Odebrecht: habían existido alertas por sobreprecios en los gasoductos

La AGN y la Sigen habían señalado fuertes irregularidades; Odebrecht lo rechaza
domingo, 11 de junio de 2017 · 11:32
Durante el kirchnerismo se activaron fuertes señales de alerta por posibles sobreprecios, irregularidades y falta de controles en la megaobra de los gasoductos que ejecutó Odebrecht. Según documentos a los que accedió LA NACION, dos organismos de control ya advertían sobre posibles anomalías en 2012 y 2014. Pero sus voces fueron desoídas.

Las consecuencias recién llegaron con el cambio de gobierno: ante las sospechas, el Ministerio de Energía dio de baja el contrato con Odebrecht y Nación Fideicomisos radicó una denuncia penal, tal como reveló LA NACION en noviembre.

Presuntos sobreprecios en materiales, pagos sin control, redeterminaciones de costos que no tendrían justificación y la aparición de datos contables en planillas de Excel fueron algunas de las faltas detectadas en la obra de los gasoductos. Así surge en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2012 y en otro de la Sigen de 2014 .

Fuentes allegadas a Odebrecht, sin embargo, negaron tajantemente esas evaluaciones. "No hubo sobrecostos y los precios promedio de las obras están alineados con los valores internacionales y fueron inferiores a contratos similares realizados en la Argentina", señalaron.

La obra de los gasoductos se soportó con una compleja ingeniería financiera. En 2005 el Ministerio de Planificación elaboró un "plan de acción" para ampliar la capacidad de transporte de gas en el país, siendo la Secretaría de Energía -por entonces encabezada por Daniel Cameron- la "organizadora del programa".

sabe la tierra
Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) lanzaron concursos abiertos bautizados "open seasons" para hacer las ampliaciones, que consistían en la aplicación de cañería paralela (loops) a los gasoductos existentes más la instalación de plantas compresoras. Los costos al inicio de las obras fueron US$ 924 millones para TGN y US$ 1422 millones para TGS.

Albanesi SA y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) resultaron contratadas y, a su vez, ambas subcontrataron a Odebrecht para realizar los trabajos de ingeniería.

Las obras debían ser financiadas con cargos en las tarifas a los grandes usuarios o con programas de crédito, no pudiendo destinarse dinero público. Con el fin de administrar los fondos se constituyeron fideicomisos en el ámbito del Banco Nación.

El Enargas fue el encargado de estipular los precios de los trabajos. Para la AGN, ese ente "diseñó una metodología ad hoc" de muy difícil control. Otra de las debilidades del proyecto fue que se consideró "no procedente" enmarcarlo en el Régimen de Obra Pública.

Presuntos sobreprecios
Según pudo conocer LA NACION, Cambiemos advirtió posibles sobreprecios en "materiales críticos", es decir, en caños y chapas importadas por Odebrecht desde Brasil. El Gobierno verificó precios excesivos al acceder a la factura que el proveedor de esos insumos -Confab, subsidiaria de Techint en Brasil- le había remitido a la gigante brasileña.

"Los precios fueron verificados con los costos del mercado. Además del costo del material per se, también se incluyó el transporte hasta el puerto de origen, flete marítimo y desembarque. Por tal motivo hubo montos diferentes", se defendió Odebrecht.

Otro de los indicios para el Gobierno fue la comparación de los valores de dos plantas compresoras claves, Beazley y Pichanal, siendo la primera "llamativamente 400% más cara que la segunda". Para Odebrecht, sin embargo los precios "no son comparables por las características específicas de cada una".

Finalmente, la planta Beazley no se ejecutó. Y Pichanal mostró otros problemas, como el llamado "plan de remediación social" por el cual, según una fuente oficial, "se pagaron millones pesos cash a dirigentes piqueteros para que no tomen la obra". Según la Sigen, existió "falta de rendición de cuentas por donaciones en efectivo a organizaciones sociales".

El informe de la AGN
La AGN, en tanto, hizo otras advertencias. En su informe, señaló, que los pagos a Odebrecht muchas veces se apartaron del contrato original. "Los valores reconocidos de obra y las redeterminaciones de precios modificaron las cláusulas contractuales", señaló. Para el organismo, la brasileña emitió múltiples notas de crédito por lo que denominó "valores extra" que generaron discrepancias con las pautas originales.

El organismo también habló de "inconsistencias en la documentación". Por ejemplo, con datos contables volcados "en planillas de Excel sin documentos de respaldo". En tanto, para registrar los avances de obras se remitieron 40 "minutas de certificación", que "sólo se encontraban firmadas por Odebrecht sin certificación de la secretaría de Energía". El organismo también detectó inconsistencias en órdenes de compra por la confusión entre pesos y dólares.

La AGN achacó que la Secretaría de Energía nunca ejerció su función de control y que le delegó a Nación Fideicomisos la libre administración de los fondos, en tanto que el Enargas no hizo las inspecciones de campo que debía. Para Odebrecht, sin embargo, el Enargas no tuvo potestad alguna "sobre un contrato entre dos empresas privadas que pactaron libremente el precio y las condiciones".

"Estas negociaciones dieron por corolario que gran parte de las obras fueron realizadas a menor costo que el previsto en los contratos", aseguraron cerca de la gigante brasileña.

Irregularidades con diferencias del 400%
Cambiemos advirtió posibles sobreprecios en "materiales críticos", es decir, en caños y chapas importadas por Odebrecht desde Brasil. Para la empresa no se tuvieron en cuenta los costos de flete marítimo e importación, entre otros.

El Gobierno advirtió una "llamativa diferencia del 400%" entre los valores de dos plantas compresoras contemporáneas. Odebrecht asegura que ambas tenían características muy diferentes.

Para la AGN, los pagos a Odebrecht y las redeterminaciones de precios muchas veces se apartaron del contrato original. La empresa brasileña asegura que fue "un contrato entre dos empresas privadas que pactaron libremente el precio y las condiciones". (lanacion.com.ar)