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Robaron armas que estaban bajo custodia de un Juzgado de Santa Cruz: exigen saber si hubo sumarios y quién debía custodiarlas

El caso había provocado allanamientos, detenciones y una fuerte controversia dentro del Poder Judicial. Ahora, casi dos años después, el Colegio de la Abogacía realizó una presentación ante el Tribunal Superior para conocer qué ocurrió puertas adentro después de la desaparición de las armas.

Redacción Nuevo Día
Redacción Nuevo Día
eldiarionuevodia@hotmail.com

El robo de armas que debían permanecer bajo custodia de la Justicia de Santa Cruz vuelve a generar interrogantes.

Casi dos años después del escándalo que sacudió a Río Turbio y derivó en allanamientos y detenciones, el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) realizó una presentación formal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Esta vez la pregunta apunta directamente hacia el funcionamiento interno del Poder Judicial: ¿se investigó cómo pudieron desaparecer las armas y quién tenía la responsabilidad de custodiarlas?

El pedido que llegó al Tribunal Superior

La presentación fue realizada mediante la Nota N° 092/26-CPASC, ingresada el pasado 15 de septiembre.

Según informó oficialmente el Colegio, solicitó al máximo tribunal provincial información sobre las investigaciones administrativas y/o disciplinarias que se hubieran realizado como consecuencia de la sustracción de armas que estaban bajo custodia del Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio.

Pero el planteo no termina allí.

La entidad también pidió conocer en qué condiciones se encontraban guardadas las armas, qué mecanismos de control existían y si fueron investigadas eventuales responsabilidades funcionales por lo sucedido.

El reclamo vuelve así sobre una cuestión especialmente sensible: las armas no habían sido sustraídas de una vivienda particular o un comercio, sino de un lugar en el que debían permanecer bajo custodia judicial.

El antecedente: seis detenidos

El caso había tenido fuerte repercusión en diciembre de 2024 y fue informado entonces por El Diario Nuevo Día.

La investigación derivó en el operativo denominado "Empleado Infiel", que incluyó seis allanamientos y terminó con seis personas detenidas.

Entre ellas había dos efectivos policiales y un empleado judicial, investigados por su presunta participación en la comercialización clandestina de armas que habían sido sustraídas del depósito judicial.

El episodio provocó además una fuerte controversia institucional.

En aquel momento, Judiciales de Santa Cruz llegó a solicitar al Tribunal Superior de Justicia el inicio de un jury de enjuiciamiento contra la entonces titular del Juzgado Provincial N° 1 de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, Betina Bustos, a raíz de las presuntas irregularidades denunciadas en torno al funcionamiento del organismo.

Ahora aparece un nuevo capítulo.

¿Qué pasó dentro del Juzgado después del robo?

La presentación del Colegio de la Abogacía pone el foco precisamente sobre lo que ocurrió administrativamente después de aquella investigación penal.

Una cosa es determinar quién pudo haber sustraído o comercializado las armas.

Otra diferente es establecer cómo elementos que estaban bajo custodia de la Justicia pudieron salir del lugar en el que debían permanecer resguardados y si existieron fallas o responsabilidades internas que lo hicieron posible.

Eso es lo que ahora el CPASC pretende conocer.

El Colegio solicitó expresamente información sobre las investigaciones administrativas o disciplinarias desarrolladas a raíz del episodio y sobre las condiciones de guarda y control existentes.

También pidió saber si fueron analizadas eventuales responsabilidades funcionales.

Un reclamo que aparece en medio de otro debate

Existe además un dato que vuelve particularmente relevante el momento elegido para realizar la presentación.

Según informó el propio Colegio, el pedido fue formulado luego de que se hiciera pública la terna correspondiente al Concurso Múltiple N° 115 del Consejo de la Magistratura.

El CPASC no informó públicamente una conclusión sobre responsabilidades individuales a partir de ese concurso, pero sí vinculó temporalmente la solicitud de información con la publicación de la terna.

La presentación obliga ahora a volver sobre un episodio que había tenido enorme repercusión penal, pero sobre el cual queda una pregunta institucional de fondo:

¿qué determinó el Poder Judicial sobre la custodia de las armas y las responsabilidades internas después de que se descubriera que habían sido sustraídas?

Casi dos años después, esperan respuestas

El planteo forma parte de una serie de presentaciones realizadas durante los últimos días por el Colegio Público de la Abogacía ante el Tribunal Superior de Justicia.

También hubo reclamos relacionados con demoras judiciales, funcionamiento de juzgados, recursos y otras dificultades planteadas por profesionales de distintas localidades.

Pero el caso de Río Turbio tiene una particularidad.

Involucra elementos vinculados con expedientes judiciales que estaban bajo resguardo de un organismo encargado precisamente de custodiar pruebas y garantizar su preservación.

Por eso, casi dos años después del operativo que puso el caso en conocimiento público, la discusión ya no pasa solamente por recordar que las armas desaparecieron.

La pregunta que vuelve a quedar sobre la mesa es qué investigación interna se realizó, qué concluyó y si finalmente se estableció quién debía garantizar que esas armas nunca salieran del depósito judicial.

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