedientes jubilatorios.

Contó que ese viernes recibió, alrededor del mediodía, un mensaje por WhatsApp en el grupo del directorio para presentarse a las 13.30.

Según su relato, los vocales no habían recibido previamente información detallada sobre el motivo de la convocatoria. "Nos están llamando y le digo no sé si vas a venir."

Sánchez explicó que las reuniones ordinarias del directorio se realizaban habitualmente los miércoles y que, cuando se convocaba una sesión extraordinaria, generalmente se informaba previamente el motivo.

Por eso, inicialmente pensó que se trataría de una reunión informativa vinculada con algún reclamo de jubilados o con cuestiones administrativas pendientes.

La sorpresa llegó cuando observó la cantidad de expedientes."Nos encontramos con la sorpresa cuando adentro miro el pequeño extracto y empiezo a ver 27 expedientes."

Según Sánchez, varios nombres no le resultaban conocidos, pero rápidamente identificó los correspondientes a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia: Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y René Fernández, caso por el cual tomó relevancia en Santa Cruz. 

El dirigente afirmó que esos expedientes no contaban, desde su perspectiva, con las condiciones que él consideraba necesarias para ser evaluados bajo el procedimiento ordinario.

Por qué Sánchez y Carabajal no votaron las jubilaciones

Sánchez contó que, al analizar los expedientes, decidió plantear su objeción y que Viviana Carabajal también se negó a participar de la evaluación. "Yo no voy a evaluar este tipo de jubilaciones."

Según explicó, ambos pidieron a la secretaria del directorio que dejara constancia de su postura en el acta. "Nosotros no estábamos dispuestos a evaluar este tipo de jubilaciones."

Después de expresar su posición, Sánchez y Carabajal se retiraron de la sesión.

El vocal explicó que, de acuerdo con su interpretación, la decisión podía adoptarse igualmente porque el resto de los integrantes del directorio contaba con mayoría suficiente. "Con mayoría simple (...) jubilaron a estas personas."

Para Sánchez, la situación era especialmente relevante porque se estaba aplicando el decreto que él mismo había cuestionado judicialmente.

Cómo se analizan normalmente los expedientes jubilatorios

Durante la entrevista, Sánchez explicó cómo funciona, según su relato, el circuito habitual dentro del directorio de la CPS.

Los expedientes se colocan sobre una mesa y los vocales los revisan uno por uno.

Sánchez aseguró que es el primer vocal que recibe los expedientes y que luego los analiza Viviana Carabajal, seguido por los demás integrantes del directorio y finalmente el presidente de la institución.

Entre los elementos que se revisan está la existencia de la renuncia correspondiente. "Lo primero que hice es revisar cada expediente, si estaban las renuncias como corresponde."

Según explicó, la renuncia puede provenir de trabajadores de distintos ámbitos de la administración pública, incluyendo ministerios, el Poder Judicial o municipios.

Sánchez sostuvo que los expedientes tratados en la reunión ordinaria posterior sí cumplían con los requisitos del circuito administrativo habitual. "Esos expedientes que firmamos ayer cumplían los requisitos de ley y del circuito administrativo normal."

En cambio, marcó una diferencia con los expedientes tratados durante la sesión extraordinaria. "No así lo que pasaron el día viernes."

Las tres vocales del Tribunal Superior y el supuesto direccionamiento político

La entrevista estuvo atravesada por una de las principales controversias: las jubilaciones de tres integrantes de la anterior composición del Tribunal Superior de Justicia.

Los entrevistadores plantearon a Sánchez si consideraba que el Gobierno había utilizado el Decreto 608 para jubilar a personas que no necesariamente habían decidido retirarse.

La pregunta tomó especial relevancia porque, según se planteó durante la entrevista, las jubilaciones de las tres magistradas se produjeron en la misma semana en que no avanzaron en la Cámara de Diputados determinados planteos vinculados con su situación.

Sánchez sostuvo que existen elementos que, a su criterio, permiten hablar de una posible intencionalidad política. "Yo te puedo decir una cosa. Yo estoy... ¿sabés por qué lo digo?"

Luego puso como ejemplo la situación de otros funcionarios que, según afirmó, también estaban notificados de que reunían las condiciones para jubilarse.

El caso de una vocal de la CPS y el vicegobernador

Uno de los argumentos utilizados por Sánchez para cuestionar un eventual direccionamiento fue la existencia de otras personas notificadas previamente.

