"Sería un precedente peligrosísimo": alarma por posible resolución de la Corte nacional sobre un femicidio

La posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta la condena por femicidio contra Andrés Di Césare enciende las alarmas en Mendoza. A casi una década del asesinato de Julieta González, el caso ha vuelto al centro de la escena judicial y política por una decisión que podría marcar jurisprudencia en todo el país.

Porque el máximo tribunal de la Nación tiene en sus manos la resolución final del caso, y una de las posibilidades es que se dé marcha atrás en la condena por femicidio contra el asesino y se le confirme una sentencia por homicidio simple. En primera instancia, Andrés Di Césare Meli había sido condenado precisamente por "homicidio simple". No obstante, en dos instancias distintas, posteriormente la Suprema Corte de Justicia de Mendoza cambió esta condena y lo sentenció por femicidio. Y ahora la Corte nacional debe resolver definitivamente la situación.

"Nos preocupa muchísimo que se revierta un fallo que ya fue confirmado dos veces por la Suprema Corte de Mendoza. Sería un antecedente peligrosísimo para todas las mujeres", resume Gabriela Perrotta, abogada e integrante de La Colectiva Mendoza, una de las organizaciones que acompañó el reclamo de justicia desde los primeros días posteriores al crimen, y que acompaña a las mujeres en Mendoza.

En pocas palabras, la preocupación radica en que se considere que no fue un femicidio, puesto que no había una relación amorosa al momento del crimen entre Julieta y Di Césare. No obstante, de decidir revertir la condena de la Corte mendocina no se estará teniendo en cuenta la situación de "asimetría de poder" entre la joven y su asesino, elemento contemplado en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal.

"Sentaría un antecedente peligrosísimo porque el vínculo desigual no necesariamente se da sólo en relaciones afectivas. Puede darse en otros contextos, como en el trabajo, por ejemplo. Y se estaría dando marcha atrás con todo lo que implica la perspectiva de género", explica Perrotta.

El caso conmocionó a Mendoza por la brutalidad del asesinato de la joven de 21 años, ocurrido en septiembre de 2016. Y también se transformó en uno de los expedientes judiciales más emblemáticos en torno a la discusión sobre qué debe entenderse como femicidio y cómo aplicar la perspectiva de género en la Justicia.

Un crimen que despertó a Mendoza

El asesinato de Julieta González ocurrió en un contexto por demás combativo. Apenas un año antes (2015) había irrumpido con fuerza el movimiento Ni Una Menos en Argentina, luego de una serie de femicidios que movilizaron al país.

En Mendoza, durante septiembre de 2016, los crímenes de tres mujeres en una semana causaron conmoción y dieron lugar a multitudinarias manifestaciones.

Al de Julieta González -quien estaba desaparecida desde el 21 de septiembre y fue hallada sin vida el 27 en la zona de la Destilería de Luján de Cuyo-, se sumó el de Janet Zapata -cuyo cuerpo fue hallado el 26 de septiembre en un descampado de Las Heras y su pareja fue condenada a prisión perpetua tras planificar el femicidio y contratar a terceros-. Y el 28 de septiembre de ese año, en Ugarteche (Luján de Cuyo) fue hallado sin vida el cuerpo de Ayelén Arroyo, asesinada por su propio padre -Roque Arroyo-, y a quien la víctima había denunciado previamente por abuso sexual.

Puntualmente, en el caso de Julieta, la joven tenía 21 años cuando desapareció el 21 de septiembre de 2016. Esa noche se subió al Ford Fiesta negro de Andrés Di Césare, en Maipú. Nunca más volvió a ser vista con vida y, una semana más tarde, su cuerpo fue encontrado sin vida. La autopsia confirmó que había sido golpeada y estrangulada.

La primera condena a homicidio simple y el escándalo

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, la investigación avanzó rápidamente sobre Di Césare, hijo de un conocido empresario del transporte mendocino y único sospechoso. Entre las pruebas más contundentes en contra del imputado, se destacó el hallazgo de sangre de Julieta en su auto, además de ADN de él debajo de las uñas de la víctima, lo que fue señalado como un indicio de defensa durante el ataque.

Pero eso no era todo. En el celular de Di Césare había búsquedas en Internet de cómo deshacerse de un cuerpo y consultas sobre si un feto perduraba para un cotejo genético. Todo ello cerraba con la primera -y principal- hipótesis: Julieta, quien había mantenido una relación con Di Césare, le habría contado al joven aquel 21 de septiembre de 2016 que estaba embarazada.

Caso Julieta González: "Sí la golpeé, pero no la maté"

En 2019 se realizó el primer juicio oral. Y la sentencia de aquel tribunal -integrado por Jorge Coussirat, Mauricio Juan y María Alejandra Ratto- dio que hablar. En primera instancia, los jueces condenaron a Di Césare a 18 años de prisión por homicidio simple, descartando la figura de femicidio.

En definitiva, para los magistrados no estaba acreditada una relación de pareja ni tampoco un contexto de violencia de género.

Aquella resolución generó un inmediato rechazo de organizaciones sociales y familiares de víctimas. La crítica principal apuntó a que el fallo analizaba la vida íntima y sexual de Julieta desde una mirada cargada de estereotipos.

