Caja de Previsión: qué reclama Provincia al Municipio de Río Gallegos

El fallo del Tribunal Superior de Justicia volvió a poner en debate el financiamiento de la Caja de Previsión Social y el cumplimiento de las obligaciones previsionales por parte de los municipios.

El caso está vinculado a una medida cautelar impulsada por la Municipalidad de Río Gallegos, que había frenado la aplicación de un mecanismo previsto en la Ley 1782. Ese mecanismo habilita a descontar de la coparticipación municipal los montos correspondientes a aportes previsionales que deben ingresar a la Caja.

La secretaria de Estado de Cultura, Silvia D'Andrea, quien hasta este año integró el directorio de la Caja de Previsión como vocal por el Ejecutivo, sostuvo que la resolución judicial "da el equilibrio que necesita la Caja de Previsión para poder discutir algunas cuestiones que están ligadas a los trabajadores".

Qué se discute: coparticipación, aportes y trabajadores

D'Andrea buscó aclarar uno de los puntos que más confusión genera en la discusión pública: la diferencia entre el descuento de coparticipación y los aportes personales o patronales.

"El famoso 20 por ciento del que hablan los intendentes no es un aporte patronal. Es un descuento que se realiza de la coparticipación secundaria, conforme a un acuerdo firmado por todos los municipios cuando la provincia decidió mantener su sistema previsional propio", afirmó.

En ese sentido, explicó que Santa Cruz mantuvo su propia Caja de Previsión y que esa decisión implicó compromisos para sostener el sistema jubilatorio provincial. "Ese porcentaje no reemplaza ni el aporte patronal ni el aporte personal de los trabajadores", remarcó.

El conflicto, entonces, no pasa solamente por un descuento automático de fondos municipales. El eje más sensible está en los aportes que se descuentan del salario de los trabajadores y que, según la postura de la Caja y del Gobierno provincial, deben ser depositados en el organismo previsional.

La advertencia de D'Andrea tras el fallo

D'Andrea fue contundente al referirse a la obligación de los empleadores públicos de transferir los aportes personales de los trabajadores a la Caja.

"El no poner el dinero en la Caja correspondiente al aporte personal de los trabajadores es un flagrante robo", sostuvo la funcionaria, al remarcar que esos fondos no pertenecen al municipio ni a ningún empleador, sino al trabajador.

También afirmó que cuando esos recursos son retenidos y no ingresan al sistema previsional "se está desfalcando al Estado", porque forman parte del financiamiento del régimen jubilatorio santacruceño.

"Lo único que garantiza la permanencia del trabajador dentro del sistema es su estabilidad laboral, pero el aporte personal debe depositarse. El municipio que no lo hace incurre en una situación gravísima", concluyó.

Con este fallo, la discusión queda planteada en un punto clave: cómo se garantiza que los aportes previsionales municipales lleguen efectivamente a la Caja y quién debe responder cuando esos fondos no ingresan al sistema. Para D'Andrea, la resolución judicial permite ordenar el debate y exigir que todos los empleadores cumplan con las obligaciones establecidas por la ley. (Fuente: El Diario Nuevo Día)