Avance judicial: cerraron la causa que investigaba dónde estaban los cuadernos de Centeno

Seis de los ocho anotadores del remisero que se creían destruidos aparecieron en octubre de 2019.
sábado, 17 de abril de 2021 · 09:20

La Justicia cerró “por imposiblidad de proceder” la investigación que intentó determinar cómo fue que reaparecieron seis de los ocho cuadernos de Oscar Centero, el remisero de Roberto Baratta cuyas anotaciones fueron la clave de la causa en donde la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner fue enviada a juicio acusada de ser jefa de una asociación ilícita que pedía coimas a los empresarios que hacían negocios con el Estado.

Según el fallo al que accedió Infobae, el juez federal Julián Ercolini, a cargo momentáneamente del juzgado del fallecido Claudio Bonadio, aseguró que no hay manera de avanzar por el momento en la investigación que se abrió para saber cómo reaparecieron esas anotaciones justo antes de la elección presidencial del 2019, y por lo tanto archivó las actuaciones hasta que aparezca algún elemento nuevo para impulsar el caso. Según afirmó, las diligencias que se hicieron no habían permitido avanzar y no se podía vulnerar el derecho del periodista que se amparó en la reserva de la fuente.

“Al considerar las circunstancias concretas del caso en estudio, no se observa que sea necesario afectar un derecho tan importante como la reserva de la fuente periodística, para intentar profundizar la investigación de un ocultamiento que no logró detener el avance de la causa”, dijo el juez.

Además, en su fallo, el juez afirmó que las fotocopias de los anotadores habían sido “respaldadas por múltiples medidas”, suficientes para llevar a juicio oral a Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Baratta -entre otros funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la maniobra-.

De lo que se trata aquí es de la denuncia que impulsó el empresario Néstor Otero, concesionario de TBA y uno de los implicados en la megacausa de los cuadernos. El abogado de Otero, Mariano Fragueiro Frías, había denunciado a Centeno por encubrimiento para que se investigara si se había ocultado a la justicia una prueba clave: los cuadernos que él mismo había escrito.

Según afirmó Centeno en una de sus declaraciones, él mismo los había quemado a la parrilla cuando creyó podía usarlos su entonces amigo, Oscar Bacigalupo, a quien se los había dejado en custodia porque temor a las denuncias que estaba haciendo su ex esposa. Así lo reveló Infobae en agosto de 2018, en la nota “El día que Centeno atizó el fuego para quemar sus cuadernos”.

El contenido de los cuadernos, sin embargo, ya habían llegado a Comodoro Py en marzo de 2018 de la mano del periodista de La Nación Diego Cabot. Bacigalupo, el remisero que trabajaba con Centeno, contactó el periodista y Cabot se le entregó esas copias al fiscal Carlos Stornelli, que en ese momento instruía junto con Bonadio en la causa conocida como GNL.

Mientras los anotadores volvieron a manos de Centeno, Stornelli y el juez Claudio Bonadio comenzaron a trabajar en la investigación que sacudiría a la política en aquel momento. y terminaría con un desfile de arrepentidos, entre ellos Centeno, contando cómo se concretaron esas coimas. En ese momento, Stornelli fue hasta la casa de Centeno y tampoco encontró los originales.

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Cuando la causa ya había sido cerrada por Bonadio y el caso había sido elevado a juicio, en octubre de 2019, apenas unos días antes de la elección presidencial que convertiría a Cristina Kirchner en vicepresidencia, seis de los ocho cuadernos de Centeno aparecieron. Fue a través del propio Cabot, que contó que el 22 de octubre por la tarde había sido citado en una esquina por una persona a la que no conocía y que le hizo entregada de esos anotadores. Cabot le entregó el material a Stornelli en tribunales.

“Un hombre que no conocía me entregó en una bolsa lo que parecen los originales que en su momento me había entregado Oscar Centeno”, contó el propio Cabot. De los ocho anotadores originales, faltaban el número 3 y el número 5.

En ese contexto, el empresario Otero presentó la denuncia por encubrimiento. “Vengo a denunciar la posibilidad de que una o más personas hayan sustraído los cuadernos originales del domicilio del imputado para evitar que sean agregados al expediente”, dijo. “Al mismo tiempo que la denominada ´causa de los cuadernos´ ocupaba las primeras planas de todos los diarios del país, existía una o mas personas que, sin poder desconocer cuan trascendentales eran, ocultó los originales del accionar de la justicia por un plazo mayor a un año”.

