APEL rechazó los traslados al anexo y apuntó contra la estructura política
La Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL) volvió a cuestionar la decisión de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz de trasladar trabajadores al edificio anexo de calle Pellegrini 175. A través de un comunicado firmado por su secretario general, David Catrihuala, el gremio rechazó las notificaciones enviadas a empleados de planta permanente, denunció que carecen de respaldo administrativo y aseguró que el verdadero problema de espacio responde al crecimiento de la estructura política dentro del Poder Legislativo.
En un comunicado difundido durante las últimas horas, el sindicato manifestó su "rechazo absoluto" a las cédulas de notificación emitidas por la Dirección de Recursos Humanos, mediante las cuales se dispone el traslado de trabajadores al edificio ubicado en calle Pellegrini N.º 175.
Desde APEL sostuvieron que la medida fue adoptada de manera inconsulta y cuestionaron la explicación brindada por la Cámara de Diputados, que justificó la reorganización por la necesidad de reducir la concentración de personal y mejorar las condiciones laborales.
"La patronal intenta justificar esta medida bajo el pretexto de una supuesta 'aglomeración de personal' y la búsqueda de 'mejorar las calidades laborales'. Una falacia insostenible y una falta de respeto absoluta a la inteligencia de los trabajadores legislativos", expresó el gremio.
El gremio apuntó al crecimiento de la estructura política
Uno de los principales cuestionamientos de APEL estuvo dirigido a la estructura orgánica de la Cámara de Diputados. Según el sindicato, mientras se trasladan trabajadores de planta permanente, continúan creándose cargos jerárquicos y dependencias administrativas.
"La superpoblación y el colapso de las oficinas no nacen de los trabajadores de carrera, sino de la desmedida e injustificada proliferación de cargos políticos y estructuras jerárquicas superfluas que responden al manejo discrecional de la Presidencia", sostiene el comunicado.
En ese sentido, la organización gremial afirmó que el problema edilicio no se resolverá trasladando empleados, sino revisando la estructura política del Poder Legislativo.
Reclamo por la estabilidad laboral
En el documento, APEL también rechazó la legalidad de las notificaciones y reclamó que cualquier modificación en las condiciones laborales se realice respetando los mecanismos previstos por la normativa vigente.
"Rechazamos de plano las notificaciones compulsivas por carecer de un acto administrativo legal, transparente y debidamente fundamentado", indicó el sindicato.
Además, exigió el respeto de la estabilidad laboral contemplada en la Ley Provincial N.º 1958 y de los procedimientos de negociación establecidos por la Ley N.º 3021, al tiempo que ratificó el estado de alerta de la organización.
"Nos mantenemos firmes y unidos en defensa de nuestros compañeros y de la dignidad de nuestra labor legislativa. El espacio de los trabajadores se respeta, y los traslados arbitrarios no pasarán por encima de nuestros derechos", concluyó el comunicado difundido por el secretario general de APEL, David Catrihuala.
(Fuente: El Diario Nuevo Día)

