Mendoza

Imputaron a abogado y a médico por caso de alquiler de vientre

La fiscal de de Delitos Complejos determinó que el letrado Pablo Rojas Pascual, cometió “adulteración de estado civil”.


La Justicia local imputó al abogado Juan Pablo Rojas Pascual y al médico Alberto Tersoglio en medio de una investigación que está llevando adelante por distintos episodios de maternidad subrogada (también llamada alquiler de vientre) y en los que ambos profesionales se encuentran involucrados.


Fue la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos quien concretó la imputación durante las últimas horas y tanto a Rojas Pascual como a Tersoglio se le adjudican sendos delitos. En el caso del abogado, la fiscal determinó que cometió "adulteración del estado civil", teniendo en cuenta que una bebé fue anotada con el apellido de la mujer que la gestó, aunque esta mujer no era la madre biológica de la pequeña (la joven había ofrecido su vientre, mientras que los gametos habían sido aportados por un hombre y otra mujer). 


El mencionado caso tomó trascendencia a nivel nacional luego de que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) retuviese en el aeropuerto mendocino a una pareja de hombres que se disponía a abordar un avión con destino a Chile junto a una beba en etapa lactante, en agosto de este año.


Tras investigar el episodio, se determinó que la niña había nacido en el Hospital Español, que quien la había dado a luz era una joven de la zona de Los Barrancos (Godoy Cruz) y que -por recomendación de Rojas Pascual, quien actuaba como nexo con los padres biológicos y la joven gestante- ella la había anotado con su nombre en el Registro Civil.


El abogado -quien ya había tomado una notoria exposición por otro caso de maternidad subrogada en que un juez de Familia mendocino determinó que los padres de un niño eran quienes habían aportado su material genético y manifestado su voluntad procreacional, y no la mujer que lo gestó y dio a luz- está desde hace varios meses bajo la lupa de Ríos.


El médico Tersoglio -titular de un instituto de reproducción asistida con su apellido- en tanto, fue imputado por "estafa", según destacaron fuentes judiciales. En este caso, la irregularidad fue denunciada por una mujer que estaba haciendo una transferencia de embriones en el efector de salud y acusó la desaparición de éstos.


De acuerdo a las pruebas judiciales que maneja la fiscal, los dos profesionales y sus prácticas podrían estar estrechamente vinculados. A pesar de los intentos, resultó imposible comunicarse con el médico.


"De acuerdo al Código Civil, la madre de un niño es quien da a luz. Y la única persona que puede determinar si le corresponde o no ser la madre es un juez de Familia, después de un juicio de filiación y de recolectar varias pruebas. La Fiscalía no tiene competencia para determinarlo, y por eso nosotros la denunciamos.


No sorprendió que una semana después de esa denuncia me cayera la imputación. Pero estoy tranquilo, porque la imputación se va a caer sola", se defendió Rojas Pascual al ser consultado sobre su situación.


Además, el abogado insistió en que detrás de esta decisión hay un "ataque desde sectores ideológicos y religiosos" que son contrarios a la militancia y defensa por los Derechos reproductivos.


Rojas Pascual era el presidente de Argentina Maternity, un "grupo" -según lo define él mismo, aunque actuaba como una firma- de personas con problemas de fertilidad que asesoraban a otras personas en situaciones similares. Luego de la exposición por los mencionados casos, el "grupo" se extinguió (aunque nunca tuvo personería jurídica).


En tanto, la Justicia no descarta -y siguen investigando en esa línea- que el abogado haya lucrado con la necesidad de personas que no pueden tener hijos, sacando provecho por otro lado de jóvenes humildes y fértiles. Esto ha sido negado en reiteradas ocasiones por Rojas


Pascual, pero la hipótesis no ha sido descartada ni mucho menos.


Imputaciones


La punta del iceberg de la causa que investiga la Justicia mendocina fue el caso que tuvo tres protagonistas principales: una pareja de Buenos Aires y una joven mendocina, todos patrocinados por Rojas Pascual.


A principios de año, también en el Español, la joven dio a luz a un niño y manifestó que ella no era la madre biológica. De hecho, días después el bebé fue entregado a sus padres biológicos (quienes habían aportado los gametos a la gestante) y se lo llevaron a Buenos Aires.


Aquí tomó por primera vez intervención la fiscal especial Ríos, quien comenzó a seguir la pista del abogado. En paralelo, el caso llegó a la Justicia de Familia y en julio, el juez Carlos Neirotti determinó que los padres eran los bonaerenses y que el niño debía ser anotado con su apellido. El nombre de Rojas Pascual, en tanto, ya estaba expuesto en escena.


En agosto tuvo lugar el segundo de los episodios: una pareja de hombres que intentaba dejar el país por vía aérea (en Mendoza) con una beba lactante. Al igual que en el primer episodio, quien había dado a luz a la niña no era la madre biológica, sino que la había gestado con material genético de otra mujer y uno de los integrantes de esa pareja (un médico chileno).


Aquí volvió a intervenir la fiscal Ríos y la investigación se intensificó, apuntando incluso a la posibilidad de que Argentina Maternity se aprovechara de jóvenes sin demasiados recursos para ofrecerlas como gestantes a cambio de dinero. En este caso, la joven que gestó a la niña declaró haber recibido 200.000 pesos.


En ese momento, las pistas se dirigieron a una supuesta red comercial que no sólo apuntaba al abogado y al médico, sino también a un posible vínculo comercial entre ambos.


Las últimas novedades de la investigación son las recientes imputaciones, aunque la investigación continúa.


La defensa de Rojas Pascual


Pese a que su apellido está en el ojo de la tormenta, el abogado Juan Pablo Rojas Pascual (especializado en Derecho reproductivo y acusado de lucrar con el tema de la maternidad subrogada sacando provecho del blanco legal que se generó en el tema luego de que esta figura fuera suprimida en la versión definitiva del flamante Código Civil-) dice estar "tranquilo".


"La imputación formal (de la fiscal Claudia Ríos) es por 'alterar el estado civil de la identidad de una menor, como autor mediato'. Si bien la fiscal no se ha explayado en los argumentos (tampoco tiene por qué hacerlo), entiendo que tiene que ver con el hecho de que la niña fuera anotada con el nombre de la gestante. Me parece insólito si es que ha sido por eso la imputación, porque en el Código Civil se establece que quien da a luz es la madre y es adecuado anotarlo a nombre de quien da el vientre", indicó.


Además, acusó a la Fiscalía de Delitos Complejos de no tener competencia para determinar que la joven sea o no sea su madre. "Yo estoy bien. Sé que es algo que pasa, que podía llegar a pasar como consecuencia de la militancia que uno hace. Sabía que esta imputación era una de las formas de ensuciar este tratamiento", agregó Rojas Pascual.


"Soy abogado, estoy acostumbrado al conflicto y si yo tengo que ser la pantalla y recibir los golpes para que el padre de la nena (el médico chileno) pueda seguir disfrutando de su hija, lo hago sin ningún problema", retrucó.


En su página de Facebook, Rojas Pascual contraatacó ante la imputación durante la mañana de ayer. "Llama la atención que no haya existido un sólo caso en el país en que un fiscal impute a alguien por el caso de gestación por sustitución. Sólo ha ocurrido en Mendoza", sentenció.





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