Justicia Argentina

Piden que no prescriban casos de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas

Lo solicitó el fiscal Carlos Rívolo en las causas que involucran a los ex funcionarios kirchneristas. El juez Sebastián Casanello hizo una reevaluación y cree que los delitos son más leves de lo que pensaba
lunes, 8 de junio de 2015 · 11:59

 

Ricardo Jaimefue quien manejó lapolítica de transporte del kirchnerismoentre 2003 y 2009.Ya estáprocesadopor enriquecimiento ilícitoy debe ir a juicio oral porque se demostró queempresarios a los que debía controlar le "alegraban" la vida con dinero.

Claudio Uberti, otro hombre de confianza de Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno nacional allá por 2003, estuvo a cargo delÓrgano de Control de Concesiones Viales(OCCOVI) y fue bautizado como "El señor de los peajes". Fue el jefe político del vuelo en el que el venezolanoAlejandro Antonini Wilsonentró al país, de manera ilegal, una valija repleta de dinero.

Jaime tiene varias causas por corrupción abiertas. En dos de ellas se comprobó que usó como si fueran propios dos autos de alta gama que estaban afectados a tareas específicas dentro del Estado.

El fiscal federalCarlos Rívolo imputó a Jaime y a Ubertipor el caso en el que el ex secretario de Transporte utilizó como si fuera propio un autoHonda Civicque estaba afectado al control de la concesión de una autopista por peaje. La empresa concesionaria se lo cedió al OCCOVI y este organismo se lo dio a Jaime, que lo usaba como su auto particular.

Jaime también se apropió de otro vehículo de alta gama: unVolkswagen Passatque había sido entregado por una empresa concesionaria de una obra pública ferroviaria para la inspección de las construcciones. Pero Jaime se lo quedó y lo usaba para ir, por ejemplo, a lacasa de fin de semana que le regaló un empresario al que benefició con la extensión de un contrato.

El caso comenzó en 2011. Cuando se inició Rívolo calificó el delito como "peculado de uso". El artículo 261 del Código Penal señala que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".

Cuando Jaime y Uberti declararon enindagatoriaen diciembre de 2013 ante el juezSebastián Casanello, se los indagó por el delito abarcado por al artículo 261 del Código Penal. En su pedido para que no prescriban los casos, Rívolo relata qué pasó en el expediente a cargo de Casanello.

Los imputados pidieron la prescripción y el juez les dijo que no porque se los investigaba de acuerdo a lo previsto por el artículo 261. Jaime y Uberti apelaron y la Sala I de la Cámara Federal mantuvo lo decidido por Casanello.

Entre la indagatoria y el 22 de mayo de 2014 hubo dos pedidos de procesamiento hechos por Rívolo. Pero nada sucedía, hasta que el juez Casanello, según explicó Rívolo, "sin que se hubiere incorporado ningún elemento que modifique la plataforma fáctica ni las pruebas que la sustentaban, que daban cuenta que la calificación legal más acertada hasta el momento resultaba ser la del art. 261 del C.P.,V.S (el juez)realizó una "reevaluación" de los mismos hechos y probanzaspor las que antes les había recibido declaración indagatoria a los imputados,y por las que –además- había resuelto rechazar el planteo de prescripción propuesto por la defensa de Uberti, y expuso una serie de argumentaciones por las quellamativa y arbitrariamente pasó a considerar que la figura que más se ajustaba a los sucesos objeto de investigación era la del art. 260 del C.P."

El artículo 260 del Código Penal señala que "será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída".

El cambio de calificación beneficia a Jaime y Uberti porque el artículo 260 prevé una pena mucho menor que el 261 y por lo tanto habría prescripto. Es decir quesi se ratifica la calificación del delito que ha sostenido Casanello, tantoJaime como Uberti serían aliviados en casos de corrupciónde cuando eran funcionarios públicos en el inicio del kirchnerismo.