ley de glaciares

Organizaciones socioambientales de toda Argentina alzaron su voz contra el decreto presidencial que pretende modificar la Ley 26.639 y permitir la destrucción de glaciares menores a una hectárea. Denuncian que se trata de un intento inconstitucional que pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas y privilegia los intereses de las corporaciones mineras e hidrocarburíferas.

El Concejo Deliberante de El Calafate expresó su rechazo a una eventual modificación de la Ley Nacional de Glaciares, oponiéndose a cualquier intento del Ejecutivo Nacional de alterar la normativa vigente que protege a los cuerpos de hielo y a su zona próxima.

Greenpeace Argentina expresó su rechazo ante un nuevo intento de modificar la Ley de Glaciares, advirtiendo que la medida pondría en riesgo zonas protegidas y reservas clave de agua dulce. La organización lanzó una campaña nacional para defender estos ecosistemas.

Es el cálculo realizado por el IANIGLA estimado en las últimas dos décadas. Este cuerpo de hielo ubicado cerca de El Chaltén es constantemente monitoreado en el programa del Inventario Nacional de Glaciares. El mes pasado se realizó un nuevo relevamiento, a cargo de guías de montaña locales capacitados por el IANIGLA.

Sofía Nemenmann, Co-directora de la Asociación de Abogados Ambientalistas, advirtió en Radio Nuevo Día que el gobierno nacional evalúa modificar la Ley de Glaciares por decreto. Consideró que se trata de una medida "inconstitucional" que pone en riesgo las fuentes de agua dulce y habilita la minería en zonas protegidas.

La Asociación de Guías de Turismo de Santa Cruz manifestó su rechazo a la posible modificación por decreto de la Ley de Glaciares. Advierten que la medida implicaría un retroceso ambiental y permitiría la explotación minera en zonas protegidas. Difundieron una serie de piezas gráficas bajo la consigna "La ley no se toca".

El Gobierno nacional avanza con un decreto que modifica la reglamentación de la Ley de Glaciares (26.639), reduciendo las áreas protegidas en zonas periglaciares. La medida incluye nuevos criterios de superficie, antigüedad y valor hídrico para mantener resguardadas esas áreas y se presenta como una forma de dar "seguridad jurídica" a inversiones mineras e industriales. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y la ONU advierten sobre los riesgos que esto implica para la conservación del agua y la biodiversidad.

En un comunicado denunciaron la influencia de las multinacionales mineras sobre los representantes provinciales con responsabilidad en el Congreso. Mañana se votará el articulado de la ley ómnibus, que incluye la explotación a zonas glaciares prohibidas.