Neuquén

Por primera vez, un jurado mapuches y criollos actuará en Neuquén en un juicio por intento de homicidio

Neuquén se prepara para hacer historia. Por primera vez en la Argentina y en la región, un jurado mixto compuesto por seis criollos y seis mapuches juzgarán a tres integrantes de esa comunidad patagónica.

La medida está contemplada en el artículo 198 del nuevo Código Procesal Penal provincial, que prevé que la mitad de los miembros pertenezcan al mismo entorno "social y cultural de los imputados". De los tres sospechosos, Relmú Ñamku, de 31 años, es la más complicada. Está acusada de intentar asesinar a Verónica Pelayes, una empleada judicial que no volvió a trabajar tras haber recibido una fuerte pedrada en la cara en diciembre de 2012, en el marco de una protesta social.



Luego de varias postergaciones, el debate oral por el que desfilarán unos 50 testigos, comenzará el lunes 26 de octubre y se extenderá por lo menos dos semanas. Antes, el martes 13, se sortearán 30 personas del padrón de jurados de la provincia y siete días más tarde, el martes 20, se definirán los 12 integrantes del jurado final y sus suplentes.



"En Neuquén los juicios por jurado se realizan cuando la expectativa de la pena es de 15 años para arriba. En este caso es extremadamente excesivo contemplarlo, aunque es consecuente con la persecución a las comunidades indígenas", explicó a Tiempo Argentino, el abogado de Ñamku, Darío Kosovsky.



"Una vez sorteadas las primeras 30 personas tenemos una semana para estudiar y analizar sus perfiles. Después, son entrevistados por las partes en la audiencia de selección para advertir si tienen causalidades de parcialidad de exclusión", continuó el abogado, quien agregó que tanto la acusación como la defensa tienen "un comodín" para descartar a un jurado cada uno "sin causa".



Desde la Oficina Judicial de Zapala informaron que durante el debate oral habrá un intérprete de chedungun-mapudungun y garantizaron la proporción equilibrada de mapuches en el jurado. Sin embargo, los referentes de la comunidad Winkul Newen, a la que pertenecen dos de los imputados, sembraron sus sospechas con respecto al modo de selección.



Kosovsky argumentó que los representantes de los pueblos originarios serán elegidos del padrón de acuerdo con su apellido. "Pero no existe un índice de mapuchismo. Cabe preguntarse qué significaría serlo. Nosotros creemos que tienen que reconocer su origen territorial y familiar", precisó el abogado.



Relmú Ñamku, la principal acusada, también criticó el proceso. "Mi comunidad pertenece al Consejo Zonal Centro, pero en la provincia hay cuatro zonas más y cada una tiene su particularidad. El pueblo mapuche es muy amplio y rico. Nosotros somos rurales, vivimos de los animales en un entorno comunitario. No desconocemos a esos hermanos pero todos no comparten nuestro entorno", resumió la dirigente indígena.



La Comunidad Winkul Newen está situada en el Paraje Portezuelo Chico, a unos 50 kilómetros de Zapala. En ese territorio, considerado ancestral por sus pobladores, se encuentra el Yacimiento Portezuelo Norte, donde hay diez pozos de petróleo y gas a cargo de la Empresa Apache. Sin embargo, desde 2012 que no se realizan tareas extractivas porque las diez familias mapuches que habitan el lugar dicen que están resguardando el medio ambiente.



La Subsecretaría de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de Neuquén venía instando a Apache a sanear la zona desde 2011. Pero las partes nunca lograron ponerse de acuerdo y las medidas de protesta fueron incrementándose: la comunidad local bloqueó el ingreso de suministros a la empresa y las mujeres mapuches habían llegado a rociarse con combustible. Relmú Ñamku fue una de esas mujeres.



El punto de no retorno ocurrió el 28 de diciembre de 2012, cuando la jueza Ivonne San Martín del Juzgado de Zapala ordenó desalojar la zona. La comitiva empresarial y judicial llegó en el peor momento. "La comunidad estaba despidiendo los restos de una beba cuando se encontraron con una retroexcavadora, tres camionetas de seguridad de la petrolera, policías y varios abogados de la petrolera", contó Kosovsky.



La notificadora Verónica Pelayes llegó a entrevistarse con las mujeres de la comunidad pero inmediatamente la echaron. Relmú Ñamku fue una de las que le gritó: "Andate de mi casa. No te queremos acá." Pelayes, decidida, se volvió hacia las máquinas y dio la orden para que avanzaran.



Al mismo tiempo, una lluvia de piedras fue arrojada contra la topadora y las camionetas. La peor parte se la llevó Pelayes, que recibió una pedrada en el rostro que le fracturó el tabique, le cortó la cara y le dañó la dentadura.



Ñamku fue acusada de intento de homicidio, mientras que Martín Meliqueo y Mauricio Raín –de una comunidad vecina– fueron imputados por daño agravado. "Nos da cierta inseguridad este proceso. La cuestión indígena se está desbordando por todos lados y tememos que sea un juicio ejemplificador", dijo Ñamku.



La víctima demandó al Estado



La oficial de justicia Verónica Pelayes demandó al Estado de Neuquén y a la petrolera Apache Energía Argentina SRL por seis millones y medio de pesos por los daños psíquicos, físicos y haber afectado su proyecto de vida. En su denuncia, la mujer explica que la jueza Ivonne San Martín de Zapala la intimidó y presionó para que ella fuera a notificar, fuera de su horario de trabajo y en el último día hábil de 2012, a la comunidad de Winkul Newen sobre la orden de desalojo.  



La causa recayó en un juzgado civil de Zapala que se declaró incompetente para actuar ya que no se trataría de una demanda civil común sino que va contra el Estado por haber violado sus obligaciones. De esta forma, tendría que intervenir un juzgado contencioso administrativo, pero como Neuquén carece de este fuero, el Tribunal Superior de Justicia será quien analizará, finalmente, el expediente. Pelayes está asesorada por el abogado Julián Álvarez, quien también representa a la Sociedad Rural de Neuquén.



 


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