Malvinas

La Justicia ordenó avanzar en la investigación a las petroleras que operan ilegalmente en Malvinas

La jueza federal subogrante de Río Grande Mariel Borruto ordenó llevar a delante medidas de prueba para "corroborar las hipótesis delictivas" en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos


La jueza federal
subogrante de Río Grande Mariel Borruto ordenó llevar a delante medidas de
prueba para "corroborar las hipótesis delictivas" en la causa que
investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de
hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.



De esta forma, Borruto dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo
Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de abril formalizaron
la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison
International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited,
Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.



Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas de prueba sugeridas
por los Rapoport, García Lois y Gonella apuntan a establecer la evolución y
composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la
identificación de sus directores.



La denuncia es por la presunta comisión de "actividades ilícitas de
exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a
las Islas Malvinas", y otros delitos que se desprenden de esas acciones,
como la contaminación ambiental y el contrabando.



En ese marco, Borruto solicitó informes a diferentes organismos del Estado que
le habían sido propuestos la semana pasada por el fiscal federal local, el
fiscal de distrito y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos (Procelac).



De esa forma, la magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración
Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia.



El objetivo es conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución
patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a
las personas físicas que las integran.



Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que deben investigarse
violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26.659, de
exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental
Argentina, que prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la
condena para ejercer el comercio.



Además prevé el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los
fiscales en carácter de medida cautelar- a quien incurra en la exploración y
extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.



Y recordaron que la ley establece que "la pena de prisión se aplicará a
los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia,
administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen
intervenido en el hecho punible".



La investigación también alcanza a otras sociedades que, directa o
indirectamente, "habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa
índole a la maniobra delictiva", como Pretoleum Geo-Services (PGS), la
cual mediante los buques de sus propiedad "PGS M/V Ramford Sterling”, "PGS
Ramform Titan” y "Falcon Explorer”, habría realizado tareas de relevamiento y
análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los
yacimientos.



Por su parte Desire Petroleum p.l.c. habría suministrado datos sísmicos de
utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF,
propietaria del buque oceanográfico "MV Poseidon”, el cual habría sido
utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de
base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible "Eirik
Raude”, con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho
submarino.




 


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