CRISIS

Ley de Emergencia en Santa Cruz: qué medidas rigen y cuántos comercios cerraron

La Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME de Santa Cruz fue sancionada en febrero de 2026 y estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Redacción Nuevo Día
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La Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME fue sancionada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz el 20 de febrero de 2026, con 20 votos afirmativos y tres abstenciones. La norma declaró la emergencia en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2026 y alcanzó a empresas que cuenten con certificado MiPyME y domicilio fiscal en Santa Cruz bajo las condiciones previstas.

Uno de los principales instrumentos es la suspensión de ejecuciones fiscales durante el período de emergencia. En los procesos que todavía no tengan sentencia pueden continuar determinadas etapas judiciales, pero la normativa establece que no se realicen actos de ejecución ni embargos en los términos previstos por la ley.

La norma también instruyó a organismos como la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y Distrigas S.E. a establecer planes de regularización de deudas.

Esos planes pueden contemplar hasta 60 cuotas mensuales, una tasa de financiación de hasta el 25% efectiva anual y quitas de hasta el 100% de multas e intereses resarcitorios o por mora sobre el capital adeudado, según las condiciones establecidas en la normativa.

Además, la ley contempla la posibilidad de gestionar líneas de crédito a tasas diferenciadas y beneficios tributarios, aunque su aplicación queda sujeta a la aprobación de los organismos o entidades correspondientes. También permite avanzar en mecanismos de compensación o renegociación de deudas que el Estado provincial mantenga con empresas alcanzadas.

Cuántos comercios cerraron en Río Gallegos

El dato más concreto sobre cierres comerciales aparece en Río Gallegos. Según el último informe de la FESC, entre 2025 y agosto de 2026 se tramitaron 637 bajas de licencias comerciales en la capital provincial. La entidad señaló que ese proceso se produjo mientras la actividad económica continuaba en retroceso.

La cifra implica un cambio importante en el padrón comercial de la ciudad. Informes que reprodujeron el relevamiento de la FESC señalaron que el universo de comercios habilitados pasó de aproximadamente 3.000 a unos 2.363, una reducción cercana al 21%.

Hay una precisión importante: una baja de licencia comercial no significa necesariamente que una empresa haya sido disuelta. Puede representar el cierre de una actividad habilitada, un cambio de modalidad o una situación administrativa, por lo que no debe confundirse automáticamente con la desaparición jurídica de una empresa.

La FESC también había informado anteriormente que más de 150 comercios habían cerrado en Río Gallegos durante 2025. Ese número corresponde al año pasado y no debe sumarse mecánicamente a las 637 bajas posteriores, porque el registro más reciente comprende el período 2025-agosto de 2026.

Qué ocurre en el resto de Santa Cruz

Para medir la situación provincial, la FESC utiliza otros indicadores además de las bajas de licencias comerciales. Uno de sus informes técnicos, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por la consultora Politikon Chaco, registró la pérdida de 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

El dato se refiere a empresas empleadoras, no exclusivamente a comercios. Por eso, no es correcto utilizar esas 227 empresas como si fueran 227 locales comerciales cerrados.

La FESC también informó que en febrero de 2026 Santa Cruz perdió 46 empresas empleadoras en la comparación mensual, uno de los peores registros del país para ese período. La entidad advirtió además que las estadísticas de empresas empleadoras no alcanzan a una parte importante del universo de trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

En su actualización de agosto, la Federación estimó que Santa Cruz pierde entre 3 y 4 unidades productivas por día, aunque aclaró que se trata de un indicador que combina diferentes fenómenos y no equivale a decir que cuatro sociedades comerciales cierran diariamente.

El contexto también aparece reflejado en el IPAE. En agosto de 2026, la actividad económica provincial cayó 4,6% interanual y acumuló una baja del 7,9% en los primeros ocho meses del año, aunque mostró una mejora intermensual desestacionalizada del 0,4%.

Los cinco sectores incluidos en el indicador muestran diferencias, pero cuatro terminaron agosto con variaciones interanuales negativas. Alimentos y Bebidas cayó 9,6%; Farmacia y Perfumería, 9%; Servicios, 3,6%; Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles, 0,1%; mientras que Calzado, Indumentaria y Textiles registró una suba interanual del 2,6%.

Por qué los comerciantes dicen que la ley todavía no alcanza

El reclamo actual del sector no apunta solamente a la existencia de la ley, sino a su aplicación concreta. El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, sostuvo que las herramientas previstas no están teniendo la eficacia esperada y planteó la necesidad de convocar a la comisión de seguimiento.

La comisión es una de las piezas centrales de la normativa. Según la ley, debe reunirse al menos una vez por mes durante la vigencia de la emergencia y está integrada por representantes de distintas áreas del Gobierno provincial, la ASIP, la Secretaría de Comercio e Industria, bloques legislativos y tres representantes de entidades gremiales empresarias.

Desde la Cámara de Comercio de Río Gallegos señalaron que buscarán que ese espacio vuelva a funcionar como ámbito de análisis y evaluación de las medidas. Al mismo tiempo, comerciantes de distintas localidades comenzaron a elaborar un documento con propuestas que será presentado ante autoridades provinciales, municipales y legisladores.

Los números permiten dimensionar el problema, pero también muestran por qué es necesario separar cada indicador: 637 bajas de licencias comerciales corresponden a Río Gallegos entre 2025 y agosto de 2026; la pérdida de empresas empleadoras es un indicador provincial diferente; y la estimación de 3 a 4 unidades productivas por día de la FESC combina distintas formas de deterioro de la actividad. No son cifras intercambiables.

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