Propuesta

Por una Empresa Carboeléctrica Sociedad del Estado en Río Turbio

Interesados en la continuidad de modelos que han sido beneficiosos para los trabajadores, cuatro sindicatos -ATE, APS, Luz y Fuerza y la Fraternidad-, la conducción de la Empresa Carboeléctrica y el estado provincial, se alinearon en una idea común sobre el tipo de empresa Carboeléctrica que quería
lunes, 13 de abril de 2015 · 10:32

Para que este proyecto fuera posible, eran necesarios acuerdos que implicaban una clara definición política y sindical sobre la pretendida empresa para Río Turbio y la Cuenca Carbonífera.

Como resultado de los extensos trabajos internos, la comisión jurídica creada por ATE, en el marco del IV Congreso Nacional de los trabajadores del Carbón, llegó a una instancia de impacto nacional, al plasmar la idea de configurar para la empresa carboeléctrica la figura jurídica de "Sociedad del Estado”.

 

Para avanzar en la conformación de este proyecto de ley, era necesario dotarlo de plena legitimidad en su elaboración y garantizar que fuera el reflejo de la voluntad de los trabajadores. En este marco, una de las Comisiones trabajó arduamente para consensuar, unificar criterios y lograr un mandato soberano de la totalidad de los trabajadores. El objetivo era alcanzar una figura jurídica adecuada que permita, además, igualar beneficios pensando en primer lugar en los trabajadores. Ello, seguramente se traducirá en un convenio colectivo de trabajo bajo esta nueva figura, una vez sancionada la ley nacional.

 

 

La unión hace la fuerza

Luego de varios intentos, las partes intervinientes, entiéndase por esto a los cuatro sindicatos (ATE, APS, Luz y Fuerza y la Fraternidad) sus representados -los trabajadores-, la conducción empresarial y el estado provincial, trabajaron sobre una idea común. Así, luego de horas de trabajo, la definición se tradujo en "la creación de una empresa carboeléctrica Sociedad del Estado”, que les brinde autonomía para administrar todo el proceso de explotación: desde su extracción hasta convertirlo en energía.

 

La experiencia nacional indica que las buenas ideas y las buenas intenciones no llegan a un final feliz, si no están debidamente analizadas, proyectadas y evaluadas hasta en el mínimo detalle, a fin de garantizar el éxito del emprendimiento.

El proyecto de ley, no pretende ser estatización más, bajo la figura de Sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, que no garantiza ni la continuidad ni la autonomía real.

Cabe destacar que hasta aquí, la empresa viene trabajando como un organismo descentralizado. Desde la presidencia de Néstor Kirchner que nada se ha logrado: la carboeléctrica ni siquiera es una empresa del estado formalmente constituida, sino que se mantiene como un organismo descentralizado, que si bien en lo práctico funciona como una empresa del Estado, carece de personería jurídica.

Pese a ello, la empresa ha funcionado bien, y de hecho, se podría seguir como hasta hoy.

Sin embargo, la urgencia en el pedido de sanción de esta ley, responde a dos factores: una es la posibilidad de un cambio de gobierno de otra línea política, lo que no garantiza que se siga manejando como hasta ahora. Y, por otro lado, que ese cambio político se inicie con modificaciones que sean desfavorables para los trabajadores de la mina. Ese es el temor de muchos trabajadores y ante ello, la propuesta de ATE es la personería jurídica como Sociedad del Estado.

 

 

El dueño del Carbón es la provincia

 

En el año 1994, en Argentina se llevó a cabo la Reforma de la Constitución Nacional que, entre otros, modificó el artículo 124, el cual versa en su contenido sustancial que los recursos naturales pasan a ser dominio originario de las provincias. Esta modificación finalmente, permite a las provincias adueñarse de las minas de Carbón, que hasta 1994 eran del Estado Nacional.

Así las provincias pasaron a tener un protagonismo especial al poder disponer de sus propios recursos naturales.

 

Desde el punto de vista político, se presentaron muchas diferencias entre el estado nacional y el provincial. Sin embargo los 4 sindicatos junto a los trabajadores, persiguieron la finalidad de diseñar una propuesta que se constituyera en un mandato soberano, obteniendo un firme respaldo no sólo desde la legalidad sino, fundamentalmente, desde la legitimidad. Además el trabajo desarrollado desde el Congreso de los trabajadores del Carbón, atravesó el proceso, sin dejar de lado a la provincia y manteniendo plena armonía con el Estado nacional.

De esta forma, no sólo el encuadre legal fue importante, sino también el trabajo de pensar el proyecto como una fuente de trabajo que brinde seguridad y garantice la continuidad del emprendimiento en poder del Estado, pero que impida su eventual privatización; al tiempo que profundice el camino necesario para seguir desarrollando el emprendimiento.

La pretensión es, al mismo tiempo, que la participación de los trabajadores sea activa y que se brinden las seguridades jurídicas y normativas necesarias.

 

La propuesta

El proyecto de ley de la empresa carboelétrica Sociedad del Estado, considera la ley Nº 20705, que reglamenta las sociedades del Estado. La misma expresa que una vez constituida su figura jurídica como tal, luego no se puede cambiar a una Sociedad Anónima con participación mayoritaria del estado. Además, excluye la participación de grupos económicos concentrados, o privados y finalmente hace que en la Sociedad de Estado, sea el estado nacional, provincial y / o municipal quien/es integren la Sociedad.

Dicha figura legal, además permite que la empresa sea unipersonal. La propuesta presentada, así lo plantea, y ubica a la participación de la Provincia en la conducción, a través de la creación de un directorio.

 

Concretamente, el pedido es que se sancione la ley nacional a través de Congreso de la Nación. Y que sea promulgada por la presidenta de la República. Por su parte la provincia debe adherir a la ley nacional respetando el orden de prelación, que es la coherencia entre las leyes de mayor jerarquía frente a otras de menor rango.

 

ATE, quien dio a luz el proyecto, junto a los 4 sindicatos, el Interventor -que tiene rango de Secretario de Estado de la Nación- y la conducción empresarial están cohesionados y listos para esperar los resultados.

La propuesta queda al pendiente del Congreso de la Nación y de la voluntad política del ejecutivo nacional, en este caso, de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

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 Fuente Patagonia Nexo