Propuesta

Por una Empresa Carboeléctrica Sociedad del Estado en Río Turbio

Interesados en la continuidad de modelos que han sido beneficiosos para los trabajadores, cuatro sindicatos -ATE, APS, Luz y Fuerza y la Fraternidad-, la conducción de la Empresa Carboeléctrica y el estado provincial, se alinearon en una idea común sobre el tipo de empresa Carboeléctrica que quería


Para que este proyecto fuera posible, eran
necesarios acuerdos que implicaban una clara definición política y sindical
sobre la pretendida empresa para Río Turbio y la Cuenca Carbonífera.


Como resultado de los extensos trabajos
internos, la comisión jurídica creada por ATE, en el marco del IV Congreso
Nacional de los trabajadores del Carbón, llegó a una instancia de impacto
nacional, al plasmar la idea de configurar para la empresa carboeléctrica la
figura jurídica de "Sociedad del Estado”.


 


Para avanzar en la conformación de este
proyecto de ley, era necesario dotarlo de plena legitimidad en su elaboración y
garantizar que fuera el reflejo de la voluntad de los trabajadores. En este marco,
una de las Comisiones trabajó arduamente para consensuar, unificar
criterios y lograr un mandato soberano de la totalidad de los trabajadores. El
objetivo era alcanzar una figura jurídica adecuada que permita, además, igualar
beneficios pensando en primer lugar en los trabajadores. Ello,
seguramente se traducirá en un convenio colectivo de trabajo bajo esta nueva
figura, una vez sancionada la ley nacional.


 


 


La unión hace la fuerza


Luego de varios intentos, las partes
intervinientes, entiéndase por esto a los cuatro sindicatos (ATE, APS, Luz y
Fuerza y la Fraternidad) sus representados -los trabajadores-, la conducción
empresarial y el estado provincial, trabajaron sobre una idea común. Así, luego
de horas de trabajo, la definición se tradujo en "la creación de una empresa
carboeléctrica Sociedad del Estado”, que les brinde autonomía para
administrar todo el proceso de explotación: desde su extracción hasta
convertirlo en energía.


 


La experiencia nacional indica que las buenas
ideas y las buenas intenciones no llegan a un final feliz, si no están
debidamente analizadas, proyectadas y evaluadas hasta en el mínimo detalle, a
fin de garantizar el éxito del emprendimiento.


El proyecto de ley, no pretende ser
estatización más, bajo la figura de Sociedad anónima con participación
mayoritaria del Estado, que no garantiza ni la continuidad ni la autonomía
real.


Cabe destacar que hasta aquí, la empresa viene
trabajando como un organismo descentralizado. Desde la presidencia de
Néstor Kirchner que nada se ha logrado: la carboeléctrica ni siquiera es una
empresa del estado formalmente constituida, sino que se mantiene como un
organismo descentralizado, que si bien en lo práctico funciona como una empresa
del Estado, carece de personería jurídica.


Pese a ello, la empresa ha funcionado bien, y
de hecho, se podría seguir como hasta hoy.


Sin embargo, la urgencia en el pedido de
sanción de esta ley, responde a dos factores: una es la posibilidad de un
cambio de gobierno de otra línea política, lo que no garantiza que se siga
manejando como hasta ahora. Y, por otro lado, que ese cambio político se inicie
con modificaciones que sean desfavorables para los trabajadores de la mina. Ese
es el temor de muchos trabajadores y ante ello, la propuesta de ATE es la
personería jurídica como Sociedad del Estado.


 


 


El dueño del Carbón es la provincia


 


En el año 1994, en Argentina se llevó a cabo la
Reforma de la Constitución Nacional que, entre otros, modificó el artículo 124,
el cual versa en su contenido sustancial que los recursos naturales pasan a ser
dominio originario de las provincias. Esta modificación finalmente, permite a
las provincias adueñarse de las minas de Carbón, que hasta 1994 eran del Estado
Nacional.


Así las provincias pasaron a tener un
protagonismo especial al poder disponer de sus propios recursos naturales.


 


Desde el punto de vista político, se
presentaron muchas diferencias entre el estado nacional y el provincial. Sin
embargo los 4 sindicatos junto a los trabajadores, persiguieron la finalidad de
diseñar una propuesta que se constituyera en un mandato soberano, obteniendo un
firme respaldo no sólo desde la legalidad sino, fundamentalmente, desde
la legitimidad. Además el trabajo desarrollado desde el Congreso de los
trabajadores del Carbón, atravesó el proceso, sin dejar de lado a la provincia
y manteniendo plena armonía con el Estado nacional.


De esta forma, no sólo el encuadre legal fue
importante, sino también el trabajo de pensar el proyecto como una fuente de
trabajo que brinde seguridad y garantice la continuidad del emprendimiento en
poder del Estado, pero que impida su eventual privatización; al tiempo que
profundice el camino necesario para seguir desarrollando el emprendimiento.


La pretensión es, al mismo tiempo, que la
participación de los trabajadores sea activa y que se brinden las seguridades
jurídicas y normativas necesarias.


 


La propuesta


El proyecto de ley de la empresa carboelétrica
Sociedad del Estado, considera la ley Nº 20705, que reglamenta las sociedades
del Estado. La misma expresa que una vez constituida su figura jurídica como
tal, luego no se puede cambiar a una Sociedad Anónima con participación
mayoritaria del estado. Además, excluye la participación de grupos económicos
concentrados, o privados y finalmente hace que en la Sociedad de Estado, sea el
estado nacional, provincial y / o municipal quien/es integren la Sociedad.


Dicha figura legal, además permite que la
empresa sea unipersonal. La propuesta presentada, así lo plantea, y ubica a la
participación de la Provincia en la conducción, a través de la creación de un
directorio.


 


Concretamente, el pedido es que se sancione la
ley nacional a través de Congreso de la Nación. Y que sea promulgada por la
presidenta de la República. Por su parte la provincia debe adherir a la ley
nacional respetando el orden de prelación, que es la coherencia entre las leyes
de mayor jerarquía frente a otras de menor rango.


 


ATE, quien dio a luz el proyecto, junto a los 4
sindicatos, el Interventor -que tiene rango de Secretario de Estado de la
Nación- y la conducción empresarial están cohesionados y listos para esperar
los resultados.


La propuesta queda al pendiente del Congreso de
la Nación y de la voluntad política del ejecutivo nacional, en este caso, de
la presidente Cristina Fernández de Kirchner.


.


 


 


 

Fuente Patagonia Nexo
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