De hecho, tanto los abogados de la familia de las víctimas como el Ministerio Público Fiscal cuestionaron esa sentencia por no aplicar perspectiva de género, ni agravantes por violencia de género ni por el vínculo. Además, consideraron que la sentencia contenía argumentos atravesados por estereotipos de género que desacreditaban a la víctima.

"En primera instancia se demonizó a la víctima. Se detenían más en su conducta sexual que en el análisis de la violencia ejercida", cuestiona Perrotta.

La madre de Julieta, Susana González -quien falleció en marzo de 2024-, se transformó por entonces en una de las voces más visibles y enérgicas del reclamo. Durante años encabezó marchas, entrevistas y campañas públicas para exigir que el crimen fuera reconocido como femicidio. Mientras tanto, del lado del condenado hubo hasta denuncias ante el Tribunal de Ética por utilizar públicamente la figura penal de femicidio cuando la Justicia había fallado y considerado que había sido un homicidio simple.

El giro histórico de la Corte mendocina

El resonante caso de Julieta González dio un vuelco en enero de 2021. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó la sentencia original y condenó a Di Césare a prisión perpetua por femicidio. Era lo que habían solicitado los abogados de la familia González y el fiscal.

El fallo de los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio marcó un punto clave en la interpretación de la violencia de género. Allí sostuvieron que no era indispensable acreditar una relación previa de violencia sistemática para considerar que existió femicidio. Y confirmaron que se trataba de este delito, contemplado en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal.

La defensa de Di Césare apeló nuevamente y ocurrió algo inédito en Mendoza: una "casación horizontal". Otro tribunal de la propia Suprema Corte provincial -integrado por Teresa Day, Pedro Llorente y Dalmiro Garay- volvió a ratificar la condena a prisión perpetua y la aplicación de perspectiva de género, rechazando los planteos de la defensa.

De esta manera, todos los jueces del máximo tribunal mendocino terminaron interviniendo en dos instancias distintas y confirmando que se trató de un femicidio.

La Corte Suprema y una definición que puede sentar jurisprudencia

Ahora, la discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras un recurso extraordinario presentado por la defensa de Di Césare, el máximo tribunal deberá resolver si mantiene la interpretación realizada por la Corte mendocina o si vuelve atrás y considera que el caso fue un homicidio simple.

Al igual que desde el primer momento, la defensa del condenado sostiene que no existió contexto de violencia de género ni antecedentes previos de violencia, esos mismos argumentos que ya fueron rechazados por la Corte mendocina. Es por eso que, ahora, la Corte Suprema de la Nación deberá decidir si confirma o revoca la interpretación de femicidio.

La expectativa es tan grande que la Corte nacional decidió convocar conjueces ante la posibilidad de un fallo dividido. Participarán Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Rocío Alcalá y Gustavo Castiñeira de Dios (este último, mendocino).

"Lo que está en discusión es el alcance de la figura del femicidio, sobre todo. el concepto de violencia de género y de relación desigual de poder", resume la abogada mendocina.

"Creemos que hay un riesgo concreto de retroceso. Viene en línea con discursos que buscan eliminar o relativizar la figura del femicidio", agrega la referente en alusión a la manifiesta intención del Gobierno nacional de eliminar el agravante de un asesinato al tratarse de un femicidio.

Para las organizaciones feministas, una eventual marcha atrás tendría consecuencias mucho más amplias que este caso puntual.

"La resolución es observada con enorme preocupación porque podría sentar jurisprudencia para todos los casos de muertes de mujeres en contextos de violencia de género del país. La preocupación central radica en que una eventual decisión regresiva podría implicar un retroceso en materia de protección de derechos de las mujeres y desconocer las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por el Estado argentino en materia de violencia de género y acceso a justicia con perspectiva de género", advierte la abogada.

La ausencia de Susana González

Susana González sufrió y criticó la primera condena (por homicidio simple) contra el asesino de su hija en 2019. Sin embargo, con la doble resolución de la Corte mendocina que cambió la condena y la calificó como femicidio, encontró algo de paz. Pero ahora, en la víspera de una resolución crucial en el caso y que está en manos de la Corte nacional, la ausencia de la mamá de Julieta se siente. Y duele.

La madre de Julieta González cruzó al juez que no le dio perpetua al asesino de su hija

"Yo ya lo perdoné a Andrés, ante Dios. Estoy tranquila, no siento odio. Internamente estaría enferma sino. Ante Dios, ya está perdonado", dijo la mujer en declaraciones radiales el 3 de julio de 2019, en la previa de la primera sentencia-

La mujer, quien fue durante años el rostro más visible del reclamo de justicia y una referente para el colectivo Ni Una Menos, falleció en 2024. Y su fallecimiento dejó además una situación procesal compleja, ya que ningún familiar pudo continuar formalmente en representación de ella dentro del expediente.

"Fue una enorme activista", resume Perrotta.

"Hay mucha alarma. Porque lo que se decida en el caso Julieta González puede convertirse en jurisprudencia para futuros casos de violencia de género en Argentina", concluye la abogada.

Los Andes