Lázaro Báez y los demás condenados también deberán responder por el decomiso de $685.000 millones en la causa Vialidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, una decisión que no solo alcanza a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino también al empresario Lázaro Báez y al resto de los ex funcionarios condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Con la resolución del máximo tribunal quedó firme el monto actualizado de 685.000 millones de pesos, por el que deberán responder solidariamente todos los condenados.

Lázaro Báez también deberá responder por el decomiso

La Corte rechazó el recurso presentado por Lázaro Báez, quien buscaba frenar las medidas vinculadas a la ejecución patrimonial.

El empresario fue condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta y figura entre los responsables del perjuicio económico ocasionado al Estado mediante la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz.

No obstante, gran parte de su patrimonio ya fue ejecutado en otros procesos judiciales, entre ellos la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como Ruta del Dinero K, por lo que la Justicia deberá determinar el alcance efectivo de su responsabilidad patrimonial en esta etapa.

Los ex funcionarios alcanzados por la sentencia

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, la condena firme incluye a varios ex funcionarios que participaron en el esquema de adjudicación de obras públicas investigado.

Los condenados son:

• Nelson Guillermo Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
• José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas.
• Juan Carlos Villafañe.
• Raúl Gilberto Pavesi.
• Mauricio Collareda.
• José Raúl Santibáñez.
• Raúl Osvaldo Daruich.

Todos fueron encontrados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La Justicia avanzará con la ejecución patrimonial

El decomiso comprende 111 bienes y el Tribunal Oral Federal N.º 2 ya inició el proceso de tasación de varias propiedades para avanzar con su eventual remate.

La actualización del monto fue realizada sobre la base de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, elevando el perjuicio económico de los 85.000 millones originalmente fijados a 685.000 millones de pesos.

Con el rechazo de los últimos recursos extraordinarios, la Corte dejó firme tanto la actualización del decomiso como las medidas destinadas a recuperar los fondos públicos que, según la sentencia, fueron desviados mediante el direccionamiento de 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.(Infobae)