Petroleros pidió revisar las concesiones de PAE
El secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Rafael Güenchenen, publicó un duro pronunciamiento contra Pan American Energy. El dirigente reclamó controles sobre contratación local, inversiones, producción, regalías, activos y pasivos ambientales. Además, pidió la intervención de la Legislatura provincial y advirtió que, si se comprueban incumplimientos, se debe avanzar con la reversión de áreas.
El secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Rafael Güenchenen, realizó una fuerte publicación contra Pan American Energy, a la que acusó de actuar en la provincia "como si fuera una extensión de la empresa".
El dirigente sindical planteó que ninguna concesión pública habilita a una operadora a decidir qué leyes cumple, qué información brinda o de qué manera responde frente al Estado provincial.
"Los recursos naturales pertenecen al pueblo santacruceño y ninguna empresa puede colocarse por encima de nuestras instituciones ni de nuestra gente", sostuvo Güenchenen en el comunicado.
En ese marco, el titular del SIPGER remarcó que las concesiones hidrocarburíferas tienen obligaciones concretas en materia de inversión, producción, empleo, contratación local y protección ambiental.
Para el sindicato, la discusión no se limita a un conflicto laboral, sino que involucra recursos estratégicos de Santa Cruz y el rol de control que deben ejercer los poderes del Estado.
Pedido a la Legislatura y controles sobre empleo local
Güenchenen adelantó que el gremio solicitará a la Legislatura provincial la creación de una comisión de seguimiento, fiscalización y auditoría parlamentaria sobre el accionar de PAE en Santa Cruz.
Según explicó, esa comisión debería contar con participación de áreas laborales, energéticas y ambientales del Estado para revisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.
"Si se comprueba que la empresa vulnera las condiciones de sus concesiones, esa comisión deberá impulsar las acciones correspondientes, incluido el pedido formal de reversión de las áreas", expresó el dirigente.
El planteo también apunta al control del empleo local. Güenchenen pidió que el Ministerio de Trabajo revise de inmediato los registros del SIREL y publique información clara sobre el nivel real de contratación de PAE, sus contratistas y subcontratistas.
En particular, reclamó conocer cuántos trabajadores santacruceños emplea la operadora, cuántos provienen de otras jurisdicciones y qué porcentaje efectivo acredita cada firma. "La provincia debe saber", insistió el secretario general del SIPGER.
Inversiones, ambiente y reversión de áreas
El comunicado también incluyó un pedido al Ministerio de Energía y Minería para que informe públicamente los planes de inversión y perforación previstos para 2026 y 2027, los compromisos asumidos por área, los trabajos ejecutados y aquellos que fueron postergados.
Güenchenen reclamó además que se publique información actualizada sobre producción, regalías liquidadas y mecanismos de control aplicados sobre cada concesión.
Otro de los puntos centrales fue el pedido de un relevamiento integral de los pasivos ambientales atribuidos por el sindicato a PAE. El dirigente mencionó pozos mal abandonados, locaciones sin restaurar, derrames y suelos contaminados.
"Pozos mal abandonados, locaciones sin restaurar, derrames y suelos contaminados no pueden seguir siendo tratados como un problema administrativo", señaló Güenchenen, quien vinculó esas situaciones con preocupaciones en distintas localidades por la calidad del agua y el impacto ambiental.
El titular del SIPGER sostuvo que la provincia cuenta con herramientas legales para exigir saneamiento, reparación ambiental y, ante incumplimientos graves, revisar la continuidad de las concesiones.
"La reversión de las concesiones debe dejar de ser una posibilidad teórica para convertirse en una herramienta concreta cuando una operadora incumple la ley", advirtió.
Finalmente, Güenchenen anticipó que también reclamará la intervención del Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa, para que promueva las actuaciones correspondientes frente a hechos que, según el gremio, comprometen el interés público provincial.
"Defender el trabajo y exigir que se cumplan las normas no es un delito", afirmó el dirigente. Y cerró con un mensaje directo a la conducción empresaria: "Si Marcos Bulgheroni piensa que denunciando a trabajadores va a frenar este reclamo, se equivoca. Nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestra gente y a Santa Cruz". (Fuente: El Diario Nuevo Día)

