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Tarifas de gas: el Gobierno nacional cambia la frecuencia de actualización y los ajustes serán bimestrales

La Secretaría de Energía modificó el mecanismo mediante el cual se trasladan a las facturas las diferencias entre el precio estimado y el costo real del gas. El nuevo esquema comenzará a aplicarse con los cuadros tarifarios de agosto de 2026 y estará vigente mientras continúe la emergencia energética.

Redacción Nuevo Día
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El Gobierno nacional modificó el sistema de actualización de las tarifas de gas natural para los usuarios residenciales y estableció que, a partir de agosto de 2026, las distribuidoras deberán recalcular cada dos meses las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

La medida fue establecida a través de la Resolución 167/2026 de la Secretaría de Energía y, según informó El Patagónico, permanecerá vigente durante el período de emergencia energética, que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las DDA representan las diferencias que se generan entre el precio del gas previsto inicialmente y el valor que finalmente pagan las distribuidoras a los productores. Hasta el momento, este mecanismo se aplicaba de manera estacional, con actualizaciones dos veces al año.

Con el nuevo esquema, las diferencias se determinarán e incorporarán a las tarifas con una frecuencia bimestral. De esta manera, el Gobierno busca evitar que los montos se acumulen durante varios meses y luego sean trasladados a las facturas mediante incrementos más pronunciados.

Desde el sector energético aclararon que el mecanismo de las DDA continuará vigente y que la modificación alcanza únicamente a la periodicidad con la que esas diferencias son trasladadas a los usuarios.

Qué son las Diferencias Diarias Acumuladas

Las DDA se originan en las variaciones entre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), utilizado como referencia para determinar las tarifas, y el costo que las distribuidoras terminan afrontando por el suministro.

El valor inicial del gas se establece sobre la base de proyecciones que pueden diferir del precio efectivamente abonado con el paso del tiempo. La normativa vigente contempla que esas diferencias sean trasladadas a los usuarios, con el objetivo de evitar tanto pérdidas como ganancias extraordinarias para las empresas distribuidoras.

Por qué se modificó el sistema

De acuerdo con la explicación de la Secretaría de Energía, el mecanismo anterior podía generar un "doble efecto estacional", particularmente durante los meses de invierno.

En ese período, el aumento del consumo producto de las bajas temperaturas coincidía con una eventual suba del precio mayorista del gas. Al acumularse las diferencias durante varios meses, el traslado posterior a las facturas podía generar incrementos de mayor magnitud.

La nueva modalidad pretende distribuir esas correcciones en períodos más cortos. Así, los ajustes serán más frecuentes, pero en principio de menor impacto individual, con el objetivo de brindar mayor gradualidad y previsibilidad a los usuarios.

Al mismo tiempo, el Gobierno sostiene que el sistema permitirá garantizar que las distribuidoras dispongan de los recursos necesarios para afrontar la compra del gas y mantener el abastecimiento.

Cuándo comenzará a aplicarse

La implementación del nuevo esquema estará a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que deberá adecuar los procedimientos correspondientes.

La primera aplicación se realizará con los cuadros tarifarios de agosto de 2026, cuando se determinarán las primeras Diferencias Diarias Acumuladas bajo la nueva modalidad.

El cambio no representa una reducción automática del precio del gas ni implica necesariamente una disminución inmediata en las facturas. El objetivo es modificar la forma en que se distribuyen las diferencias entre el costo estimado y el costo real del suministro, buscando evitar aumentos concentrados en determinados momentos del año.

La decisión se enmarca en las medidas que el Gobierno nacional viene adoptando en el sector energético, en medio de la discusión sobre los subsidios, la cobertura de los costos reales de los servicios y la capacidad de pago de los usuarios.

(Con información de El Patagónico) 

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