El proyecto de la oposición en Santa Cruz por las retenciones jubilatorias y una ley de coparticipación: de qué se trata

En medio de una creciente tensión por la distribución de recursos y el financiamiento del déficit previsional en la provincia, la diputada Agostina Mora (UxP)-acompañada por sus pares de bancada Karina Nieto, Carlos Santi, Carlos Godoy y José Bodlovic- impulsó un proyecto de ley para suspender hasta el 31 de diciembre de 2027 la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial N° 1782.

La normativa vigente autoriza a la Caja de Previsión Social (CPS) a requerir al Poder Ejecutivo la retención de fondos de la coparticipación que corresponden a las municipalidades y comisiones de fomento para cancelar deudas por aportes previsionales.

Freno a litigios y espacio de concertación

El proyecto establece que, mientras dure la suspensión, quedará inaplicable la exigibilidad de las obligaciones de pago alcanzadas, así como los intereses, recargos, multas o actualizaciones. Además, prohíbe al Gobierno Provincial entablar nuevas acciones legales contra las comunas por este motivo y lo obliga a desistir de las que ya estuvieran en curso.

Como alternativa a las retenciones automáticas, la iniciativa instruye al Poder Ejecutivo a convocar por decreto a los intendentes y comisionados de fomento a una mesa de trabajo periódica. El objetivo es celebrar acuerdos bilaterales de moratoria y extinción de obligaciones recíprocas que regularicen la situación de la seguridad social sin asfixiar la operatividad de los gobiernos locales.

Garantía constitucional y "desuso" de la norma

Entre sus fundamentos, el documento elaborado por Mora y sus pares argumenta que el mecanismo de retención unilateral resulta incompatible con el artículo 141 de la Constitución Provincial y el artículo 123 de la Constitución Nacional, los cuales garantizan la autonomía económica y financiera de los municipios.

Asimismo, remarcan que desde la sanción de la ley en 1986 hasta la actualidad, esta facultad no fue ejercida durante más de tres décadas, lo que demuestra que la propia provincia entendió históricamente que era inviable. Aplicar de forma intempestiva este cobro provocaría, según sostienen, la parálisis total de los servicios e infraestructura municipal.

Disparidad fiscal entre Provincia y Municipios

La fundamentación de la ley incluye un detallado informe sobre el deterioro de las arcas municipales:

• Pérdida de recursos comunales: La coparticipación enviada a los municipios registró una baja real del 9% en 2025 respecto de 2024 (y del 15,3% respecto a 2023). En el primer trimestre de 2026, la caída interanual continuó con un -11,3%.

• Medidas que restaron recaudación: Advierten sobre el impacto negativo provocado por la exención del Impuesto a los Sellos en el acuerdo provincial con YPF y la reducción de regalías hidrocarburíferas mediante la Ley 3914.

• Falta de reparto en sectores en auge: Señalan que la provincia no coparticipa los ingresos crecientes por regalías mineras ni aquellos fondos no coparticipables provenientes de Nación que mostraron incrementos reales.

"La provincia coparticipa a sus municipios los recursos que caen, pero se reserva para sí los que se incrementan", advierten los firmantes en el proyecto, remarcando que el Ejecutivo cuenta con solvencia financiera y herramientas para resolver el déficit previsional mediante gestiones (como los fondos no reclamados ante ANSES) sin perjudicar a los intendentes.

Plazo para una nueva Ley de Coparticipación

Por último, el articulado encomienda a los Diputados y Diputadas por el Pueblo un plazo de 30 días desde la aprobación de la norma para redactar un proyecto con un nuevo esquema de distribución de recursos, adecuado al artículo 146, inciso 3, de la Constitución Provincial.