El Ministro Luxen solicitó la protección urgente de fuerzas federales

El jefe de Gabinete del Gobierno de Santa Cruz, Pedro Hernán Luxen, se presentó ante la Fiscalía de Primera Instancia N° 2 de Río Gallegos, para realizar una denuncia penal por supuestas tareas de vigilancia clandestina e inteligencia ilegal en su inmueble.

Las sospechas comenzaron cuando trabajadores de su propiedad en la zona de chacras advirtieron la presencia reiterada de distintos vehículos estacionados durante horas.

Entre los rodados identificados por los testigos se mencionaron una camioneta Ford EcoSport marrón y una Fiat Strada gris oscuro, cuyos ocupantes permanecían apostados de manera sospechosa en las inmediaciones.

El episodio de mayor gravedad ocurrió el 22 de agosto a las 17:00, cuando la esposa del funcionario acudió al predio para alimentar a los animales y detectó la presencia de un auto Peugeot 208.  Al solicitar el informe de dominio correspondiente, se constató de manera oficial que el vehículo pertenece a la flota de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

Al ser alertado por su pareja, Luxen se dirigió al lugar para requerir explicaciones al conductor sobre su presencia en el área. El automovilista optó por retirarse rápidamente sin dar respuestas, lo que motivó que el funcionario lo siguiera a bordo de su vehículo personal hasta la estación de servicio ubicada en el barrio San Benito.

En ese punto de Río Gallegos, acompañado por testigos presenciales, Luxen descendió para encarar al conductor del Peugeot 208. Durante el intercambio, el sujeto reconoció su pertenencia a la fuerza de seguridad provincial y afirmó que formaba parte de un grupo de varios efectivos que cumplían guardias y turnos rotativos de vigilancia en la zona, mencionando además que otros compañeros habían estado apostados en días previos.

Pedido de custodia a fuerzas federales y temor por su seguridad

En la presentación ante el fiscal, Luxen dejó asentado su temor por la seguridad personal y la de su entorno familiar. Manifestó desconocer la existencia de alguna orden judicial o investigación en su contra que justifique la presencia de personal policial en su chacra y en su vivienda particular.

Dada la directa implicancia de la Policía de Santa Cruz en los hechos denunciados, el jefe de Gabinete solicitó formalmente a la magistratura que las medidas de prevención y las rondas de protección sobre sus domicilios sean encomendadas de manera exclusiva a fuerzas de seguridad nacionales. La Justicia provincial inició las actuaciones de rigor para establecer quién dio las órdenes de despliegue y deslindar las responsabilidades del caso. (Diario Nuevo Día)