Millonario contrabando de la Iglesia Adventista: cómo fue la maniobra

Ocurrió en julio pasado: la Aduana detectó en Zárate un megaenvío de artículos electrónicos de alta gama enmascarado como “donación” para una universidad para evadir impuestos. El juez Adrián González Charvay procesó a la cúpula argentina del culto tras allanar varios templos. Las escuchas del caso


El 22 de julio del año pasado, Jorge de Sousa Matías comentó
a un confidente desde su teléfono celular, claramente preocupado: "No para
que lo comentes, pero por ahora estamos mal, nos bajaron todo y hace tres días
que están abriendo cada caja. Sigan orando". Quizás, de cara a la
situación, el hombre necesitaba más que plegarias para salvarse. Cuatro días
después de aquel llamado, De Sousa Matías recibió una comunicación de una mujer
de su entorno con una sugerencia un poco inusual para un hombre de su
investidura y fe: "Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que
se pueda hablar?". "Buena idea", respondió el hombre:
"Estamos viendo lo del político influyente".


De Sousa Matías, al momento de esa comunicación, era el
vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, el ala educativa en Entre
Ríos de uno de los mayores cultos cristianos de la Argentina, precisamente, la
Iglesia Adventista, o, tal como está inscripta ante la AFIP, la Asociación
Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, con 1055 templos inscriptos en su
unión en todo el país.


Sin embargo, lo que De Sousa Matías ignoraba al hablar con
tanta preocupación como soltura era que su teléfono estaba siendo intervenido
por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa
instruida junto al secretario Matías Latino. Poco después, el vicerrector y
pastor terminaría allanado y detenido. No estaba solo en el expediente: la
cúpula nacional del culto cayó junto a él. Fueron investigados Carlos Ursus
Gill Krug, también pastor y presidente de la Asociación, Carlos Daniel Gimenez
Graf, su tesorero y Roberto Osvaldo Giaccarini, director de ADRA, la asociación
de ayuda humanitaria del culto así como apoderado de la Asociación. La acusación
en su contra: contrabando.


El caso estalló en julio último en la terminal Zárate de la
Aduana. Dos contenedores provenientes de Estados Unidos con mercadería marcada
como "donación" eran el problema. El remitente era, precisamente, la
asociación ADRA y estaban destinadas a la Universidad Adventista en Entre Ríos.
En las cajas "se advirtió la existencia de insumos hospitalarios con
vencimiento operado y/o en mal estado; distintos productos sin sus respectivos
envoltorios; desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en
hospitales, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos", detalla
un documento en la causa.


Se detectaron conectores y catéteres en las listas, kits
femorales inutilizables, viejas máquinas averiadas o desarmadas, monitores
hospitalarios con la leyenda "out of service", así como insulina y
heparina vencidas. Esto constituye una clara violación a las regulaciones del
ANMAT, pero entre jeringas, en cajas mal embaladas, se encontró un mal quizás
mayor: 14,8 millones de pesos en artículos electrónicos. Todo esto, declarado
bajo información falsa o directamente sin declarar, incluso con una carta de
alta de donación de la AFIP lograda días antes, lo que garantizaría evitar
pagar cualquier impuesto. Nilda Beatriz Saira, la despachante de Aduana a cargo
del envío, fue quien consiguió dicho código de alta y fue también investigada e
imputada por González Charvay.


La lista de electrónicos resultó sorprendente. Todo fue de
alta gama. Seis televisores Samsung Smart, trece computadoras HP, cinco
televisores Sony Bravia 74.5, cámaras de video HD, iPads, iPhones, computadoras
iMac, un grupo electrógeno, potencias para auto, una impresora 3D, una consola
de sonido profesional Yamaha QLS valuada en 30 mil dólares y hasta un tractor
cortacésped fueron parte de la lista. Ayer por la tarde, González Charvay
procesó a los jefes de la Iglesia y a la despachante de Aduana, en un documento
al que accedió Infobae. El juez los imputó por defraudar "mediante ardid y
engaño el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al
servicio aduanero" con "la presentación de documentos ideológicamente
falsos y declaraciones engañosas". La maniobra cometida fue descripta en
detalle. Los trucos, por lo visto, son muchos. 


En su indagatoria, el pastor De Sousa Matías respondió sobre
los artículos médicos vencidos con una excusa curiosa: dijo que era para
"un centro de simulación médica" con fines educativos, "el único
en el país", para ser usado con fines educativos, no en seres humanos sino
"en muñecos". El pastor Gill Krug, por su parte, aseguró no saber
nada en su propia indagatoria y cargó todo el peso en el vicerrector de la
Universidad. La despachante Saira aparece con consejos para el ardid. "En
lugar de pantallas que diga equipamento para aulas", le escribe a De Sousa
Matías en un mail. El hombre cuenta luego en un correo electrónico a una
tercera persona cómo Saira se ofreció a "ir a Cancillería" para
agilizar trámites con el Consulado argentino en Washington D.C.


De Sousa, por su parte, fue señalado como el responsable de
recolectar las donaciones del culto para Argentina en Estados Unidos. La
división Delitos Federales de la Policía Federal fue la encargada de investigar
la documentación secuestrada, una pesquisa que llegó hasta la sede porteña del
culto adventista en la calle Uriarte. Delitos Federales detectó que toda esta
maniobra de envíos disfrazados se vendría realizando al menos desde 2013.
También, la división determinó que existe un amigo americano: un tal "John
Grinswell", con base en Texas, que se habría encargado de canalizar a
través de ADRA compras en sitios como Amazon y Best Buy con pagos vía Paypal,
el servicio online de depósitos con tarjeta de crédito, algo fácilmente
rastreable.


Esto es un giro inaudito para una organización a simple
vista higiénica en sus manejos que hace de la vida recta y sin vicios el centro
de su discurso. La Iglesia Adventista no solo controla la Universidad en Entre
Ríos: cuenta con clínicas y sanatorios en zonas como Belgrano, además de sus
"centros de vida sana" para tratar adicciones, tabaquismo y obesidad.
Controla también la cerealera Granix, reconocida por sus galletitas entre otros
productos.


Con 25 domicilios fiscales en todo el país, al menos para la
Asociación y sin contar múltiples subsidiarias y satélites, la Iglesia creció
exponencialmente en la última década. En 2006, por ejemplo, cerró su balance de
acuerdo a registros comerciales con un activo de 203 millones de pesos. Dos
años después, esa misma categoría ascendió a 275 millones. Hoy, el poderío es
mucho mayor: los últimos datos del Banco Central reflejan una deuda reciente de
la Asociación entre cinco bancos de 210 millones de pesos en total. (Infobae)

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