EDUCACIÓN

Paro docente: Santa Cruz se suma a la medida y Nación controlará que las escuelas garanticen el 75% del servicio

ADOSAC y AMET adhieren al paro nacional de CTERA. Capital Humano realizará inspecciones en escuelas para controlar el cumplimiento de la ley que declara esencial al servicio educativo. Ayer, Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, del que participaron los ministros y autoridades educativas de todas las provincias, incluido el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz.

Redacción Nuevo Día
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eldiarionuevodia@hotmail.com

El paro nacional docente convocado para este lunes 3 de agosto tendrá impacto en Santa Cruz, donde los gremios ADOSAC y AMET confirmaron su adhesión a la medida impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Mientras los sindicatos ratifican la protesta por reclamos salariales y presupuestarios, el Gobierno nacional anunció que desplegará un operativo de control en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de la normativa que declara a la educación como servicio esencial.

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano informó que realizará inspecciones muestrales en establecimientos educativos para constatar que, durante la huelga, se garantice al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la Ley N.º 27.802, sancionada en el marco de la reforma laboral.

Además, este domingo la ministra Sandra Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, del que participaron los ministros y autoridades educativas de todas las provincias, incluido el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz, para coordinar acciones frente a la medida de fuerza.

Paro docente: Santa Cruz se suma a la medida y Nación controlará que las escuelas garanticen el 75% del servicio



Santa Cruz, entre las provincias con paro docente

En la provincia, ADOSAC difundió la convocatoria oficial al paro nacional de CTERA mediante un flyer en el que llama a detener las actividades durante toda la jornada del lunes.

Según el sindicato, la medida se realiza:

  • En defensa de la escuela pública.
  • Por salarios iguales a la canasta familiar.
  • Por mayor presupuesto para infraestructura e insumos.
  • En defensa de la Caja de Previsión Social (CPS).
  • Contra el proyecto de Ley de Libertad Educativa.
  • Por un plan de lucha con continuidad.

A esa convocatoria también se sumó AMET Santa Cruz, por lo que la medida de fuerza alcanzará a establecimientos educativos de distintos niveles en la provincia.

El Gobierno realizará controles en las escuelas

El Ministerio de Capital Humano confirmó mediante un comunicado oficial que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social supervisará el cumplimiento de la legislación vigente sobre servicios esenciales.

La cartera explicó que las inspecciones serán muestrales y abarcarán establecimientos educativos de todo el país.

El objetivo será verificar que las organizaciones sindicales que convocaron al paro respeten el porcentaje mínimo de funcionamiento previsto por la ley.

El comunicado señala que, en caso de comprobar incumplimientos, "se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan".

Asimismo, el Ministerio exhortó a todos los actores del sistema educativo a priorizar "el derecho a la educación de los niños y jóvenes" y a cumplir la normativa vigente.

¿La obligación de garantizar el 75% de las clases está firme?

Este punto continúa siendo objeto de una disputa judicial.

El Gobierno nacional sostiene que la Ley N.º 27.802 continúa plenamente vigente y que, por ese motivo, los gremios deben asegurar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo durante cualquier medida de fuerza.

Sin embargo, esa disposición fue impugnada por organizaciones sindicales.

Según la información oficial y la difundida por el propio Gobierno, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 dictó una medida cautelar que suspendió de manera provisoria la declaración de la educación como servicio esencial mientras se tramita la causa principal.

No obstante, el Estado nacional apeló esa resolución judicial y sostiene que, mientras no exista una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo, la normativa continúa vigente. Sobre esa interpretación basa el operativo de fiscalización anunciado para este lunes.

Es decir, actualmente existe una controversia judicial abierta: los sindicatos consideran suspendida la aplicación de esa obligación, mientras que el Gobierno interpreta que la ley sigue siendo exigible durante el proceso judicial y actuará en consecuencia.

¿Qué sanciones podría aplicar el Gobierno?

Desde la Casa Rosada señalaron que, si durante las inspecciones se detecta que no se cumple el porcentaje mínimo de funcionamiento previsto por la ley, se iniciará un procedimiento sancionatorio.

Según trascendió, el primer paso sería la aplicación de multas a las organizaciones gremiales. El Gobierno recordó como antecedente reciente la sanción económica aplicada al sindicato ferroviario La Fraternidad por incumplir una conciliación obligatoria.

Funcionarios nacionales también indicaron que los procesos administrativos pueden extenderse durante varios meses y que, en casos extremos previstos por la legislación laboral, incluso podrían evaluarse sanciones de mayor gravedad, aunque aclararon que ese escenario requiere procedimientos mucho más complejos.

Los reclamos de CTERA

El paro nacional fue convocado por CTERA en reclamo de:

  • La convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
  • Un aumento salarial.
  • La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
  • Una nueva ley de financiamiento educativo.
  • Mayor inversión en infraestructura escolar.
  • Recursos para comedores, conectividad y programas educativos.
  • El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
  • La defensa del sistema previsional docente.

De este modo, la jornada del lunes estará marcada no solo por el conflicto salarial que impulsa el paro nacional, sino también por una nueva disputa entre el Gobierno nacional y los gremios en torno a la aplicación de la reforma laboral y el alcance de la declaración de la educación como servicio esencial.(Infobae/El Diario Nuevo Día)

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