Los principales puntos del consenso en la reforma de la Ley de Hidrocarburos que firmó Santa Cruz

Desde el jueves, el borrador que entregó el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, a los gobernadores se mantuvo en secreto. En la jornada de ayer, el resto de los gobernadores petroleros comenzaron a reclamar cambios y la negociación culminó con el consenso general de los mandatarios. Peralta dijo en Twitter que acompaña el proyecto que se presentará en el Senado.


Hay dos beneficios para las provincias que en los primeros borradores no figuraban. Uno es que en cada prórroga, al concesionario pueda exigírsele el pago de regalías adicionales del 3% hasta el 6% más sobre los doce puntos que deben abonar actualmente (el tope del 18%). Además, se permite a las Provincias negociar con la concesionaria un bono de reingreso a las áreas. A grandes rasgos, el proyecto establece reglas transparentes para las nuevas inversiones a través de licitaciones competitivas que serán supervisadas en conjunto entre la autoridad de aplicación provincial, el resto de las provincias y la Comisión Nacional de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas.

El texto final que firmaban anoche, elimina el carry, aquel sistema por el cual una empresa debía asociarse con la empresa pública provincial como requisito para acceder a la concesión de un área. Este modelo era el que defendía Neuquén, y lo hizo hasta el último minuto de la negociación.

Los plazos de exploración serán más cortos. Los proyectos convencionales tendrán dos periodos de tres años y una prórroga de cinco (si pudieran verificar buenos resultados) y los no convencionales dos etapas de cuatro años y una prórroga de cinco. Es así para evitar la inversión especulativa y acelerar el desarrollo de las áreas.

Los plazos de concesión para los proyectos no convencionales (hacia objetivos en formaciones de shale o tight) serán de 35 años. En el marco de la promoción de inversiones, las iniciativas offshore tendrán concesiones de 30 años.

Además, propiciarán un marco homogéneo impositivo, principalmente con la fijación en 3% de la alícuota de Ingresos Brutos. Nación y Provincias acordaron promover una legislación ambiental uniforme, de acuerdo a las prácticas modernas de la industria.

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