Cámara de Diputados: los legisladores con más patrimonio y los que no entregaron sus declaraciones juradas
Los diputados nacionales deben detallar sus bienes al ingresar y, luego, actualizar esa presentación todos los años ante la Oficina Anticorrupción (OA). El Diputado por SER figura en el listado sin haber cumplido con su obligación. Por su parte Máximo Kirchner declaró un patrimonio de $400 millones en 2020.
La información surge del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre las declaraciones juradas (DDJJ) patrimoniales de los 257 integrantes de la Cámara de Diputados. Los legisladores deben detallar sus bienes al ingresar y, luego, actualizar esa presentación todos los años ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Sin embargo, estas declaraciones consignan los inmuebles a valor fiscal, como indica la ley, una cifra que está varias veces por debajo de la de mercado. En la práctica, esto distorsiona el verdadero patrimonio que los representantes informan a la ciudadanía.
La OA no controla el detalle de lo consignado en las declaraciones juradas de los legisladores, excepto que haya una denuncia puntual, ya que sólo tiene atribuciones para realizar esa tarea con los miembros del Poder Ejecutivo.
Es la propia Cámara baja la que debe hacer ese seguimiento, y exigirles la presentación a los integrantes del cuerpo que no lo hacen.
A diferencia del Senado, donde el incumplimiento fue de unos pocos, hay 24 diputados que -al cierre de esta nota- no habían presentado su declaración jurada actualizada ante la OA, por lo que la información sobre sus bienes no está disponible en el sitio web del organismo. La fecha límite para la entrega de esta documentación venció el pasado 25 de enero.
Accediendo al informe de Infobae, se observa que el Diputado de SER, Claudio Vidal, no cuenta con los datos acerca de su declaración jurada.
Misma situación ocurre para los legisladores: Yutrovic, Carolina de Tierra del Fuego, Zabala Chacur, Natalia de San Luis y Zanglá, María José de la misma provincia.
El heredero de los Kirchner
Hijo de un matrimonio político con casi cuatro décadas en cargos públicos, Máximo Kirchner se consolidó como uno de los diputados más ricos del Congreso. Declaró un patrimonio de $400 millones en 2020, una cifra anclada en la herencia de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner.
Los activos del diputado nacional crecieron un 37% en comparación con el año anterior principalmente por la diferencia de valuación de sus plazos fijos en dólares. Su crecimiento patrimonial, sin embargo, es mínimo si se tiene en cuenta que la inflación acumulada del mismo período fue del 36% anual.
El jefe del bloque kirchnerista en Diputados declaró ante la Oficina Anticorrupción una herencia de USD 2.848.072 repartidos en dos plazos fijos en el país, el mismo monto que repite de manera invariable en los últimos años. Esos plazos fijos en dólares representaron, según la cotización oficial al cierre del 2020, una equivalencia de $239 millones.
Por mantener esos depósitos en moneda extranjera, Máximo Kirchner incrementó su patrimonio en $69 millones durante 2020 por la devaluación del peso. Sólo con esos depósitos bancarios, el diputado superó el piso de los $200 millones que impuso el Frente de Todos para aprobar el impuesto extraordinario a la riqueza en el Congreso, que el propio legislador votó y pagó.
El diputado detalló que percibe “derechos reales”, es decir, dinero heredado por un total de $12,8 millones. También informó dos vehículos que valuó en $1,2 millones, aunque no detalló la marca ni el modelo de los mismos.
Al patrimonio de Máximo Kirchner hay que agregarle 27 propiedades, la gran mayoría también como parte de la herencia de su padre y de una donación realizada por su madre tanto para él, como para su hermana, Florencia Kirchner. Cristina Kirchner les entregó a sus hijos todos sus bienes en 2016 para evitar embargos cuando comenzaron a multiplicarse las causas por presunta corrupción en su contra.
Las propiedades declaradas por Máximo Kirchner sumaron $122,5 millones en 2020 -a valores fiscales-, casi todas ubicadas en la provincia de Santa Cruz. El hijo de la vicepresidenta informó ser dueño del 100% de una casa en Río Gallegos y de un lote en Calafate, y del 50% -junto con su hermana- de otras cinco casas, diez departamentos en esa capital provincial, más otros dos departamentos en Capital Federal, tres locales y cinco terrenos en Calafate.
El legislador declaró tener participación accionaria en las sociedades familiares por las que está procesado y a la espera del juicio oral por presunto lavado de dinero. Informó acciones en Hotesur SA -la sociedad dueña del hotel Alto Calafate- por $10,1 millones y otra inversión en Los Sauces SA de $6,6 millones más un crédito para cobrar de esa firma por $1,1 millones.
Plazos
El plazo para la presentación venció a los 30 días hábiles de la asunción, el 25 de enero último. Desde la OA confirmaron a este medio que el jueves habían cargado en el sitio web del organismo el último lote recibido, y no había más pendientes de publicación al cierre de esta nota.
De la bancada de Juntos tampoco están disponible las declaraciones juradas de Lisandro Nieri (Mendoza), Gabriel Chumpitaz (Santa Fe), Germana Figueroa (Santa Fe), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Karina Bachey (San Luis) y Francisco Monti (Catamarca).
Entre los incumplidores del Frente de Todos, figuran Natalia Zaracho (Buenos Aires), Dante Lopez Rodriguez (Catamarca), Gabriela Pedrali (La Rioja), Pamela Calletti (Salta), Leila Chaher (Jujuy), María Chomiak (Chaco), Anahí Costa (Catamarca), Gustavo González (Santa Cruz), Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego), Natalia Zabala (San Luis).
Otros 5 diputados que ingresaron en 2019 adeudan las declaraciones juradas anuales del 2020, cuyo plazo venció en agosto pasado. Se trata de Carolina Moisés (FdT-Jujuy) y Sergio Guillermo Casas (FdT-La Rioja), cuya última presentación corresponde al 2018; y de Carlos Ponce (FdT-San Luis); Gerardo Cipolini (Juntos-Chaco), y Adriana Ruarte (Juntos-Córdoba), de quienes la última DDJJ disponible es la del 2019. “Evidentemente no les cursan intimaciones desde la propia Cámara baja”, admitió una fuente de la Oficina Anticorrupción.
¿Cómo se procesó la información?
El Congreso de la Nación dispone de un portal de datos abiertos, pero las declaraciones juradas de los legisladores no se encuentran en ese formato online. Para acceder a las mismas, la Unidad de Datos las buscó en el sitio de la Oficina Anticorrupción, recurso que no permite la descarga masiva por lo que hubo que buscar por año y por diputado nacional, para descargar en cada caso el correspondiente documento en PDF.
Se usó la herramienta Tabula para la apertura de datos y llevarlos a tablas que permitieran su procesamiento. (Infobae)