El proceso para elegir jueces en Santa Cruz, bajo la lupa: el caso de los tres juzgados de instrucción

El abogado Javier Stoessel, integrante de las comisiones del Colegio de Abogados de Santa Cruz, pasó por los micrófonos de Radio Nuevo Día y realizó un análisis sobre algunos de los principales debates institucionales que atraviesan actualmente a la Justicia provincial.

Durante la entrevista, el letrado habló sobre el funcionamiento del recientemente conformado Colegio de Abogados, los concursos para cubrir cargos judiciales, el rol del Consejo de la Magistratura, el rechazo y posterior reenvío del pliego del juez Albarracín, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y el decreto relacionado con un proyecto turístico en tierras ubicadas en el sector del Estrecho de Magallanes.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la necesidad de avanzar hacia procedimientos más transparentes para la selección de jueces y funcionarios judiciales.

El concurso para tres juzgados de instrucción

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue el denominado concurso múltiple 115, destinado a seleccionar tres jueces de instrucción para Santa Cruz.

Los cargos corresponden a los juzgados de Río Turbio, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz.

Stoessel explicó que se trata de cargos de relevancia dentro del sistema penal, porque los jueces de instrucción intervienen en la etapa preliminar de las causas.

"Es el juez de instrucción el que recolecta, hace la etapa preliminar y luego decide la elevación de la causa a juicio oral", explicó.

El abogado sostuvo que el concurso se encuentra alcanzado por un nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura, aprobado luego de la sanción de una nueva ley que, según su valoración, incorporó herramientas vinculadas con la transparencia, el acceso a la información y el carácter público de determinados actos.

"Había incorporado algunas cuestiones que nosotros veníamos reclamando de hace mucho tiempo, vinculadas con la transparencia, con la posibilidad de acceso a control, con el carácter público de ciertos actos", indicó.

Sin embargo, afirmó que, a su criterio, algunas de esas garantías no fueron respetadas en el concurso múltiple 115.

Los cuestionamientos sobre las entrevistas personales

Stoessel concentró sus críticas en la instancia de entrevistas personales de los postulantes.

Según relató, desde el Colegio de Abogados tomaron conocimiento de situaciones que involucraban al menos a dos participantes del concurso.

"En la etapa de lo que se cuestionó en concreto, fue en la etapa de la entrevista personal, se violaron un conjunto de reglas respecto al menos dos participantes que nos han llegado", sostuvo.

Uno de los casos, según explicó, estaría relacionado con una pregunta sobre un supuesto sumario administrativo que, de acuerdo con lo expresado por el abogado, no existía.

"Le hicieron una entrevista muy corta, no lo entrevistó a la persona respecto a los puntos que debe consultarle, aspectos técnicos para complementar la prueba escrita, sino simplemente se desviaron con elementos que no contaban en ningún lado y que no eran ciertos", afirmó.

En ese contexto, aseguró que al postulante se le habría preguntado por un sumario administrativo que, según su versión, nunca había sido iniciado, y que posteriormente recibió una calificación baja que lo dejó fuera del orden de mérito.

El segundo caso mencionado por Stoessel involucraría un test psicodiagnóstico.

"En el otro caso pasa algo parecido, que es un poco peor, porque lo que hacen es consultarlo sobre aspectos de un test psicodiagnóstico que es reservado", señaló.

El abogado sostuvo que ese tipo de evaluación tiene carácter reservado y que, según su interpretación, no debería utilizarse de esa manera durante una entrevista.

En uno de los casos, indicó, el postulante se encontraba segundo luego de considerar los exámenes y antecedentes, pero terminó fuera del orden de mérito.

El acceso al expediente y la recusación de Mariani

Otro de los puntos que Stoessel consideró especialmente relevante fue la imposibilidad, según relató, de acceder a determinados elementos del expediente del concurso.

"Uno de los postulantes presenta un recurso, pero además recusa para que no intervenga Mariani, que era el presidente en ese momento, y pide ver las actuaciones, pide las actas, pide las evaluaciones, pide las constancias del expediente, y se le niega", sostuvo.

Para el abogado, este aspecto adquiere importancia porque un postulante debe contar con elementos para poder cuestionar una evaluación.

"¿Cómo puede defenderse si no puede ver los elementos con los que lo calificaron?", planteó durante la entrevista.

También cuestionó que no se hayan brindado fundamentos suficientes sobre la baja calificación obtenida en la entrevista.

Stoessel sostuvo además que el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Mariano Mariani, fue recusado por uno de los participantes y que posteriormente intervino en el rechazo de esa recusación.

"Cuando Mariani se lo recusa, porque entiende que hay una cuestión de parcialidad o injustificado, él después aparece el mismo firmando el rechazo de la recusación. Eso no tiene sentido, es inadmisible, es básico", afirmó.