La causa cayó por sorteo en manos del juez Ariel Lijo. Pero después de idas y vueltas terminó derivado en el juzgado federal 11, el mismo que investigaba el capítulo de los cuadernos luego del fallecimiento del juez Bonadio. En ese momento, el juez Marcelo Martínez De Giorgi había dispuesto analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona de Vicente López, el lugar en donde se habría encontrado el periodista con la persona que le dio los anotadores, pero no solo no se encontró nada sino que además provocó severas críticas de ADEPA por entender que se estaba vulnerando “el secreto profesional” con la “fuente”.

Ahora, el juez Ercolini entendió que “agotadas las medidas de prueba propuestas por las partes, sin haberse individualizado al responsable del hecho denunciado, corresponde disponer el archivo de la causa, por imposibilidad de proceder”.

A la hora de repasar las actuaciones, la fiscalía de Stornelli pidió certificar una causa contra Centeno por falso testimonio que fue cerrada por el juez Daniel Rafecas, tal como lo solicitó el fiscal Ramiro González, por entender que la denuncia no la hizo un afectado directo y porque la afirmación sobre la quema de los cuadernos había sido dicho en su indagatoria (donde podía mentir) y no en su declaración como imputado-colaborador.

Y tanto la querella de Otero como la fiscalía habían entendido que había que hacer “un estudio pericial dactiloscópico de los cuadernos” para dar con “los presuntos responsables del ocultamiento de los cuadernos”. Sin embargo, el juzgado rechazó la propuesta por entender que la medida “no era conducente” teniendo en cuenta cuándo desparecieron y cómo reaparecieron.

La querella, en tanto, pidió “un estudio de las celdas del celular del periodista Cabot, la declaración testimonial del periodista y las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde se había producido la entrega de los cuadernos”.

Sobre ese punto, Ercolini repasó los detalles de la investigación sobre las cámaras de seguridad tomadas por su colega y la respuesta del Municipio de Vicente López informando que “la capacidad de almacenamiento de las cámaras de video vigilancia era de aproximadamente 25 días, por lo que se veía imposibilitado de acceder a las filmaciones”. Solo se pudieron encontrar “fragmentos de filmaciones de operativos de la fecha indicada” de un rato antes del encuentro entre Cabot y su informante.

El juez entendió improcedente llamar a declarar a Cabot por entender que ya había explicado “detalladamente” a Stornelli las circunstancias en que le dieron por segunda vez los cuadernos, diciendo que “fue contactado por llamados telefónicos desde un número ‘desconocido’ y ‘privado’”. En ese momento, recordó, Stornelli “le preguntó si deseaba aportar mayores datos para intentar identificar a la persona que le había entregado los cuadernos y Cabot respondió que no, que se amparaba en el derecho de reserva de la fuente periodística, extendiendo ese derecho también al punto de encuentro”. El análisis del teléfono de Cabot, añadió Ercolini, atentaría “contra el derecho de reserva de la fuente periodística alegado”.

La querella de Otero discutía que pudiera tratarse una “fuente” porque el propio periodista había dicho que no conocía a la persona que le entregó el material.

Sin embargo, el juez afirmó que “teniendo en cuenta que este tribunal no advierte la existencia de medidas conducentes no propuestas por las partes, sólo quedarían pendientes las últimas dos analizadas, que se enfrentan al derecho de reserva de fuentes expresamente alegado por el periodista”. A criterio del juez, en base a las actuaciones, no puede avanzarse sobre ese derecho teniendo en cuenta que las anotaciones fueron “corroboradas por múltiples elementos probatorios que dieron lugar a procesamientos”, en un expediente que instruyó Bonadio y fue elevado al Tribunal Oral Federal 7. “Esto muestra que los datos contenidos en las anotaciones fueron suficientes para permitir el avance de la causa, sin perjuicio del soporte en que estuvieran asentados”, dijo Ercolini.

El juez subrayó que “el importante rol de las fuentes de información en las investigaciones periodísticas y su vinculación con un eficaz ejercicio de la libertad de prensa”. “A la luz de lo analizado en los párrafos precedentes se advierte que, en el caso concreto, ese interés de la sociedad democrática de asegurar la libertad de prensa reviste mayor importancia que el de avanzar con la investigación de un presunto encubrimiento que, como ya se explicó, no habría logrado obstaculizar significativamente la tarea judicial. Entonces, frente al cuadro de situación descripto, sólo puede disponerse el archivo de las actuaciones, por imposibilidad de proceder” y “hasta tanto se logren obtener nuevos elementos que permitan esclarecer los hechos investigados”, se añadió.