Causa Baez: los allanamientos se ampliaron a El Calafate

La Casa de Gobierno, el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz fueron allanados por la justicia federal en busca de mas pruebas para engrosar la causa que investiga el supuesto fraude la Obra Pública durante el kirchnerismo. Un tercer allanamiento se hizo en una vivienda de El Calafate.

La denominada “Causa Baez” que investiga las presuntas irregularidades en los contratos de obras públicas durante el gobierno nacional del kirchnerismo sigue originando allanamientos en Santa Cruz.



El Tribunal de Cuentas, la Casa de Gobierno y una vivienda de El Calafate fueron motivo de allanamientos federales en la sultimas horas.



La orden la dio el juez federal bonaerense Julián Ercolini a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.



La causa se originó dos años atrás con una denuncia del presidente de Vialidad Nacional Javier Iguacel y trata sobre la cantidad y forma de obras que le fueron adjudicadas a Austral Construcciones.



La causa será elevada a Juicio Oral este año. Mientras tanto el fiscal sigue pidiendo pruebas que alimentan su hipótesis de un tramado entre los entonces gobernantes nacionales, con supuesta participación de funcionarios del gobierno provincial de Santa Cruz y las empresas de Baez, para generar un circuito que hiciera desviar fondos públicos mediante obras que no se hicieron y sobreprecios.



La investigación llega a empresas ma chicas chica, que tuvieron o pudieron tener vinculados contractuales con las adjudicatarias.



De los últimos tres allanamientos, uno se realizó en El Calafate, en la calle Formenti al 600. El de esta ciudad fue el único allanamiento realizado en una vivienda particular, ya que los otros dos se hicieron en Casa de Gobierno y en el Tribunal de Cuentas.



El escuadrón 42 de la Gendarmería Nacional recibió la orden judicial para allanar la vivienda y secuestrar documentación de recibos y facturaciones de la empresa “Arbol Servicios”,  una supuesta subcontratista de otras empresas que accedieron a obras públicas.



Puntualmente la justicia mandó a secuestrar  documentación que relacionen a la subcontratista con la empresa Indigo, la que a su vez sería otra subcontratista. Las mismas fuentes señalaron que no se encontró la documentación solicitada por el juez y el fiscal, lo que se atribuye a que el allanamiento se realizó en la vivienda particular del dueño de la empresa , pero que su base operativa está en un galpón del barrio industrial, el que no fue tenido en cuenta para el allanamiento.



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