Tres empleados de la Aduana, detenidos por contrabando

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, presentaron el megaoperativo denominado "Alijo Guasú", en el que se desbarató a esta red internacional.

En total fueron 21 los detenidos, incluyendo a la líder del grupo y a tres funcionarios de la Aduana.

"Esta banda había establecido todo un sistema de contrabando para nutrir de artículos electrónicos a una cantidad importante de negocios en todo el país. Todos los equipos venían desde Ciudad del Este y hubo que romper muchos micros y camiones en los que escondían los elementos", precisó Bullrich.

En la conferencia de prensa celebrada en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal, en el barrio porteño de Monserrat, participaron el secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco; el titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, y el director nacional de Investigaciones, Rodrigo Bonini.

"Con parte del dinero mal habido compraban automóviles y camionetas. Además, iban armados para enfrentar a los controles que disponen las fuerzas federales en las rutas. Incautamos celulares muy viejos, similares a los que secuestramos en Rosario en varias oportunidades: las organizaciones narcos utilizan estos teléfonos antiguos para usarlos una vez y descartarlos rápidamente", señaló la titular de la cartera.

El megaoperativo "Alijo Guasú" (del guaraní "gran tráfico ilegal de mercancías") comenzó a partir de un procedimiento de rutina que realizó la Gendarmería Nacional a principios de 2017.

En ese entonces, los gendarmes interceptaron un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta Nacional número 12, a la altura de Zárate.

Proveniente de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, se decomisaron 20 teléfonos celulares que estaban ocultos en una mochila.

De esa manera, se inició una pesquisa para dar con el origen de los teléfonos y fue así que, con registros fotográficos, fílmicos, escuchas telefónicas y seguimientos sigilosos, los detectives del departamento Delitos Federales de la Policía Federal determinaron que no se trataba de un hecho aislado sino que, detrás, existía un verdadero entramado criminal.

El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, enfatizó el hecho de que las fuerzas federales "no detienen la investigación en los pasadores, en los que mueven el dinero de un lugar a otro".

"La cantidad de dinero que hemos incautado y los delincuentes que fueron detenidos son una muestra de que los operativos se realizan hasta las últimas instancias, donde podamos desarticular por completo a las bandas criminales", indicó Burzaco.

Según se informó, la organización ingresaba desde Paraguay la mercadería de contrabando, en su mayoría celulares y artículos electrónicos, a través del Puente Internacional "Tancredo Neves", cruce fronterizo con Puerto Iguazú.

Luego se comercializaban tanto por vía mayorista como minorista, principalmente en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fe y lo recaudado por la banda volvía a Paraguay.

Detalles de cómo operaba esta banda

Para llevar a cabo todo esto, la banda contaba con una estructura donde los roles estaban bien definidos.

En ese sentido, la cabecilla se encargaba de administrar la logística, en permanente contacto con los paseros, quienes ingresaban los bienes en micros, autos y camiones, y los transportistas, que solían ser camioneros o conductores de ómnibus de larga distancia.

A su vez, la principal investigada era el nexo con los empleados desleales de la Aduana, responsables de hacer la "vista gorda" durante los controles en los que entraban los artículos del contrabando.

El resto de la red delictiva estaba constituida por distribuidores y comerciantes, último eslabón de la cadena para la venta de los equipos electrónicos a clientes en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Con toda la información recabada, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ordenó 30 allanamientos: 11 en Misiones, repartidos en Eldorado, Posadas y Puerto Iguazú; siete en Capital Federal; siete en las localidades bonaerenses de Junín, Chivilcoy, Arrecifes, Villa Domínico, Temperley y Villa Madero; y cinco en la ciudad de Rosario.

Entre los productos incautados hay más de mil teléfonos celulares, más de 480 computadoras y consolas de videojuegos, cinco máquinas para contar dinero, 4.000 fundas para teléfonos móviles, 2.000 vidrios templados, 300 cargadores y 320 pantallas táctiles.

Asimismo, se decomisaron 18 autos y camionetas, cinco motocicletas, tres armas de fuego, 120 municiones y dinero en efectivo fruto de las actividades ilegales: casi un millón de pesos, más de 91 mil dólares, más de 13 mil reales, 400 mil guaraníes, 1600 euros y 10 libras esterlinas.