El gobierno activó un nuevo Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista

El Ministerio de Salud de la Nación formalizó el lunes 24 de agosto la creación del Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA) mediante la Resolución 1115/2026, firmada por el ministro Mario Lugones. La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y quedó bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.

El objetivo declarado es mejorar la calidad de la atención, el tratamiento, la rehabilitación y la continuidad de cuidados de las personas con autismo y sus familias. También apunta a ordenar algo que desde hace años genera diferencias según la provincia, la ciudad e incluso el establecimiento sanitario: los criterios para detectar señales, efectuar una evaluación, arribar a un diagnóstico y realizar una derivación.

Para eso se establecieron seis grandes ejes de trabajo: promoción y prevención; formación y capacitación de recursos humanos; apoyo a las personas con TEA y sus familias; investigación, innovación y sistemas de información; coordinación intersectorial; y diagnóstico epidemiológico.

Uno de los cambios que busca impulsar el Gobierno es que la detección no dependa únicamente de que una familia consiga llegar hasta un especialista. El plan propone incorporar herramientas de pesquisa y seguimiento del desarrollo infantil en el primer nivel de atención, es decir, en los centros y servicios que constituyen la puerta de entrada al sistema sanitario.

Salud también deberá elaborar guías nacionales sobre detección, diagnóstico, derivación y abordaje, además de capacitaciones para profesionales sanitarios y actores del sistema educativo. La intención oficial es que una sospecha de TEA tenga criterios de evaluación comparables independientemente de la jurisdicción donde viva la persona.

Otro punto relevante es el acompañamiento a las familias. Nación plantea trabajar con las provincias para desarrollar programas de atención psicológica para padres y cuidadores y estrategias terapéuticas que incorporen al entorno familiar.

Además, se propone generar información epidemiológica. Este aspecto no es menor: Argentina todavía no dispone de una estadística nacional consolidada que permita saber cuántas personas con autismo hay, cómo se distribuyen territorialmente, a qué edad son diagnosticadas o qué barreras enfrentan para acceder a los servicios. El nuevo plan plantea capacitar a los sistemas de vigilancia jurisdiccionales con la intención de avanzar hacia un primer diagnóstico epidemiológico nacional.

Sin embargo, el plan no crea desde cero el derecho al diagnóstico o al tratamiento. La Ley Nacional 27.043, sancionada en 2014, ya declaró de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario del TEA y estableció obligaciones en materia de investigación, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, formación profesional y estudios epidemiológicos.

La misma ley dispone que obras sociales, prepagas y otros agentes de salud deben brindar las prestaciones necesarias para la pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento. Incluso determinó que esas prestaciones quedaran incorporadas al Programa Médico Obligatorio.

Por eso, una de las claves será observar si el nuevo plan consigue convertir obligaciones que ya existían en protocolos, circuitos de derivación, capacitaciones y mecanismos efectivos de seguimiento.

El punto que genera dudas: no tendrá presupuesto extra y hay debate por las estadísticas

La controversia apareció en el propio texto oficial. La Resolución 1115 establece expresamente que su dictado "no implica erogación presupuestaria alguna para esta jurisdicción". En otras palabras, el Ministerio de Salud no asignó con la creación del plan una nueva partida específica para financiarlo.

Esto abrió una pregunta concreta: cómo se financiarán las capacitaciones, campañas, producción de estadísticas, apoyo a familias y coordinación con las provincias que el propio programa promete desarrollar.

Alberto Trímboli, doctor en Psicología, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental y expresidente de la Federación Mundial de Salud Mental, cuestionó ese aspecto y resumió su posición de manera contundente: "Un plan sin recursos no es un plan". Según sostuvo, producir documentos y estadísticas puede resultar necesario, pero no reemplaza el financiamiento ni la articulación territorial requerida para garantizar la atención.

Desde organizaciones vinculadas al autismo también señalaron que no participaron de la elaboración. Gustavo Aguirre, de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA), calificó el anuncio como "muy abstracto", mientras Paulo Morales, director de TEActiva y padre de un niño con autismo, cuestionó la falta de estadísticas argentinas y reclamó mayor participación de las organizaciones.

Pero existe otra discusión de fondo: cuántas personas tienen autismo en Argentina y qué criterio se utilizará para medirlo.

El anexo del nuevo plan cita una estimación de 1 persona cada 160 y plantea que la ampliación progresiva de la categoría de "espectro" generó debates científicos respecto de sus límites y de la precisión diagnóstica. También sostiene que el aumento de diagnósticos puede responder a múltiples factores: cambios en los criterios, mayor conocimiento del autismo, diferencias entre estudios o un incremento real de la prevalencia.

Ese número de 1 cada 160 llamó particularmente la atención. Voceros del Ministerio de Salud explicaron que fue tomado de un documento sanitario argentino de 2019 que, a su vez, utilizaba una estimación difundida por la Organización Mundial de la Salud años antes.