El vocal afirmó que una de las integrantes del directorio de la CPS estaba notificada desde hacía más tiempo que las vocales del Tribunal Superior.

También señaló que el vicegobernador de Santa Cruz había sido notificado desde mayo de que estaba en condiciones de jubilarse. "El mismo propio vicegobernador de la provincia está notificado desde mayo de este año."

Para Sánchez, el hecho de que esas personas no aparecieran en aquella convocatoria extraordinaria constituye un elemento que debería ser explicado. "Entonces, si no hay una condición política, ¿dónde estaban sus expedientes?"

El dirigente volvió sobre el punto al final de la entrevista y sostuvo que tanto una compañera del directorio como el vicegobernador estaban notificados.

Qué pasó con el trámite jubilatorio de Mariani

Durante la entrevista también se consultó a Sánchez por la situación del vocal del Tribunal Superior de Justicia, doctor Mariani.

El dirigente confirmó que Mariani inició un trámite relacionado con sus antecedentes previsionales, pero hizo una aclaración importante sobre el alcance de esa presentación. "El doctor Mariani no tiene un expediente jubilatorio."

Según Sánchez, lo que existe es un expediente de reconocimiento de servicios.

La diferencia, explicó, es que el reconocimiento de servicios constituye un paso previo y no implica que la persona haya obtenido o esté tramitando directamente una jubilación. "El reconocimiento de servicios es el primer paso nada más."

También aclaró: "No es una concesión de un beneficio."

Por eso, Sánchez rechazó equiparar ese expediente con los trámites jubilatorios que fueron tratados en la controvertida reunión de la CPS.

Los fueros sindicales y el caso de una trabajadora vial

Otro de los casos mencionados durante la entrevista fue el de una trabajadora vinculada con el sindicato de Vialidad.

Según se relató, una persona con representación sindical habría quedado incluida entre las jubilaciones analizadas.

Los entrevistadores preguntaron a Sánchez si ese caso reforzaba su interpretación sobre una posible utilización política del decreto.

El vocal respondió afirmativamente y volvió a señalar que, desde su perspectiva, existe discrecionalidad política en la forma en que se aplicó la herramienta.

No obstante, el entrevistado no presentó en la conversación documentación que permitiera comprobar por sí misma una orden política específica. Su planteo se basó en la comparación entre las personas alcanzadas por la medida y otras que, según afirmó, también estaban notificadas de que reunían las condiciones para jubilarse.

Las 24 personas que quedaron detrás de los casos más conocidos

Sánchez insistió en que la discusión no debería concentrarse solamente en las tres vocales del Tribunal Superior. "Acá atrás hay veinticuatro personas más."

El dirigente sostuvo que detrás de los expedientes hay trabajadores con décadas de servicio y diferentes historias laborales.

Para graficarlo, relató el caso de un trabajador vial de Comandante Luis Piedra Buena que se encontraba en Río Gallegos y fue contactado a partir de la situación.

Según contó, el trabajador había llegado a la capital provincial más de 30 años atrás para trabajar y contribuir al mantenimiento de las rutas junto con sus compañeros.

Sánchez describió el momento en que esa persona tomó conocimiento de que había sido alcanzada por la jubilación como especialmente emotivo. "Cuando uno habla de una jubilación, más allá de las tres cosas que están mal jubiladas, hay historias de vida acá."

El vocal contó que el trabajador primero reaccionó con enojo y posteriormente se mostró afectado emocionalmente.

Incluso, según su relato, tuvo la oportunidad de hablar directamente con el presidente de la institución. "No hubo forma de que se entendieran, pero siempre dentro del marco del respeto."

¿Las jubilaciones pueden revertirse?

Otro de los interrogantes planteados durante la entrevista fue si las jubilaciones dispuestas mediante este mecanismo son definitivas.

Sánchez respondió que el conflicto probablemente terminará en la Justicia.

Según explicó, algunas de las personas alcanzadas ya estarían enviando cartas documento, consultando abogados y preparando presentaciones judiciales. "Están interponiendo cartas de documento, viendo a abogados y haciendo las demandas correspondientes."

Por ese motivo, sostuvo que todavía no es posible anticipar cuál será el resultado final de esos casos. "Eso se va a ir en la Justicia y ahí no sabemos lo que pasa."

