Ana María Ianni y Moira Lanesan Sancho figuran entre las firmantes de una iniciativa nacional que busca regular a las agencias de cobranza extrajudicial. El texto prohíbe contactos nocturnos, llamados al trabajo, comunicaciones con familiares y amenazas de embargos que no hayan sido ordenados por un juez.
El responsable de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) en Caleta Olivia, Gustavo Fernández, habló sobre la morosidad, las dificultades que atraviesan algunos usuarios para pagar las facturas y el procedimiento ante la falta de pago. También explicó las alternativas de refinanciación, la asistencia social y la posibilidad de regularizar conexiones clandestinas.
La provincia se posiciona como el séptimo distrito del país con mayor índice de incumplimiento en la franja femenina juvenil. A nivel nacional, el monto adeudado por las jóvenes en mora ronda el millón de pesos promedio. El impacto de los salarios informales, la brecha de género y la irrupción del crédito no bancario en el territorio santacruceño.
Santa Cruz registra una tasa de morosidad del 20,6% sobre el crédito de las familias, una de las más altas de Argentina, y el segundo mayor monto promedio de deuda en situación irregular. El deterioro forma parte de un fenómeno nacional que se aceleró desde fines de 2024, mientras Nación descarta una intervención directa y la Provincia implementó un programa propio de refinanciación.
El sobreendeudamiento con bancos, financieras, tarjetas y billeteras virtuales genera cada vez más consultas de consumidores en Santa Cruz. La clave es distinguir entre un embargo ordenado por un juez, un débito automático autorizado y una retención que el consumidor no reconoce, porque cada situación tiene reglas y mecanismos de reclamo diferentes.
La Anónima cerró su último ejercicio con un fuerte deterioro en su negocio financiero. La división de Tarjetas del Mar registró una pérdida operativa de $41.151 millones y multiplicó los cargos por créditos incobrables, en un contexto de mayor morosidad en el crédito a los hogares.
Un proyecto presentado en el Congreso propone crear un régimen obligatorio para personas con deudas de consumo contraídas con bancos, billeteras virtuales, fintech y otros prestamistas. La iniciativa plantea refinanciaciones de hasta 36 cuotas, eliminación de intereses punitorios, un período inicial sin pagos y protección frente a determinadas acciones de cobro. Todavía debe ser debatida y aprobada para entrar en vigencia en Argentina.
El Presidente habló ante unas 900 personas durante un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario. Cuestionó las críticas por el aumento de la morosidad, apuntó contra sus adversarios políticos y volvió a defender su programa económico.
Un informe de Analytica detalló las personas con deudas en todo el país y por provincias. Las provincias del norte concentran los mayores niveles de incumplimiento.
La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer y alcanzó el 8,8% en noviembre. El dato surge del último informe del Banco Central y representa el nivel más alto desde 2010. El incremento se explica principalmente por los créditos al consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo.
Según datos del Banco Central correspondientes al mes de mayo, aumentó la morosidad en el pago de créditos destinados al consumo en todo el país. El índice de irregularidad alcanzó el 4,9% en tarjetas de crédito, afectando a miles de familias argentinas.