Conflicto paraliza los yacimientos en flanco norte santacruceño

La sumatoria de piquetes protagonizados indistintamente por desocupados, trabajadores de empresas de seguridad privada e incluso docentes provinciales, han vuelto a generar el bloqueo y virtual paralización de los yacimientos e instalaciones petroleras en la zona norte de Santa Cruz. Las manifestaciones, tanto en rutas como en caminos secundarios, comienzan en Caleta Olivia y se extienden hacia Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras.

"corteznorte"

lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00

Los desocupados que estaban inscriptos en el sindicato petrolero, cortaron la ruta 12 en el acceso a Cañadón Seco. Por la tarde se desplazaron hacia el acceso suroeste de Caleta Olivia. Sus pares de Pico Truncado ya llevan más de una semana en las rutas.
Si bien con el transcurrir de las horas la situación se vuelve cambiante por el desplazamiento de los grupos hacia uno u otro sector estratégico, a lo que se sumó la intimación de despejar los caminos por parte de los jueces de instrucción, Leonardo Cimini Hernández (de Pico Truncado) y Eduardo Quelín (de Las Heras), el conflicto social global sigue siendo caótico.
Incluso es más complejo que el reciente paro de los propios trabajadores petroleros que se extendió por 19 días ya que los nuevos protagonistas de los cortes y bloqueos responden a diferentes sectores, pero con un mismo objetivo: ejercer presión contra el Gobierno provincial a través de la industria petrolera, principal pulmotor de la economía santacruceña.

Desocupados
El nuevo contingente de desocupados surge prácticamente en su totalidad de los padrones de la destituida comisión directiva del gremio petrolero que encabezaba Héctor Segovia y decidieron lanzarse a los piquetes al ver que esa infortunada circunstancia alejaba sus aspiraciones de obtener empleos en alguna empresa de servicio.
En Pico Truncado son alrededor de 150 y están apostados desde hace más de una semana en las rutas que ligan a esa ciudad con Cañadón Seco, Las Heras y Fitz Roy, impidiendo el paso de vehículos de la flota petrolera, pero además exigen un subsidio mensual de 6 mil pesos hasta tanto se les otorgue una fuente laboral.
El grupo que se había inscripto en Caleta Olivia, donde está la sede central del gremio, materializó su advertencia a las 5 de la madrugada de ayer en el acceso a Cañadón Seco, pero no solo no dejaron pasar a vehículos de la industria petrolera, sino que incluso provocaron cortes totales de dos horas, a la mañana y en el inicio de la tarde.
Si bien permitían al paso en casos de emergencia o por cuestiones de salud, fueron seriamente criticados por otros miembros de la comunidad, sobre todo vecinos de Cañadón Seco. Son aproximadamente 75, pero ese número se podría incrementar ya que ellos mismos convocaron ayer a otros desocupados.
Alrededor de las 16:30 este grupo optó por desplazarse, siempre sobre la ruta 12, hasta el acceso suroeste de Caleta Olivia ya que habían comprobado que numerosas camionetas de empresas petroleras utilizaban un camino próximo al parque industrial para eludir el piquete.

Vigiladores
Se estima que hay aproximadamente 400 trabajadores de empresas de vigilancia de yacimientos e instalaciones petroleras, como Search, Brújula, Rams y Espasa, los que desde ayer bloquean caminos secundarios de acceso a yacimientos en Pico Truncado y Las Heras. En Cañadón Seco, otro grupo del mismo sector se apostó en los portones de las base de Sinopec (ex Oxy) y en la planta deshidratadora de YPF.
Dicen que adoptaron la medida de fuerza por el despido de un compañero de Pico Truncado (Julio Santillán), aunque está claro que ese fue el detonante de una seria disputa que mantienen con Julio Gutiérrez, el principal dirigente del gremio que nuclea a los vigiladores de la región, radicado en Comodoro Rivadavia.
Pero no sólo eso, sino que el grupo de manifestantes considera que ya es necesario conformar una nueva agrupación que luche por la incorporación de estos trabajadores de yacimientos al convenio colectivo de trabajo que rige para los petroleros.

Docentes
A todo esto, sorprendió que desde el lunes grupos de docentes que se hayan apostado en al menos cinco caminos secundarios que llevan a yacimientos próximos a Las Heras, como el caso de Los Perales, e incluso a la estratégica planta LH3 de YPF. Las rutas 18, 43 y la 16 que pasa por un basural pero que conecta con la zona de Holdich, fueron los puntos estratégicos de los piquetes de maestros que no solo serían de Las Heras sino también de Pico Truncado, Perito Moreno y Caleta Olivia.
La presencia de docentes en esos sitios, obviamente en su mayoría mujeres, se mantenía hasta avanzada la tarde de ayer, cuando aún no se sabía si el gremio que los nuclear, ADOSAC, acataría la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, a fin de buscar una solución a la huelga por tiempo indeterminado que hasta ayer sumaba 19 días.

Intimaciones
Por otro lado, informaciones obtenidas en fuentes policiales por Diario Patagónico, daban cuenta de que al menos dos jueces de instrucción, Leonardo Cimini Hernández (de Pico Truncado) y Eduardo Quelín (de Las Heras), habían emitido resoluciones por las cuales se intimaba a quienes cortan rutas y caminos a deponer su actitud, aunque al cierre de esta edición los piquetes se mantenían firmes.  En tanto, no fue posible establecer si una medida cautelar similar pudo haber sido emitida por algún magistrado de Caleta Olivia.

Denuncia penal
En medio de este conflictivo panorama, ayer trascendieron detalles de una denuncia penal que presentara ante el juzgado de instrucción de Pico Truncado el abogado Darío Oscar Mattei, apoderado de YPF en esa zona.
El mismo acusó a Pablo Vargas, líder del grupo de desocupados de esa ciudad, de estar estrechamente vinculado con el ex secretario general del sindicato petrolero Héctor Segovia, y el conductor radial Gian Franco Casarín, conformando una “asociación ilícita”, según lo contempla el artículo 210 del Código Penal, para provocar la paralización y desmanes en instalaciones petroleras.
El letrado sostiene además que este accionar impide el libre acceso de los trabajadores petroleros, la disminución de la producción y puede generar el desabastecimiento de combustibles al impedirse el paso de camiones cisterna. Todo ello, alega, atenta contra la vigencia del orden jurídico y genera temor público.
Fuente: El Patagónico