Comenzó el primer juicio por trata de personas en Santa Cruz

*Por Romina Behrens.-
El Tribunal Oral Federal compuesto por su presidente, doctor Jorge Chávez, y los doctores Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi, dio inicio hoy a las audiencias del juicio oral y público por trata de personas con fines de explotación sexual. La Fiscal subrogante es la doctora Patricia Kloster y a cargo de la defensa de los imputados se encuentran las doctoras Ana Pompo y Leticia Diez.
La causa tiene cuatro imputados: Celio Cándido Barrionuevo, Mercedes Isabel Valerio, Verónica Ruth Arenas y Ramón Ernesto Fortuño Garúz. Los dos primeros están detenidos en las unidades penitenciarias de Misiones y La Pampa respectivamente. Arenas se encuentra prófuga de la justicia y Fortuño vive en libertad en la localidad chubutenes de Puerto Madryn.
Según la lectura de la requisitoria de la elevación a juicio, la historia comenzó cuando Mercedes Isabel Valerio, empleada de confianza de Barrionuevo, le ofrece a su sobrina Cristina Isabel Velázquez trabajar de moza en el sur por una suma de cinco mil pesos mensuales. Velázquez, que solo ganaba ochocientos pesos mensuales por cuidar ancianos, aceptó el trabajo y dejó a sus dos hijos al cuidado de su madre. El 19 de enero del 2010 fue trasladada en una tráfic blanca donde también viajaba Laura Domínguez junto a sus dos hijos menores de edad.
Cerca de tres mil kilómetros, desde San José hasta Caleta Olivia, fue la distancia que las separaba de sus lugares de orígenes cuando se enteraron, a pocas horas de llegar, del engaño del que fueron víctimas. En el caso de Domínguez, si bien sabía que en ese lugar se ejercía la prostitución, Valerio le aclaró que cada una decidía si quería ejercer o no la prostitución. Una vez allí, ambas fueron obligadas a prostituirse para saldar una deuda que habrían generado con el propio proxeneta por el viaje, la comida y el hospedaje.
Tanto a Laura Domínguez como a Cristina Velázquez les informaron que cada copa valía sesenta pesos de los cuales diez eran para el dueño y el resto se lo quedaban ellas. Sin embargo, Velázquez quien se negó a vender sexo, hizo cuatro copas y solo obtuvo veinte pesos de paga. Sus explotadores le dijeron que ella estaba en deuda y por eso le retenían el dinero. En cambio, Laura Domínguez dejó de resistirse porque consideró necesario juntar dinero para poder volver a Misiones con sus dos hijos que residían con ella en Caleta Olivia.
El cuarto imputado, Ramón Ernesto Fortuño Garuz, fue un empleado del prostíbulo que hacía de campana cada vez que la policía aparecía por el lugar. Él apretaba un botón que encendía una luz roja al interior del local y daba aviso para que las mujeres extranjeras y las menores de edad se escondieran en los departamentos del fondo del local. De esta manera, aparentaban estar en regla bajo la pantalla de whiskería. Un grupo de las mujeres no debían esconderse ya que Barrionuevo las había contratado como alternadoras del local habilitado legalmente por la Municipalidad de Caleta Olivia.
La familia de Cristina Velázquez no supo nada de lo que ocurría hasta que la propia víctima logró conversar a solas con su hermana, Norma Beatriz Velázquez, y le contó que dormía de día y por la noche la vestían, la maquillaban y la obligaban a venderse a los hombres en un prostíbulo que se llamaba “Le Clab”. Les habían quitado los documentos para tramitarles la libreta sanitaria y las obligaban a prostituirse incluso cuando se encontraban en su período de menstruación. Fue ahí cuando Norma Velázquez denunció los delitos contra su hermana.
Así fue como el 25 de febrero de 2010, la Gendarmería Nacional a cargo del operativo encontró tres mujeres encerradas en un departamento del fondo del prostíbulo. Estas mujeres eran Cristina Velázquez, Carolina Acosta y una mujer de origen dominicana. Laura Domínguez ya no estaba porque había sido trasladada a Río Cuarto cuando sus proxenetas hallaron un mensaje de texto de su padre avisando que haría la denuncia en Misiones.
Con ellas también vivía la menor de edad Z.V., prima de Cristina Velázquez e hija de Mercedes Valerio, a quien su madre trajo desde San José. Z.V. no quiso declarar que era prostituida en “Le Clab” como tampoco quiso hacer explícita su edad. Las testigos que declararon en representación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que en su momento tomaron entrevistas a las víctimas rescatadas, expresaron que les parecía que Z.V. pretendía proteger a su madre aunque finalmente aportó datos en la causa sobre cuatro prostíbulos que operaban en red desde San José de Misiones, Río Cuarto de Córdoba y Caleta Olivia de Santa Cruz. En uno de los prostíbulos de Río Cuarto encontraron a Laura Domínguez.
La fiscalía acusa a Barrionuevo de ser el autor del delito de trata de personas, enmarcados en la Ley N° 26.364, concretamente los artículos 145 bis inciso 2 y 145 ter inciso 1 y 3 del Código Penal, agravado toda vez que resulta ser el dueño de la whiskería “Le Clab” que él mismo alquilaba a su nombre e inscribiera a Cristina Isabel Velázquez y a Laura Domínguez como alternadoras. Ellas fueron captadas mediante engaños para ser trasladadas a Caleta Olivia, amenazadas, encerradas, violentadas verbal, física y sexualmente y obligadas a prostituirse para pagar una supuesta deuda con su proxeneta.
Por el mismo delito, Verónica Ruth Arenas y Mercedes Isabel Valerio son imputadas en la causa como co-autoras y Ramón Ernesto Fortuño Garúz como partícipe necesario. Durante las pericias se comprobó que Barrionuevo y Arenas frecuentaban Río Cuarto de Córdoba para captar mujeres con fines de explotación sexual, que Valerio engañaba a las mujeres y las maltrataba una vez en el lugar y Fortuño era portero, tenía contactos directos con los clientes del prostíbulo y hacía de campana cuando llegaba la policía.
Durante la jornada de mañana se continuará con la lectura de los alegatos. Si bien este es el primer juicio que se realiza en Santa Cruz, cabe destacar que desde el 2008 se rescataron más de 70 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en toda la provincia.