Corrupción en Santa Cruz

Se trata de la denuncia que realizó el actual ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, contra la ex secretaria de Teodoro Camino en la gestión de Alicia Kirchner. Por ahora está detenido el conductor de una camioneta y esperan que también se libere la órden contra Romina Silva.

Ayer se realizaron allanamientos por una causa por presunto contrabando de autopartes con dinero del Estado y según el ministro de Trabajo del gobierno de Santa Cruz, hay involucrados funcionarios de la gestión anterior. Un escándalo.

Lázaro Báez desistió del pedido de continuar su prisión domiciliaria en la provincia de Santa Cruz en la causa por la llamada "ruta del dinero K" en la que está condenado a 10 años prisión.

El fiscal de la causa ratificó que en los gobiernos K "funcionó una asociación ilícita" y pidió 12 años de cárcel para Cristina Kirchner. La diputada radical dijo que la sociedad argentina necesita penas efectivas y recuperar lo robado.

En la causa abierta por los supuestos delitos cometidos, entre 2003 y 2015, en la asignación de la obra pública nacional en Santa Cruz, el Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto una condena a seis años de prisión. La defensa sostiene que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera "arbitraria".

El fiscal Mario Villar a cargo de la causa contra Cristina Kirchner por las obras públicas de Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz prepara un pedido para agravar su condena de 6 años de prisión por corrupción a los 12 años.

Lázaro Báez quiere volver a Santa Cruz luego de su paso por la cárcel de Ezeiza y la prisión domiciliaria en una casa de la provincia de Buenos Aires.

La nueva gestión provincial asumió el pasado diciembre con muchas afirmaciones de negociados y kioskos desde el estado con empresarios locales y regionales, pero a un día de cumplir sus primeros dos meses, realizó la primera denuncia penal por corrupción y uno de los señalados es un kioskero de la ciudad, propietario de dos "24 horas"

El gobernador Claudio Vidal instruyó a la Fiscalía de Estado para que impulse las primeras dos denuncias penales. Una de ellas para que se investigue la administración y contratación por parte del Estado Provincial, de diferentes Cooperativas de Trabajo. La restante, para que se investigue la contratación de servicios para el acto de asunción del nuevo gobernador, el pasado 10 de diciembre. Sospechan sobreprecios y fraudes.