"Hoy el interventor de la CSS está decidiendo quién tiene derecho a la salud y quién no"
Así lo manifestó Cristian Arel, abogado del SOEM de Río Gallegos, en comunicación con Radio Nuevo Día. Señaló que los trabajadores a los que no les reciben la solicitud de afiliación a la Obra Social pueden iniciar intimaciones y acciones judiciales.
En compañía de Pedro Mansilla, secretario General del SOEM de Río Gallegos, el abogado sindical Cristian Arel, visitó lso estudios de Radio Nuevo Día.
EN primer término, se refirió a los despidos del SIPEM donde voces del municipio manifestaron que esto se debía al mal desempeño de los agentes. "No tenemos apercibimientos, o algo que diga que los trabajadores no cumplían. Hay rumores que obviamente no son hechos concretos, de que habrían informes de la gestión anterior que fue criticada y gestionada para la actual. Para todas las cosas la gestión anterior no anduvo y con esta aparentemente si”, manifestó.
“Estaría bueno que por la vía del diálogo se ´pueda analizar caso por caso con la participación del sindicato, para brindar el derecho a defensa que todo trabajador merece", agregó el abogado y dijo que la decisión ha sido arbitraria.
La CSS y la falta del derecho a la salud
Sobre el conflicto con la CSS que manifestó que no afiliarán nuevos trabajadores hasta que el municipio de Río Gallegos pague su deuda, el letrado también brindó sus apreciaciones.
"Tenemos como pilar dentro de las leyes la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Dentro de este derecho primordial está la salud y la vida. Nosotros fuimos a plantear ese derecho de cada trabajador, pero lo más grave es que a cada trabajador que no se afilia le están descontando el aporte", manifestó.
Indicó que hay perjuicio económico y no se cumple el derecho a la salud. "EL interventor de la
CSS está decidiendo quine tiene derecho a la salud y quien no, quien tiene derecho a vivir y quien no. Le hicimos ver que se está violando el derecho a la salud. Los tiene que afiliar", expresó y dijo que se pueden realizar intimaciones y posteriormente realizar acciones judiciales por la violación del derecho a la salud.