PENÍNSULA DE MAGALLANES

Venta de tierras frente al glaciar: qué cuestiona la oposición y lo que deberá responder Garay en la legislatura

La venta de tierras en Península Magallanes a capitales extranjeros volvió a quedar en el centro de la agenda de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. El diputado de Unión por la Patria Carlos Godoy, autor del proyecto de resolución aprobado por mayoría para pedir información al Poder Ejecutivo, cuestionó la utilización de una excepción, reclamó conocer en detalle a los compradores y planteó que debería realizarse un nuevo estudio de impacto ambiental y audiencias públicas

Redacción Nuevo Día
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La discusión por la autorización excepcional para la venta de tierras privadas ubicadas en Península Magallanes, en inmediaciones del glaciar Perito Moreno, llegó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz y ahora la oposición prepara una serie de preguntas para el Gobierno provincial.

El diputado de Unión por la Patria Carlos Godoy, autor del proyecto de resolución aprobado por mayoría en la última sesión, sostuvo que el objetivo es acceder a toda la documentación, analizar el expediente y determinar si corresponde citar a funcionarios para que brinden explicaciones ante las comisiones legislativas.

El expediente, según se informó en la entrevista emitida por Radio Nuevo Día, tiene casi 500 páginas y el primer documento oficial ya fue remitido por el Poder Ejecutivo a la Legislatura.

Godoy explicó que la oposición tomó conocimiento del caso a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial. Según señaló, el decreto había sido firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de septiembre.

A partir de allí, su bloque impulsó inicialmente una cuestión de privilegio y luego un proyecto de resolución para solicitar el expediente y avanzar con un pedido de explicaciones a los responsables.

El primer cuestionamiento: una autorización "excepcional"

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Godoy está vinculado con el mecanismo utilizado para habilitar la operación.

El legislador sostuvo que está "totalmente en desacuerdo" con la decisión de recurrir a un decreto de excepcionalidad para permitir la venta de las tierras a capitales extranjeros y remarcó que, a su criterio, el caso requiere un análisis más profundo por las características del lugar.

"No estamos en desacuerdo con inversiones turísticas, inversión extranjera o cualquier tipo de inversión", aclaró durante la entrevista, pero inmediatamente diferenció ese planteo de lo que ocurre con Península Magallanes.

Para el diputado, la discusión central está relacionada con el lugar donde se encuentra el inmueble, las restricciones existentes y los antecedentes ambientales que, según indicó, ya fueron analizados en otras oportunidades.

Godoy planteó además que, si el Gobierno provincial venía evaluando desde hacía aproximadamente un año la posibilidad de avanzar con el proyecto turístico, como habría señalado el gobernador Claudio Vidal, la Cámara de Diputados debería haber tenido mayor participación en el proceso.

"Me parece que también tendría que haber estado involucrada la Cámara de Diputados", sostuvo.

El planteo opositor apunta así no solamente al resultado de la operación, sino también al procedimiento utilizado para llegar a la autorización.

El antecedente ambiental que preocupa a la oposición

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el antecedente ambiental de Península Magallanes.

Godoy sostuvo que se trata de un área protegida o reservada y recordó que anteriormente existieron conflictos vinculados con propietarios privados que llegaron incluso al Tribunal Superior de Justicia.

Según el relato del diputado, en aquel antecedente se había solicitado la realización de un proyecto de impacto ambiental y, a partir de ese análisis, se habría determinado que no correspondía avanzar con un proyecto turístico debido al impacto que podía generar en el sector.

El legislador cuestionó que ese antecedente sea utilizado ahora como referencia para la nueva autorización sin que, según su interpretación del expediente, exista un nuevo estudio específico relacionado con la operación actualmente planteada.

"Se tendría que pedir un nuevo proyecto de impacto ambiental", afirmó.

Para Godoy, ese eventual nuevo estudio debería incluir además audiencias públicas y mayor información sobre las características del proyecto.

La discusión ambiental constituye uno de los ejes que la oposición pretende llevar a las comisiones de la Legislatura.

Quiénes están detrás de la operación

Otro de los interrogantes que el bloque opositor busca despejar tiene que ver con la identidad de quienes adquirirían las tierras.

Durante la entrevista, Godoy hizo referencia a capitales provenientes de Emiratos Árabes y sostuvo que una de las cuestiones que pretenden determinar es quiénes son concretamente los compradores, con nombres y apellidos.

El diputado también manifestó reparos por la constitución, meses antes de la operación, de una sociedad vinculada al emprendimiento que se pretende desarrollar.

En ese sentido, planteó que la Cámara debe conocer quiénes son los integrantes de esa sociedad, cuáles son sus antecedentes y qué proyecto pretenden desarrollar en el lugar.

"Si nosotros empezamos a analizar quiénes son los capitales, nombre y apellido, a ser concreto, esa información es la que hoy por hoy nosotros vamos a estar analizando", expresó.

El planteo, de acuerdo con sus declaraciones, no apunta a cuestionar por sí mismo el origen extranjero de una eventual inversión, sino a exigir información completa sobre la operación y el proyecto.

La posibilidad de citar al presidente del Consejo Agrario

Con el expediente ya en poder de la Cámara, el próximo paso que evalúa la oposición es determinar qué comisión o comisiones podrían intervenir.

Godoy señaló que existe predisposición del presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para acercarse a la Legislatura y brindar explicaciones.

