Causa Vialidad: qué obras de Chubut y Santa Cruz ponen a Cristina Kirchner en el banquillo

A los habitantes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia no solo los une el Lago Muster y el petróleo, sino también las obras que forman parte de la causa en la que se juzga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Marta S. es docente, recorre cada mañana los 84 km de la Ruta Nacional 3 que separan Comodoro Rivadavia de Caleta Olivia y, sin quererlo, se convirtió en un testigo inapelable de una obra que cumplió una década perdida.



Se acostumbró a frenar en los baches a los que ya conoce como si fueran accidentes geográficos, a contar los autos por minuto, a enojarse y a no encontrar respuestas. Dos veces al día, tres veces por semana, todo el año. El suyo es uno de los 4.978 vehículos que de lunes a viernes, traspasa el límite invisible de dos provincias.



Por trabajo, por estudios o por vida social, la historia de cientos de caletenses y comodorenses se entrelaza con la ruta y el imaginario de la autovía prometida.



Sin saberlo, ellos también son protagonistas involuntarios del juicio oral en la llamada “Causa Vialidad”, que mañana cumple su segunda jornada en los Tribunales de Comodoro Py, a más de 2000 km de aquí, pero que tuvo como escenario principal a dos provincias patagónicas



“Al principio me costaba mucho manejar, ahora, lamentablemente ya naturalizas la situación”, afirma la docente,  “con todo lo que genera la actividad económica en esta zona, ¿nos merecemos esta ruta?”, se pregunta. La respuesta es clara. “Esta ruta es indigna, no nos merecemos esta ruta, someternos al peligro. Porque en definitiva la gente paga la negligencia, la corrupción, la falta de controles”, reflexiona, una automovilista diaria que recorre el pensamiento de muchos.



Solo quienes habitan la zona norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, pueden entender la importancia de una de las obra que integra el juicio oral, cuya primer jornada fue seguido en vivo en todo el país. El juicio tiene entre sus acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su ministro de Planificación, Julio De Vido, y a todos los principales funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, D.N.V y la Administración General de Vialidad Provincia, A.G.V.P. de Santa Cruz entre 2003 y 2015, a quienes se juzga por la presunción de haber integrado una asociación ilícita para favorecer al empresario santacruceño, Lázaro Báez, con al menos 51 obras públicas, que le costaron al estado $ 16 mil millones.



De las 51 obras adjudicadas en Santa Cruz, solo una fue ejecutada en el monto pactado, en tanto que en las demás se introdujeron sucesivas y numerosas ampliaciones de plazos y costos.



Los peritajes judiciales determinaron que en 47 de las 51 obras no presentaron la certificación que determine la capacidad de adjudicación de la obra. El monto inicial por las 51 obras era de 8 mil millones pero se ampliaron a 16 mil millones de pesos en pocos años. Y según el cálculo judicial ese valor actualizado alcanza los $ 46 mil millones. Todos salieron de las arcas públicas.



LA OBRA QUE NO FUE



En el listado de las obras que quedaron inconclusas y suelen convertirse en trampas mortales para peatones y automovilistas está la Autovía “Comodoro Rivadavia – Caleta Olivia”, que se componía de 2 tramos: “Comodoro Rivadavia Km. 1843 - Km. 1867”, cuyo contratista era Kank y Costilla S.A. y presentaba un avance del 27%, en tanto que el tramo “Km. 1867 - Caleta Olivia”, estuvo a cargo Austral Construcciones S.A., con un avance del 24%.



La obra se completaba con la “Circunvalación Caleta Olivia” que nunca terminó la empresa de Báez y solo cumplió un 43% de avance de obra.  Ante el abandono, se transformó en un área de tránsito clandestino, que derivó en innumerables accidentes de tránsito en la ciudad.



Por los tres tramos que estuvo en manos del Grupo Austral durante 9 años, la empresa de Báez cobró $ 2.892 millones. El proyecto original tuvo un costo de 674 millones de pesos pero la empresa cobró a partir de la ampliación de presupuesto de la obra tres veces más, según los datos registrados en el informe realizado por la Dirección Nacional de Vialidad en marzo de 2016 que originó el actual juicio oral.



Si bien la obra conecta las dos provincias, en este caso el control estaba en manos de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, provincia donde la obra pública fue la acción visceral de gobierno tanto entre 1991 y 2003, como entre 2003 y 2015.



Para explicarlo mejor e interpretar esos vínculos, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que instruyeron la causa, se valieron de una suerte de cuadro genealógico para visibilizar la operatoria donde los funcionarios se interconectaban para decidir obras, ampliar partidas presupuestarias, realizar licitaciones y determinar el principal destinatario de la obra pública en Santa Cruz.



