Más de ocho mineros fueron despedidos por dar positivo en controles de drogas

Una situación que hasta hace algunos años aparecía de manera aislada en los tribunales laborales comenzó a repetirse durante 2026 en Santa Cruz: trabajadores de la minería despedidos luego de obtener resultados positivos en controles de sustancias prohibidas y empresas que posteriormente lograron que esas desvinculaciones fueran consideradas justificadas por la Justicia.

En lo que va del año, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial confirmó más de ocho despidos con causa vinculados con esta situación.

No es un número menor. La concentración de resoluciones similares en pocos meses empieza a construir un antecedente importante para una provincia en la que la minería constituye una de las principales actividades económicas y donde miles de trabajadores desarrollan tareas bajo estrictas normas de seguridad.

La mayoría de los expedientes se inició en el Juzgado Civil de Puerto Deseado y posteriormente llegó a revisión de la Cámara.

Qué tuvo en cuenta la Justicia

Los casos presentan varios elementos en común.

Los trabajadores habían sido sometidos a controles de rutina establecidos por las empresas, con intervención de personal de salud especializado y posteriores análisis bioquímicos.

La Justicia entendió que esas pruebas eran técnicamente válidas y que los procedimientos habían respetado los protocolos establecidos.

También tuvo especial importancia otro elemento: los empleados habían firmado al ingresar a las compañías compromisos vinculados con políticas de "tolerancia cero" frente al consumo de sustancias prohibidas.

Pero hubo un aspecto todavía más sensible: qué tareas realizaban esas personas.

Los casos involucraron a trabajadores que se desempeñaban en operaciones subterráneas, manejo de explosivos y transporte de personal, entre otras funciones donde una disminución de las capacidades puede poner en peligro no solamente al propio operario, sino también a sus compañeros.

Ese componente de seguridad aparece como uno de los puntos centrales detrás de las decisiones judiciales.

Un antecedente que Nuevo Día había revelado en 2024

La discusión no es completamente nueva en Santa Cruz, aunque hasta ahora los casos conocidos públicamente habían sido más aislados.

En noviembre de 2024, El Diario Nuevo Día accedió a una sentencia de la misma Cámara de Apelaciones relacionada con un trabajador de la empresa Calfrac Well Services Argentina.

Se trataba de un chofer de cargas peligrosas que había dado positivo para cocaína en un test de drogas. En aquel expediente, la Cámara revocó una decisión de primera instancia y terminó considerando justificado el despido debido al riesgo que implicaba la función desarrollada por el trabajador.

Ahora, la aparición de más de ocho decisiones en el transcurso de un mismo año amplía considerablemente aquel escenario.

Dar positivo no significa automáticamente que cualquier despido sea válido

La cuestión tiene, sin embargo, una distinción jurídica importante.

Material elaborado en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación sobre prevención de consumos problemáticos advierte que el consumo de drogas, considerado aisladamente, no constituye necesariamente una causa suficiente para despedir a un trabajador, ya que los consumos problemáticos también deben abordarse desde una perspectiva de salud.

Por eso, los fallos conocidos en Santa Cruz adquieren importancia por las características concretas de los casos: puestos de alto riesgo, protocolos previamente establecidos, análisis considerados válidos y compromisos expresos aceptados por los trabajadores.

Existen antecedentes similares fuera de la provincia. En 2024, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó la legitimidad del despido de un chofer que había dado positivo en un control de drogas.

Un tema que puede generar nuevos conflictos laborales

La sucesión de resoluciones durante 2026 deja planteado un escenario relevante para la minería santacruceña.

Por un lado, las empresas cuentan ahora con varios pronunciamientos judiciales que respaldaron despidos cuando pudieron demostrar la existencia de protocolos, la confiabilidad de los controles y el riesgo asociado a la función.

Por otro, cada situación continuará dependiendo de las circunstancias particulares y de la prueba presentada ante la Justicia.

Lo novedoso es la cantidad: más de ocho casos resueltos en un mismo año empiezan a transformar decisiones que podían verse como excepcionales en una línea judicial que será observada de cerca tanto por las compañías mineras como por los trabajadores y los sindicatos de Santa Cruz.