La situación podría derivar, según su advertencia, en una sucesión de demandas contra la Caja.

Qué trabajadores aparecen entre las 27 jubilaciones

Sobre el perfil de las personas alcanzadas, los entrevistadores señalaron que, en su mayoría, parecían pertenecer a organismos de la administración pública.

Sánchez confirmó que entre los expedientes había trabajadores viales, judiciales y docentes, además de otros empleados estatales.

También destacó un dato que, a su criterio, resulta llamativo: "Municipales no hay."

La entrevista no aportó un listado completo de las 27 personas ni permitió establecer, caso por caso, el organismo de procedencia de cada expediente.

Qué diferencia hubo con la reunión ordinaria posterior

Sánchez contrastó la sesión extraordinaria en la que fueron tratados los 27 expedientes con la reunión ordinaria posterior.

Explicó que en la reunión habitual revisó cada expediente y verificó específicamente que existieran las renuncias y los requisitos correspondientes.

En esos casos, aseguró que los trámites respetaban el circuito administrativo que habitualmente sigue la Caja.

La diferencia, desde su perspectiva, fue sustancial: mientras los expedientes ordinarios contaban con la documentación que consideraba necesaria, los 27 tratados en la sesión extraordinaria fueron impulsados bajo el mecanismo que Sánchez cuestiona judicialmente.

El posible impacto económico para la Provincia

Sánchez también advirtió que la controversia podría tener consecuencias económicas para el Estado provincial.

Su argumento es que, si las personas alcanzadas consideran que fueron jubiladas de manera irregular y recurren a la Justicia, podrían generarse múltiples procesos judiciales contra la Caja. "Me parece que la Caja se va a llenar de demandas judiciales."

Y agregó que eso podría generar un perjuicio económico para las arcas provinciales. "Eso va a traer un grave perjuicio también al erario provincial."

Se trata, en este caso, de una advertencia y una valoración realizada por el entrevistado, no de una consecuencia judicial ya determinada.

Qué sostiene Sánchez sobre el futuro del conflicto

El vocal por los activos consideró que el conflicto está lejos de terminar.

Por un lado, permanece pendiente la resolución judicial sobre el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 608.

Por otro, las personas jubiladas mediante este mecanismo podrían iniciar acciones individuales para cuestionar las decisiones.

Además, Sánchez realizó una nueva presentación ante el Tribunal Superior de Justicia y espera una respuesta sobre el planteo efectuado.

El dirigente insistió en que su cuestionamiento no se limita a las tres integrantes del Tribunal Superior que quedaron en el centro de la discusión, sino que abarca la totalidad de las personas alcanzadas. "Me parece que el acto mismo, la ceguera misma de querer jubilar a las tres juezas, se olvidaron que había 24 compañeros."

Las claves de la entrevista con Cristian Sánchez

• Decreto cuestionado: el Decreto 608, según la identificación realizada durante la entrevista.
• Principal cuestionamiento: Sánchez sostiene que el decreto permite avanzar sobre la situación laboral de personas que no manifestaron voluntariamente su renuncia.
• Presentación judicial: afirmó haber planteado la inconstitucionalidad del decreto junto con el abogado Matías Solanas.
• Situación cautelar: sostuvo que una medida cautelar fue levantada en 2026, pero que el planteo de fondo todavía no fue resuelto.
• Nueva presentación: indicó que volvió a presentarse ante el Tribunal Superior el lunes.
• Expedientes: afirmó que en una reunión extraordinaria se trataron 27 jubilaciones.
• Tribunal Superior: entre los expedientes identificó a tres vocales de la anterior composición.
• Disidencia: Sánchez y Viviana Carabajal se negaron a evaluar esos expedientes y pidieron que su postura constara en actas.
• Reconocimiento de servicios: aclaró que el caso de Mariani corresponde a un reconocimiento de servicios y no a un expediente jubilatorio.
• Otros trabajadores: mencionó a empleados viales, judiciales, docentes y otros estatales.
• Municipales: afirmó que no había trabajadores municipales entre los expedientes mencionados.
• Posible direccionamiento: Sánchez sostuvo que existe una discrecionalidad política que, según su interpretación, debería ser analizada.
• Futuras demandas: anticipó que algunas personas ya estarían preparando cartas documento y acciones judiciales.
• Impacto económico: advirtió sobre el eventual perjuicio para la Caja y el erario provincial si se multiplican los litigios.