Justicia Argentina

Presentan un hábeas corpus para presos sin condena

Lo hicieron ante la Suprema Corte. Es para descomprimir las cárceles que se encuentran hacinadas. El pedido será respondido la semana que viene.
sábado, 3 de octubre de 2015 · 12:06

La superpoblación y el hacinamiento en la cárceles locales no es una novedad. Mendoza está muy por encima de la media nacional en cuanto a cantidad de presos cada 100 mil habitantes. Esta situación de crisis en los penales llevó a organizaciones y abogados a presentar un hábeas corpus colectivo, en el que se pide que se revise la situación procesal de los detenidos sin condena.

El pedido fue presentado el 30 de setiembre ante la Suprema Corte de Justicia por la fundación Xumek, presidida por el abogado Lucas Lecour; el procurador de las personas privadas de la libertad, Fabricio Imparado; el comité provincial para la prevención de la tortura y el abogado Diego Lavado.

Básicamente, lo que pretenden lograr con la presentación es que se analice la situación de los detenidos procesados (es decir, los que no han sido condenados) que hay en los cinco penales locales. "Actualmente se encuentran privadas de la libertad más de 4.000 personas en las cárceles de la provincia, de las cuales el 45% se encuentran procesadas, es decir sin sentencia firme", comunicaron las organizaciones. 

Este número desencadena una superpoblación preocupante ya que la infraestructura no es la adecuada para alojar a tamaña cantidad detenidos.

Esto genera hacinamiento, falta de higiene, violencia, entre otros problemas. Para los denunciantes, esto, sumado al "encarcelamiento indiscriminado", genera un "agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención" que "ponen en riesgo la integridad física y psíquica" de los internos.

El hábeas corpus deberá ser respondido la semana próxima. 

Números escandalosos
Casi la mitad de las personas privadas de su libertad todavía no ha sido condenada. Es por eso que, en este caso, el hábeas corpus se presenta de manera colectiva ya que las circunstancias de alojamiento afectan al total de los presos y no a uno en particular.

Según datos de febrero de 2015 -presentados por el Servicio Penitenciario local-, de 4 mil detenidos, 874 se encontraban privados de su libertad por orden de un fiscal de instrucción, en muchos casos excediendo el plazo de diez días que tienen los magistrados para pedir ante la Justicia de Garantías la prisión preventiva.

Mendoza se encuentra por encima de la media nacional en cuanto a cantidad de detenidos: el promedio de prisionización es de 152 cada 100 mil habitantes y nuestra provincia tiene 213.

"Se ha llegado a comprobar hasta diez personas alojadas en celdas de 2,5 metros por 3,5, durmiendo siete de ellas en el suelo, por lo que los niveles de hacinamiento, sobrepoblación y consecuente violencia intra-carcelaria han llegado a niveles críticos e insostenibles", dicen los denunciantes.

Del total de la población carcelaria, el 88 por ciento (un poco más de 3.200) tiene causas relacionadas con la Justicia local y el resto por la Federal. De ese total, unas 1.500 personas (sin contar las 400 de la justicia federal) esperan llegar a juicio. "Gozan de presunción de inocencia pero por algún dudoso criterio representan un riesgo" a la investigación, sugiere el hábeas corpus y advierte que una sucesiva construcción de complejos penales no es la solución. 

 

 

Teniendo en cuenta el aumento durante los últimos años, se estima que el crecimiento anual de la población penal es del 10 por ciento.    

La acción penal incluye el pedido de que se cumplan los plazos de prisión preventiva, hace una crítica de la resolución 196 que trata, entre otras cosas, sobre la "personalidad moral" como criterio para tener en cuenta al momento de ordenar la detención de una persona, la revisión de controles jurisdiccionales (pedidos hechos por la defensa de los detenidos y que deben resolverse en un máximo de 24 horas, plazo que muchas veces no se cumple)".

Además pide revisar la situación de las defensorías oficiales y dotarlas de recursos materiales y humanos y sugiere implementar medidas alternativas y menos gravosas que la detención de una persona en un establecimiento carcelario, como la imposición de la prisión domiciliaria.