Al dibujar el flujo del dinero, los fiscales, a través de las pruebas de vínculos y transacciones recolectadas en la causa Hotesur, plantearon como hipótesis que los fondos de la obra pública terminaron en las sociedades y hoteles de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Y también recrearon de qué manera ubicaron en lugares claves a viejos conocidos.



El contrato fue rescindido con la llega del gobierno de Mauricio Macri. Las obras fueron licitadas otra vez, ganó CPC de Cristóbal López y ante los incumplimiento y la debacle de las empresas del grupo, la obra fue rescindida. Las obras siguen igual sin terminar. Y pese a ello, si consideramos solo dos personas por vehículos que se movilizan a diario en la ruta, estamos hablando que unas 10 mil personas se movilizan en este tramo de la Ruta Nacional 3 todos los días.



AMPARO JUDICIAL



El abogado Ismael Machuca nació en Caleta Olivia, hace 55 años que su vida gira entorno a las dos ciudades, recuerda que transita la ruta desde que era de ripio. Las amistades, el deporte y su profesión lo han llevado a ser otro de los automovilistas que a diario conecta las dos ciudades. En agosto pasado presentó un recurso de amparo por el estado de la Ruta Nacional 3.



La jueza federal, Marta Yañez dio lugar al amparo, que fue confirmado por la Cámara de Comodoro Rivadavia en marzo último. La jueza le había dado a Vialidad Nacional plazos: 90 días para mejoramiento de la calzada, 120 días para hacer mantenimiento y 90 días para determinar si el sector de la lobería está en peligro.



Según quienes transitan la ruta, hubo algunas arreglos provisorios, y se logró que sea  demarcada en el medio, cuando antes estaba borrada y se transformaba, por momentos, en una huella a adivinar. Días pasados Machuca se presentó en la causa y pidió una pronta ejecución de sentencia. La dra. Yañez le dio curso y la Dirección Nacional de Vialidad deberá acreditar si cumplió con lo solicitado.  Para el abogado, que la recorrió y fotografió palmo a palmo junto a los peritos de justicia, lo hecho hasta ahora, no alcanza.



El Tránsito Medio Diario Anual del tramo es de 4.978 vehículos, los cuales se componen con 78,40% de livianos, 2,5% de buses y 19,10% de pesados, según el informe presentado en la causa por la Dirección Nacional de Vialidad. Los jueces de Cámara consideraron en su fallo que el estado de la ruta coloca a los usuarios en un “potencial riesgo” y afirman que el estado tiene "la obligación legal de mantenimiento, resguardo y seguridad no requiere de la consumación de un daño -a la vida o a los bienes- para que sea exigible”.



RAMÓN SANTOS



La historia no es nueva. Abel Monsalvo, es un policía retirado, que hoy vive en Los Antiguos. Entre los años 1997 y 2001 fue comisario de la seccional Primera de Caleta Olivia, a su cargo tenía el destacamento “Ramón Santos”. Consultado para esta nota recuerda que hace más de 20 años, el tránsito ya estaba cargado.



“Ya se necesitaba un cambio de ruta, una ampliación, una autopista, algo”, detalla y recuerda como la situación empezó a agravarse cuando se intensificó el tránsito pesado, sobre el cual no hubo controles de peso.



“Quienes vivimos en el norte de Santa Cruz, vivimos muy conectados y dependientes de Chubut, por la economía y hasta para ir al médico a Comodoro, es común que viviendo aquí, en Perito Moreno o en Lago Posadas, la gente elija ir hasta Comodoro por el paso de Río Mayo, solo para evitar el tramo Caleta-Comodoro”, cuenta el policía jubilado.



La historia de la ruta es sufrida por quienes viven en el límite de dos provincias hermanadas por tradición, historia y por economía. 



Todos los nombres de parajes y rutas que resuenen mañana en el segundo día del juicio oral, son parte de la vida de ambas provincias. Los fiscales determinaron que el esquema de beneficios instaurado en favor de Báez fue detectado a partir de un análisis netamente jurídico de las licitaciones y la ejecución de los contratos, y consideraron que  la matriz de corrupción implantada desde la cúspide del Poder Ejecutivo ejecutó una sistemática y constante transgresión a todas y cada una de las reglas de la ley de obra pública.



Ellos consideraron que las licitaciones fueron una “puesta en escena” destinada a incrementar los montos de los contratos y aparentar competencia entre empresas cuando, en realidad, ya existía una firma pre seleccionada para ganar. Ni el clima se salvó de la manipulación: las empresas de Báez aducían que las lluvias extraordinarias ocurridas todos los años eran las causantes del atraso de las obras, sin embargo ni siquiera acompañaban la justificación con una planilla técnica. En Comodoro Py se juzga, lo que en las rutas patagónicas se sufre todos los días. (La Nación)


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