Caleta Olivia aprobó la emergencia tras una fuerte pulseada política

Luego de dos intentos fallidos y una negociación política contrarreloj, el Concejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó la declaración de emergencia económica, administrativa y financiera por el término de 365 días, tal como lo había solicitado el Ejecutivo Municipal mediante un decreto firmado por el intendente Pablo Carrizo. La decisión se dio en un clima de fuerte tensión institucional que reflejó las disputas internas del poder político local, con impacto en la agenda provincial de Santa Cruz.

El conflicto se profundizó a mitad de semana, cuando ningún concejal asistió a la sesión convocada para tratar el decreto original enviado por el Ejecutivo. En ese escenario, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO) y el concejal opositor Carlos Aparicio exigieron modificaciones concretas al texto, cuestionando el alcance de las facultades otorgadas al intendente. La respuesta del Ejecutivo fue el envío de un decreto corregido, incorporando los cambios reclamados, en un gesto de apertura política para destrabar el tratamiento legislativo.

Sin embargo, la puja continuó. Al día siguiente, una nueva sesión extraordinaria volvió a fracasar por falta de quórum, ante la ausencia de los concejales Iris Casas, Carlos Aparicio y Juan Curallán. Solo estuvieron presentes Ariel Farías y el presidente del cuerpo, Facundo Velarde, lo que dejó en evidencia la fragilidad de los consensos y el peso de las estrategias políticas en un contexto económico crítico.

Recién este viernes el escenario logró destrabarse. Con la presencia de Facundo Velarde, Ariel Farías e Iris Casas, el Concejo alcanzó el quórum necesario y aprobó la emergencia con los votos del oficialismo. En contra se manifestaron Carlos Aparicio y Juan Curallán, anticipando que el debate político continuará en los próximos días, no solo en el ámbito legislativo local sino también en clave provincial, donde Caleta Olivia ocupa un rol estratégico dentro del mapa político de Santa Cruz.

La norma aprobada faculta al Departamento Ejecutivo a adoptar medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios municipales, dejar sin efecto contratos o disposiciones que comprometan el erario público vigentes al 31 de diciembre de 2025, reordenar partidas presupuestarias y suspender por un año el ingreso de personal, entre otras atribuciones. El decreto fue refrendado por el secretario de Hacienda, Franco Antipani, y ya se encuentra en plena vigencia, marcando un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo local. (Fuente: El Diario Nuevo Día)