La Corte Suprema dejó firme el fallo que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia resolvió dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), en una decisión que impacta sobre los recursos destinados al sistema universitario público.

De acuerdo con información publicada por El Parlamentario, el fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y deja sin efecto la suspensión que el Poder Ejecutivo había dispuesto sobre esos puntos de la norma.

La decisión judicial implica que el Ejecutivo deberá avanzar con la implementación de los mecanismos previstos para la actualización salarial del personal docente y no docente y la recomposición de las becas estudiantiles. Según consignó el medio especializado en actividad parlamentaria, la medida también obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a las 56 universidades nacionales.

El conflicto judicial se originó luego de que el Gobierno suspendiera la aplicación de esos artículos mediante el decreto 759/2025, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La presentación ante la Justicia incluyó un recurso extraordinario impulsado por Sebastián Amerio para intentar frenar la vigencia de esa parte de la ley.

Un conflicto que atravesó toda la gestión

Según reconstruyó El Parlamentario, la discusión por el financiamiento universitario comenzó al inicio de la gestión de Javier Milei, cuando el Ejecutivo decidió prorrogar el Presupuesto 2023. Las universidades nacionales reclamaron una actualización de partidas y el conflicto derivó en movilizaciones y medidas de fuerza.

Uno de los momentos más visibles ocurrió el 23 de abril de 2024, con la primera Marcha Federal Universitaria, que reunió a una amplia convocatoria de integrantes de la comunidad educativa.

Posteriormente, el Congreso aprobó una primera versión de la Ley de Financiamiento Universitario en septiembre de 2024, aunque fue vetada por el presidente y el veto quedó firme tras no prosperar la insistencia legislativa.

Ya en 2025, una nueva iniciativa impulsada por bloques opositores logró avanzar en el Congreso y terminó convertida en ley tras reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras para sostener su vigencia frente a un nuevo veto presidencial.

El último intento del oficialismo por dejar sin efecto esa legislación se produjo durante el debate del Presupuesto 2026, donde se proponía su derogación, aunque finalmente esa propuesta no prosperó en Diputados.