Se trata de una valoración realizada por el entrevistado respecto del procedimiento y de la actuación de los órganos intervinientes.

Una presentación ante el Tribunal Superior

El abogado explicó que el cuestionamiento al concurso derivó en una acción contencioso administrativa, acompañada por un pedido de medida cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia.

Según explicó, el objetivo de la cautelar es que se suspenda el trámite del concurso hasta que se resuelva la cuestión planteada judicialmente.

"Nosotros entendemos que puede haber una demora, que la va a haber si se hiciera lugar a la medida cautelar, pero no se pueden designar jueces después de un proceso irregular", manifestó.

Stoessel aclaró que el planteo no apunta necesariamente a anular todo el concurso.

"No se pide que se anule todo el concurso", explicó, y señaló que, desde su perspectiva, las etapas vinculadas con la prueba escrita y los antecedentes habían sido desarrolladas correctamente.

El cuestionamiento, según su relato, está concentrado en la entrevista personal, en las condiciones en que se desarrolló y en el posterior acceso a las actuaciones.

"Se tiene que garantizar la transparencia porque si no son jueces luego van a quedar también cuestionados", afirmó.

El pliego del juez Albarracín

Otro de los temas abordados fue el caso del juez Albarracín, magistrado de primera instancia de El Calafate cuyo pliego para acceder a una Cámara de Apelaciones fue rechazado por la Cámara de Diputados de Santa Cruz y posteriormente vuelto a enviar por el Poder Ejecutivo.

Stoessel planteó que existe una discusión jurídica e institucional sobre la posibilidad de insistir con un pliego que ya fue rechazado.

"Lo de la insistencia, a mí me parece que quedó por un mero tecnicismo que no esté bloqueado, pero no tendría que poder hacerse", sostuvo.

En ese sentido, consideró necesaria una modificación reglamentaria.

"Me parece que es necesaria una aclaración reglamentaria que si se rechaza el pliego no tiene que volver a hacerse", afirmó.

Sin embargo, diferenció el mecanismo institucional del caso particular del magistrado.

"Quiero dejar a salvo porque Albarracín es un juez que no ha tenido críticas del sector de la abogacía respecto a su gestión en el juzgado de instrucción", indicó.

Y agregó: "No es una persona que desde el sector de la abogacía esté cuestionada, no hay una mirada negativa sobre él".

"Las facultades discrecionales no pueden ser arbitrarias"

Consultado sobre el rol de la Cámara de Diputados en la selección de magistrados, Stoessel reconoció que existe un componente político dentro del proceso.

Primero se desarrolla la instancia técnica vinculada al Consejo de la Magistratura y luego las ternas requieren el consenso de la Cámara.

Pero marcó un límite sobre esa facultad.

"Las facultades discrecionales no pueden ser arbitrarias tampoco. Ellos tienen que expresar algún fundamento de por qué no lo están eligiendo", sostuvo.

Y agregó: "No puede ser que una facultad discrecional se convierta en 'hago lo que quiero', porque eso ya no estaríamos en un país republicano".

Para el abogado, las decisiones deberían expresar fundamentos que permitan conocer las razones detrás de una determinada votación, aun cuando la normativa otorgue un margen de decisión a los legisladores.

El tiempo de permanencia de los jueces en sus cargos

Stoessel también planteó otro aspecto del sistema que considera necesario revisar: el tiempo que debe transcurrir entre la designación de un juez y su posibilidad de concursar para otro cargo.

"Lo que está mal en el fondo es que un juez que acaba de asumir un juzgado pueda concursar y postularse rápidamente para otro, porque no le da estabilidad", afirmó.

Según su planteo, debería analizarse una modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura para establecer un período mínimo antes de que un magistrado pueda presentarse para otro cargo.

"Es razonable que expliquemos eso, si es un poco la carrera, pero a lo mejor dos años, tres, cinco, el plazo que se quiera, que asuma la función y la cumpla antes de presentarse en otra instancia", sostuvo.

El objetivo, explicó, sería permitir que el juez efectivamente se haga cargo de la función para la que fue designado antes de buscar otro destino dentro del Poder Judicial.

La ampliación del Tribunal Superior de Justicia

Otro tramo importante de la entrevista estuvo dedicado al proceso de ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

Stoessel consideró que actualmente el máximo tribunal provincial está funcionando de una manera diferente y destacó algunos movimientos institucionales.

"Hoy el Tribunal Superior está funcionando un poco mejor que antes, con esta ampliación, con los nueve miembros, con todos los errores que hubo en el camino", afirmó.

Mencionó, entre otros aspectos, que comenzaron inspecciones y requerimientos hacia tribunales de primera instancia.

"Han empezado inspecciones de cámaras, han empezado a reclamar inspecciones en primera instancia y hay un movimiento", sostuvo.

