Gobierno desconoce al poder Judicial y pide inconstitucionalidad del aumento a judiciales

La Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz, realizó una presentación en la Justicia pidiendo la "nulidad e ilegitimidad” del régimen salarial acordado con el gremio judiciales. La semana pasada se había acordado un aumento, que ahora el gobierno quiere impedir mediante la presentación.


El fiscal de Estado de la provincia de
Santa Cruz, Fernando Tanarro, presentó sobre fin de la semana pasada una
"acción de inconstitucionalidad, nulidad e ilegitimidad” del régimen salarial aplicado
por el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ). Consigna en su edición del día de hoy La Opinión Austral.



El matutino refirió que: La presentación llevada a cabo ante la
Justicia por parte de la Fiscalía de Estado explica que "surge del acuerdo
instrumentado en el Acta 31/09 que nos encontramos con un compromiso de aplicar
aumentos porcentuales al sueldo básico, pero supeditándolos a la existencia
presupuestaria necesaria para sostener la pauta salarial otorgada”.



Las partes en conflicto habían pactado "un
incremento salarial de un 10% conforme a la acordada de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Nº 7/16, a partir de enero de 2017 sobre el sueldo de la
escala vigente para el personal del Poder Judicial” provincial, pero desde la
Provincia sostiene que hubo un "apartamiento” a las leyes vigentes, ya que "se
otorga un aumento salarial sin que exista presupuesto para sostener la pauta
salarial que se determina, por lo que deviene en inconstitucional y nulo”.



En la acción se explica que para aplicar el
régimen salarial en ese organismo es necesario que "exista presupuesto para
sostener la pauta salarial que se determina” y advierte que sin el
financiamiento, se vuelve una acción "inconstitucional y nula”.



Intromisión



A todas luces queda claramente demostrado
que el Gobierno de la provincia se entromete en el Poder Judicial es claramente
una grave alteración del orden constitucional y los poderes del estado.



El Poder Judicial debe ser independiente y
en este punto los jueces no gobiernan ni deben gobernar.


La función judicial es dictar sentencias,
es poner límites, es proteger a los ciudadanos cuestión que
desde el estado santacruceño parece desconocerse. (Fuente: LOA -El Diario Nuevo Día)

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