Mendoza: el canibalismo que rodea a Julieta Silva

La mayoría de las jornadas del juicio por la muerte del rugbier en San Rafael son transmitidas en vivo y en directo. La postura de la fiscalía y la defensa. Un final abierto y la condena de la opinión pública.

El fiscal Fernando Guzzo lo dijo unos días después de iniciado el juicio por la muerte de Genaro Fortunato en San Rafael, a medida que los testigos fueron desfilando y aportando su versión ante las partes y desentrañó de lleno una causa de la que no participó inicialmente: se trata de un expediente que terminará definiendo la Suprema Corte o la Corte Suprema de la Nación.



Con estas palabras, no dejó mucho material para el análisis y las explicaciones pueden llegar a tener escaso sentido porque el choque de posturas es más que evidente.



El debate oral, por más que digan lo contrario, pasó a ser uno de los pasos más de esta causa con final abierto.



Básicamente, el representante del Ministerio Público dejó en claro que solicitará durante los alegatos prisión perpetua para la imputada, Julieta Silva, novia de la víctima, por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía (sostiene que tiene acreditada la relación de pareja y que se aprovechó del estado de indefensión de la víctima).



Y en caso de que el tribunal coincida con su postura respecto de la calificación, será la defensa, que apuesta por el homicidio culposo (sin intención y con una pena máxima de 5 años), la que presente un recurso de casación ante el máximo tribunal de Justicia de la provincia.



Mirando el otro lado de la pared, si los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y María Eugenia Laigle se inclinan por la postura del abogado defensor, todo el proceso será a la inversa: el fiscal recurrirá la sentencia y el sumario ingresará en ese camino sinuoso.



Cualquiera sea la definición del tribunal, puede tratarse de una batalla “eterna” si el expediente llega hasta la Corte local. Ni hablar si viaja a Capital Federal. Y, así, el fallo esperará dormido quedar firme.



Este camino puede demorarse meses, años. Hay causas que han permanecido casi una década sin resolución, como la que se conoció a través de El Sol esta semana, del ex jefe de Veteriarios del Zoo, Alberto Duarte, quien fue enviado a juicio después de nueve años de iniciada la instrucción, prácticamente, cuando ya prescribió. Este retraso les ha permitido a condenados recuperar la libertad y a familias no encontrar justicia.



Si bien todavía no lo expone oralmente porque el tribunal primero debe resolver algunos pedidos antes abrir la etapa de alegatos, está más que claro que, para el fiscal Guzzo, Silva tuvo la intención de matar a su novio con el vehículo que conducía. Sostendrá que se trató de la postura inicial de la fiscalía de instrucción, es decir, que la joven utilizó el auto como un arma letal para terminar con una vida.



Sin embargo, el abogado de la joven madre, Alejandro Cazabán, mantendrá la teoría del accidente, la que señala que su clienta nunca vio a Genaro a la salida del boliche La Mona Bar y que le pasó por arriba sin darse cuenta mientras regresaba para continuar con una discusión que habían iniciado por celos.



Más allá de las posturas, los choques jurídicos, las calificaciones y los tecnicismos que se lanzan en este tipo de procesos, que son cuestiones que tienen que definirse en los juzgados y no fuera de ellos, Julieta Silva quedó expuesta desde un principio y se mueve socialmente como una condenada más a pesar de que nadie dictó una sentencia en su contra. Basta con leer los mensajes que le dejan en la red social Facebook para darse cuenta de que, culturalmente, la sociedad no se adapta al sistema y prefiere hacer justicia por mano propia.



A Silva la exhibieron como un trofeo y la hallaron culpable antes de tiempo, apenas quedó detenida, cuando la mecánica del hecho fue muy cuestionada en instrucción. Es más, por eso llegó a juicio oral con una doble calificación, algo prácticamente inédito por estas tierras: homicidio culposo agravado en forma indistinta y/o alternativa con homicidio simple con dolo eventual. Puede tratarse de una o la otra y los testigos no ayudan demasiado a esclarecerla.



Como es una causa de difícil resolución, los argumentos de la fiscalía y la defensa durante los alegatos serán definitorios para el tribunal colegiado.



Los jueces tendrán la última palabra y saben, de antemano, que la Corte provincial no se inclina por el homicidio simple con dolo enventual en casos de personas que hayan quitado una vida sentadas en el asiento de conductor de un auto. Es por esto que Guzzo apunta al vínculo y a la alevosía.



Mientras todo esto sucede, sobrevuela la exposición mediática en la que se encuentra Silva desde el inicio del juicio. ¿Por qué la Justicia transmite en vivo las instancias del debate oral? ¿En qué se basa para hacerlo? ¿Quién se lo pidió?



La respuesta no parece ser otra que el interés mediático que despierta la actividad amateur que desarrollaba la víctima: rugbier. Además, profundizado por la clase social de sus protagonistas y una relación media tormentosa.



Algunos hablan de las nuevas tecnologías, del acercamiento entre la Justicia y la sociedad (algo que el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, viene “militando” desde hace muchos años), y, otros, de un pedido ante la imposibilidad de presenciar el proceso porque se está realizando en San Rafael, a 250 kilómetros del Gran Mendoza.



Sin embargo, algo no cierra y claramente se está en presencia de un canibalismo social pocas veces visto. Y la Justicia se prende, diseminando en vivo cada detalle del debate con dos o tres cámaras y con primeros planos “exclusivos” de los testigos y la imputada, cuando históricamente sólo se ha transmitido un proceso penal de miles: la tragedia de Turbus.



Si lo hiciera con todos los juicios que diariamente se desarrollan en la provincia, sería una cuestión irreprochable. Pero no existen demasiados fundamentos ni antecedentes para sostener la transmisión vía internet en alta definición, porque la garantía del juicio debería estar avalada con la presencia de las partes.



Así las cosas, a pesar de todo el circo que rodea el caso y el encaprichamiento de algunos personajes en dar hipótesis, conjeturas o análisis cuando todavía no se conoce el veredicto –un horror muchas veces visto por estos días y que tiene al periodismo, muchas veces, a la cabeza de las opiniones desvirtuadas–, lo más importante es que haya justicia para todas las partes. 



Es evidente que Silva cometió un delito y tiene que pagar por ello. Eso está fuera de discusión. La familia Fortunato necesita cerrar una etapa y la respuesta se la tiene que dar el Poder Judicial. Pero confirmar hipótesis de antemano cuando las pruebas no son contundentes y sentenciar a los imputados antes de tiempo son las cosas que deben evitarse para que exista eso que llamanos justicia. 


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