Al mismo tiempo, aclaró que todavía considera necesario observar los resultados de ese proceso en materia de decisiones judiciales.

"Lo que no conocemos mucho es todavía sobre los nuevos fallos que va a sacar el tribunal", señaló.

"Se perdió una oportunidad histórica de renovar la Justicia"

Aunque valoró el funcionamiento que observa actualmente, Stoessel cuestionó el procedimiento utilizado para seleccionar a los nuevos integrantes del Tribunal Superior.

"Fue el proceso de selección, porque vinieron un día con los candidatos y al otro los designaron. No hubo debate, no hubo exposición pública", afirmó.

Para el abogado, el mecanismo de designación no permitió una discusión pública suficiente sobre los antecedentes de los candidatos.

"Fue decisión política del gobernador sin apertura, sin buscar consenso", sostuvo.

En ese contexto, planteó una modificación del sistema constitucional para elevar el nivel de consenso requerido para designar vocales.

"Necesitamos dos tercios para designar un vocal del Tribunal Superior de Justicia, no mayorías simples. Y eso le da más legitimidad", manifestó.

También propuso mecanismos de exposición pública de los antecedentes.

"Necesitamos establecer procesos de exposición pública de sus antecedentes, que se puedan recibir observaciones", agregó.

Según Stoessel, esto no necesariamente implicaría modificar el resultado final de una selección, pero sí permitiría fortalecer la legitimidad de quienes finalmente sean designados.

El cuestionamiento a las sesiones secretas

En otro tramo de la conversación, el abogado fue consultado sobre el carácter reservado de determinadas instancias vinculadas con la selección de integrantes del Tribunal Superior.

Su respuesta fue categórica:

"No puede haber más sesiones secretas".

Stoessel consideró que el mecanismo resulta incompatible con principios de publicidad y transparencia que, desde su perspectiva, deberían regir las decisiones institucionales de esa relevancia.

"Me parece que choca con principios básicos de la Constitución Nacional", afirmó.

Para el abogado, la discusión no se limita a conocer el nombre de los candidatos, sino a transparentar el proceso mediante el cual se evalúan sus antecedentes y se toma la decisión final.

El decreto sobre las tierras y el proyecto turístico

El último tema abordado durante la entrevista fue el análisis realizado desde la Fundación Sur sobre un decreto del Gobierno provincial relacionado con una futura explotación turística de tierras vinculadas al área del Estrecho de Magallanes y la participación de capitales extranjeros.

Stoessel calificó la situación como "muy preocupante" y cuestionó que, según su interpretación, no se hubiera producido una instancia suficiente de discusión y consulta.

"También fue de un segundo para otro y no se escuchó a la localidad ni a la provincia", sostuvo.

Desde el punto de vista jurídico, planteó cuestionamientos sobre el mecanismo de excepción utilizado.

"El decreto es muy irregular porque otorga una excepción por una única vez, no se justifica", afirmó.

Y explicó su argumento: "Las reglas tienen que ser iguales para todos".

En esa línea, sostuvo que una excepción aplicada a un caso particular puede generar un trato desigual.

"Da una sensación de un tratamiento preferencial, de un trato desigualitario encima a favor de capitales extranjeros y en detrimento de los locales", manifestó.

Estas expresiones corresponden al análisis y valoración del entrevistado sobre el decreto y el proyecto.

El expediente de casi 500 páginas

Durante la entrevista también se mencionó que la Cámara de Diputados había solicitado documentación relacionada con el proyecto y que el Consejo Agrario Provincial remitió un expediente de aproximadamente 500 páginas.

Stoessel indicó que había tenido acceso al documento, aunque todavía no había podido analizarlo en profundidad debido a su reciente recepción.

"Me lo pasaron en vista, pero todavía no he tenido tiempo de analizarlo", explicó.

Sí valoró que la Cámara hubiera solicitado la documentación.

"La acción inmediata de la Cámara de Diputados me llamó la atención positivamente, porque inmediatamente nos traigan todo el informe", sostuvo.

Y planteó que, a su entender, ese acceso a la información debería haber ocurrido desde el inicio.

"Tendría que haber empezado así esto, con claridad, con transparencia y ver y sepamos todo de qué se trata", afirmó.

Una misma preocupación: transparencia

Hacia el final de la entrevista, Stoessel vinculó los distintos temas abordados por Radio Nuevo Día con una preocupación común: el nivel de transparencia con el que se toman determinadas decisiones públicas.

"Creo que son temas importantes y que a veces en toda la dinámica quedan reservados a un sector político que decide, avanza y después todos sufrimos las consecuencias", expresó.

Y concluyó: "En esto del decreto o en los jueces, es lo mismo, la ciudadanía después recibe las consecuencias".