Sin embargo, el diputado explicó que primero analizarán la documentación y, a partir de allí, definirán el mecanismo.

"Nosotros vamos a determinar qué comisiones se puede llegar a citar al presidente del Consejo Agrario", explicó.

Las alternativas que mencionó fueron una convocatoria en el marco de una comisión, la conformación de una comisión especial o incluso una citación para la próxima sesión ordinaria.

El legislador aseguró que su bloque ya está preparando "una serie de preguntas concretas" para avanzar sobre los puntos que considera más sensibles del expediente.

El planteo por la compra de las tierras por parte de la Provincia

Entre los elementos que Godoy destacó durante la entrevista aparece además una alternativa que, según indicó, figuraría en el expediente: la posibilidad de que la Provincia hubiera adquirido las tierras.

El diputado afirmó que Santa Cruz tuvo la oportunidad de comprar esos terrenos por "3 billones de dólares" y cuestionó que no se haya optado por esa alternativa para mantenerlos bajo protección estatal.

Godoy sostuvo que, desde su perspectiva, una eventual adquisición estatal debería haber tenido como objetivo preservar el área y no posteriormente disponer de ella para una nueva venta a capitales privados.

"Hubiese sido considerado una acción importante, pero no para que la provincia después pueda venderla a capitales privados, sino justamente para tenerlo como área protegida", planteó.

El argumento opositor vuelve así a colocar el eje en la tensión entre desarrollo turístico, inversión privada y preservación ambiental.

"Hay que pensar la cuestión ecológica"

Godoy también vinculó la discusión sobre Península Magallanes con la situación de los glaciares.

Durante la entrevista hizo referencia a información sobre el retroceso del glaciar Perito Moreno y sostuvo que el avance de proyectos de infraestructura en zonas cercanas requiere mayores controles ambientales.

"Tenemos que cuidar los glaciares", afirmó.

En esa línea, cuestionó el eventual impacto que podrían generar las obras proyectadas y mencionó que el proyecto pasaría de 24 a casi 30 módulos, según la información que manejan desde la oposición.

A su entender, el tamaño y las características de las obras hacen necesario evaluar de manera precisa las consecuencias ambientales antes de autorizar cualquier avance.

"Cada acción que hace el hombre en sí tiene un impacto", sostuvo el diputado, quien anticipó que su bloque solicitará información específica sobre este aspecto.

La oposición habla de "improvisación"

Además de los cuestionamientos ambientales y administrativos, Godoy anticipó que Unión por la Patria buscará poner bajo discusión la forma en que el Ejecutivo provincial tomó la decisión.

El legislador afirmó que la estrategia del bloque será formular preguntas que permitan determinar si existió una planificación suficiente y si se respetaron todos los antecedentes y procedimientos correspondientes.

Incluso adelantó que buscarán dejar en evidencia lo que, desde su perspectiva, constituye "improvisación" por parte del Gobierno provincial.

"Tenemos todos los fundamentos para poder debatir esta decisión política que toma el gobernador de manera unilateral", afirmó.

Se trata, en este punto, de una valoración política del diputado y no de una conclusión independiente sobre el expediente.

Qué deberá responder el Gobierno

Con el expediente en manos de la Cámara, la discusión ahora se traslada a las comisiones legislativas.

Los principales interrogantes planteados por Godoy y la oposición pueden resumirse en varios puntos:

  • Por qué se recurrió a una autorización excepcional para concretar la operación.
  • Cuáles son los antecedentes ambientales existentes sobre las tierras.
  • Si corresponde realizar un nuevo estudio de impacto ambiental antes de avanzar con el proyecto.
  • Si habrá audiencias públicas y qué alcance tendrán.
  • Quiénes son exactamente los compradores y cuáles son los capitales involucrados.
  • Qué sociedad interviene en la operación, cuándo fue constituida y quiénes la integran.
  • Qué proyecto turístico se pretende desarrollar y cuáles serían sus características.
  • Qué impacto ambiental podrían generar las obras, particularmente por su cercanía con el área protegida y el glaciar.
  • Qué funcionarios participaron de la decisión y cuáles fueron sus fundamentos.
  • Qué antecedentes existen sobre una eventual posibilidad de compra por parte del Estado provincial.
  • Por qué la Cámara de Diputados no tuvo participación previa, si, según sostuvo Godoy, el Gobierno venía analizando el proyecto desde hacía aproximadamente un año.

La oposición pretende que estos puntos sean respondidos con documentación y, eventualmente, en una instancia presencial ante las comisiones.

Una discusión que ahora llega a la Legislatura

El proyecto de resolución aprobado por mayoría no tiene fuerza de ley, pero constituye un pedido institucional de la Cámara al Poder Ejecutivo para que aporte información sobre la operación.

El envío del expediente abre ahora una nueva etapa: los legisladores deberán analizar la documentación y definir si corresponde citar a funcionarios, convocar al presidente del Consejo Agrario o avanzar con una comisión específica.

Para Godoy, el objetivo inmediato es obtener respuestas y determinar si la autorización excepcional se ajusta a los antecedentes ambientales, administrativos y legales del área.

La discusión, por lo tanto, ya no se limita a la autorización de una venta de tierras privadas. El eje del debate legislativo estará puesto también en qué controles se aplicaron, qué proyecto se pretende desarrollar frente a un área de alto valor ambiental, quiénes están detrás de la inversión y por qué el Ejecutivo decidió avanzar mediante una excepción.

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