Justicia de Santa Cruz

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de prisión contra Bruno Román Oyarzo Cortez, un joven santacruceño detenido en diciembre de 2023 en el aeropuerto de Córdoba con 76 dosis de la droga sintética "5E-NBOH" -conocida como "La Bomba"- ocultas en su equipaje

El juez de Instrucción de El Calafate, Alberto Albarracín, dispuso que las más de 50 personas que ocupan la ex cancha de fútbol de El Chaltén -conocida como "asentamiento 23 de abril"- deberán desalojar el lugar antes del 30 de abril de 2026, cuando se cumplan cuatro años de la toma.

El Juzgado de Instrucción de El Calafate ordenó el desalojo de una familia de El Chaltén que ocupaba un terreno fiscal donde se encuentran instalaciones del servicio de agua potable. La medida, firmada por el juez Alberto Albarracín, incluye la posibilidad de utilizar fuerza policial y la intervención del Grupo de Negociaciones.

El miércoles 19 de noviembre de 2025, el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz dispuso la reincorporación inmediata del vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ), Fernando Basanta, tras su absolución en el juicio político que se le seguía. La decisión eleva el levantamiento de su suspensión preventiva y ordena también el reintegro al cargo que ejercía en el Consejo, luego de que la Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz considerara que no había elementos suficientes para justificar su remoción.

El Poder Judicial de Santa Cruz informó que este lunes 17 de noviembre de 2025 se suspenderán todos los plazos procesales en la provincia debido al alerta naranja por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. La medida se adoptó siguiendo las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencias y busca proteger a trabajadores judiciales y usuarios. Además, se ordenó garantizar guardias mínimas para asegurar la prestación esencial del servicio de justicia.

La sesión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Cruz no pudo realizarse por falta de quórum, ya que solo estuvieron presentes nueve legisladores. Estaba en el orden del día el tratamiento del proyecto de ley que propone la restitución del Dr. Eduardo Sosa como Procurador General, una medida que el Gobierno provincial calificó como un gesto de reparación histórica.

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz resolvió intimar al vocal Daniel Mauricio Mariani a que cese de forma inmediata y se abstenga de ejercer la presidencia del cuerpo, cargo que fue revocado a comienzos de octubre por resolución, firmada por la presidenta René Guadalupe Fernández y los vocales Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta, sostiene que el accionar de Mariani configura "una situación de extrema gravedad institucional" y vulnera la seguridad jurídica y el funcionamiento del máximo órgano judicial de la provincia.

El detenido, identificado como R.M., tenía un pedido de paradero vigente emitido por la justicia de El Calafate y fue interceptado durante un control en la Ruta Nacional 14, en Bella Vista.

Renée Fernández, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, fue designada vocal del máximo tribunal el 29 de diciembre de 2017. Antes de su llegada al Poder Judicial, se desempeñó como apoderada del Frente para la Victoria Santacruceña. Su carrera estuvo marcada por decisiones judiciales controvertidas, denuncias gremiales y un fuerte vínculo con el kirchnerismo provincial.

El vocal se encontraba de licencia médica hasta que la levantó para validar el ingreso de los nuevos miembros del TSJ. ¿Por qué todo loa actuado es nulo? Cronología de los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz notificó oficialmente al Poder Legislativo provincial sobre una acción judicial impulsada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales "3 de Julio", que busca declarar la inconstitucionalidad de medidas adoptadas en el ámbito del Poder Judicial. La resolución fue firmada por las máximas autoridades del TSJ y se tramita con habilitación de días y horas inhábiles, reflejando la tensión creciente entre el gremio y los poderes del Estado.

El juez Daniel Mariani fue removido de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y respondió con duras acusaciones contra cuatro vocales, a quienes acusó de actuar "en el marco de la ilegalidad" y de consumar un "golpe de Estado palaciego". El conflicto expone la fractura interna en el máximo órgano judicial, en medio de denuncias cruzadas, cuestionamientos a designaciones y una crisis institucional sin precedentes.

El abogado constitucionalista Carlos Lombardi analizó en diálogo con "Fuera de Contexto" por Radio Nuevo Día la crisis institucional que atraviesa Santa Cruz tras la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y la controvertida designación de nuevos vocales en el Tribunal Superior de Justicia. Sostuvo que existen alternativas jurídicas y políticas para resolver el conflicto, pero advirtió que, de persistir la falta de acuerdos, "el conflicto entre poderes podría habilitar una intervención federal".

La Cámara de Diputados de Santa Cruz fue convocada a una sesión extraordinaria secreta para este martes 7 de octubre a las 7:00 horas, con el objetivo de tratar dos ternas de profesionales propuestos para ocupar cargos de vocales en el Tribunal Superior de Justicia. La convocatoria, emitida por la Presidencia del cuerpo a solicitud del bloque Por Santa Cruz, busca cumplir con lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de la Legislatura.

El Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley, que se tratará hoy, el cual propone modificar la Ley 1600 -Orgánica de la Justicia- para restituir la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia, cargo del que fuera removido el doctor Eduardo Sosa en los años noventa. La medida, señala, busca cumplir con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaron su restitución, devolver jerarquía institucional al Ministerio Público y reparar un prolongado incumplimiento constitucional.

A través del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina ha manifestado su profunda preocupación ante el Proyecto de Ley Nro. 561, enviado a la legislatura por el Ejecutivo.

El partido Encuentro Ciudadano expresó su respaldo al proyecto de ley que busca restituir al Dr. Eduardo Sosa como Procurador General de Justicia de Santa Cruz, cargo del que fue removido en 1995 durante la gestión de Néstor Kirchner. Su presidente, Gabriel "Faty" Oliva, afirmó que la medida "cerrará una herida de la democracia" y permitirá recuperar la independencia del Poder Judicial en la provincia.

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Santa Cruz emitió un comunicado "en defensa de la independencia judicial y la autonomía institucional", rechazando la propuesta de reposición del Dr. Eduardo Sosa como Procurador General del Tribunal Superior de Justicia. Los fiscales sostienen que la iniciativa representa "un riesgo institucional significativo" y exhortan a la Legislatura provincial a actuar con responsabilidad.

El ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, reafirmó el compromiso del gobernador Claudio Vidal con la independencia del Poder Judicial y destacó que desde el inicio de su gestión "uno de los objetivos fue claro, cambiar la justicia de Santa Cruz, terminar con la manipulación política y devolverles dignidad a las instituciones".

El diputado provincial Pedro Muñoz celebró el proyecto impulsado por el gobernador Claudio Vidal para restituir a Eduardo Sosa como Procurador General, cargo del que fue desplazado en 1995. En un extenso posteo en redes sociales, calificó la medida como "una deuda institucional histórica" y responsabilizó al kirchnerismo por tres décadas de incumplimiento de fallos de la Corte Suprema y por haber utilizado la justicia como herramienta política.

El próximo 7 de octubre comenzará en la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos el juicio contra C.E.P., acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra dos menores de edad, familiares suyos al momento de los hechos. A una década de la denuncia, las víctimas y sus familias esperan justicia en un proceso clave para la provincia de Santa Cruz.