El problema es que la OMS ya actualizó su estimación. En su ficha sobre autismo publicada en septiembre de 2025 señala que, con datos correspondientes a 2021, aproximadamente 1 de cada 127 personas en el mundo tiene autismo. La organización aclara además que se trata de un promedio global y que la prevalencia varía considerablemente entre los estudios y países.

En Estados Unidos existe otro número que suele aparecer en los reclamos de familias: 1 de cada 31 niños de 8 años. Es la estimación más reciente de la red ADDM de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, basada en datos de 2022 relevados en 16 comunidades.

Sin embargo, los dos números no pueden compararse de manera lineal. El dato de la OMS corresponde a una estimación global para el conjunto de la población, mientras que el de los CDC mide niños de ocho años identificados con TEA en determinadas comunidades estadounidenses. Los propios CDC advierten que los resultados no necesariamente representan a todos los niños de Estados Unidos y que las diferencias entre lugares están influenciadas, entre otras cuestiones, por el acceso al diagnóstico y las prácticas de evaluación.

Precisamente allí aparece una de las oportunidades del nuevo plan: Argentina podría dejar de discutir con estadísticas extrapoladas de otros países si logra concretar su propio relevamiento epidemiológico.

Al mismo tiempo, algunos sectores expresaron temor de que el énfasis puesto por el anexo en revisar criterios diagnósticos termine funcionando como una barrera para personas que buscan acceder a apoyos y tratamientos. Esa es, hasta ahora, una preocupación de organizaciones y familias, no una consecuencia establecida por la resolución.

El Gobierno, por su parte, plantea que la estandarización busca justamente lo contrario: detecciones más tempranas y precisas, derivaciones oportunas y tratamientos basados en criterios técnicos comunes.

Qué significa para Santa Cruz y qué pasa con las prestaciones

La implementación tendrá especial importancia para Santa Cruz porque la provincia ya adhirió hace años a la legislación nacional sobre autismo.

La Ley Provincial 3593, sancionada en mayo de 2018 y promulgada mediante el Decreto 495/18, adhirió expresamente a Santa Cruz a la Ley Nacional 27.043 de abordaje integral e interdisciplinario de las personas con TEA.

Sin embargo, su reglamentación fue motivo de reclamos posteriores dentro de la propia Legislatura. En 2022, la Cámara de Diputados provincial aprobó una resolución solicitando al Ejecutivo que reglamentara la Ley 3593. Dos años después, en abril de 2024, volvió a efectuar formalmente el mismo pedido.

Ese antecedente cobra relevancia ahora porque el nuevo esquema nacional depende fuertemente del trabajo con las jurisdicciones. Nación puede diseñar guías, recomendaciones y criterios, pero buena parte de la atención primaria, los hospitales, los equipos profesionales y la implementación territorial dependen de las provincias.

En Río Gallegos existe además una trayectoria específica alrededor de esta problemática. La Fundación TEA Santa Cruz desarrolla acciones de acompañamiento familiar, orientación legal, capacitación y despliegue territorial, mientras que el ITEA funciona como institución educativa especializada. La organización señala entre sus objetivos identificar necesidades de personas con TEA, familias y profesionales de distintas localidades de la provincia.

La falta de estadísticas tampoco es nueva para Santa Cruz. Ya años atrás profesionales del Hospital Regional Río Gallegos advertían públicamente que no existían datos precisos sobre la población santacruceña con TEA, aunque observaban una importante presencia de consultas vinculadas con trastornos del desarrollo.

El contexto económico de las prestaciones también forma parte de la discusión. Argentina se encuentra bajo la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, establecida por la Ley 27.793 y reglamentada durante este año.

De hecho, el mismo lunes en que se publicó el Plan Nacional de TEA, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una actualización del 2,10% para agosto en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Para la Patagonia, además, ratificó un adicional del 20% por zona desfavorable, un punto que impacta directamente en prestadores de Santa Cruz.

Así, el nuevo Plan Nacional de Autismo abre una etapa que puede ser importante, pero cuyo impacto todavía dependerá de la ejecución. Sobre el papel plantea detección más temprana, capacitación, acompañamiento familiar, investigación, estadísticas propias y criterios comunes en todo el país. Al mismo tiempo, nace sin presupuesto nacional adicional, en medio de reclamos vinculados con las prestaciones por discapacidad y con interrogantes sobre las estadísticas y los criterios diagnósticos que utilizará.

Para Santa Cruz el desafío es doble: aprovechar las herramientas nacionales que se desarrollen y resolver cómo se aplicarán territorialmente en una provincia que adhirió a la Ley Nacional de TEA en 2018 y cuya Legislatura reclamó posteriormente su reglamentación. La verdadera medida del plan no estará solamente en las guías que Nación publique, sino en si una familia de Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras, El Calafate o cualquier otra localidad puede acceder a una detección oportuna, profesionales capacitados, continuidad de tratamientos y acompañamiento sin que el lugar donde vive se convierta en una barrera. (Fuente: El Diario Nuevo Día)